En el conversatorio “Voces por la defensa del agua”, expertos en leyes y defensores de derechos humanos expusieron sobre la cooptación del Estado y sus estrategias para despojar del vital líquido a las comunidades.
Por Norma Sancir
San Pedro la Laguna, Sololá, fue sede de la II Cumbre Plurinacional Libertad para el Agua, encuentro que contó con la participación de autoridades indígenas, comunitarias, mujeres y hombres de los pueblos Maya, Xinka, Garífuna y mestizo, que compartieron sus problemáticas y las acciones que realizan en sus comunidades para proteger el agua.
En el marco del Día Mundial del Agua, más de 300 personas de distintas comunidades del país, se encontraron para intercambiar criterios para la protección de los ríos, nacimientos, lagos, lagunas y océanos, afectados por las empresas mineras, los monocultivos, las hidroeléctricas y la expansión urbana; además de minimizar los impactos en la población, en la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el aumento de la precarización de la vida.
Abelino Chub Caal, miembro de la Asociación Maíz, informó que esta iniciativa surgió en 2021, por lo que este 2023 se pensó en integrar una comisión por la libertad para el agua, integrada por las y los participantes de los territorios, bajo el lema “permanecer en el territorio para vivir con dignidad”.
A decir de Chub Caal “en esta segunda cumbre venimos de los 4 territorios, de los 4 puntos cardinales; las organizaciones nos sumamos a esta cumbre para afrontar el contexto de la criminalización, el despojo de los territorios y el proceso electoral”.
El colectivo Tz’unun Ya’ y grupos de mujeres que limpian el lago fueron anfitrionas de las delegaciones provenientes de todo el país. Andrea Roche, maya Tzutujil, guía espiritual, dijo que el agua es importante para la vida de las mujeres, de manera espiritual y material, porque estamos conectadas a la madre tierra “si la abuela lago está sana, estaremos sanas como mujeres en la vida diaria”, señaló.
Durante los dos días de la cumbre se realizaron actividades artísticas, teatrales, musicales y espirituales, desde la cosmovisión maya y conversatorios entre comunidades. En el norte, las Verapaces afectadas por los desalojos y el despojo de sus tierras, los monocultivos, como la palma africana y el desvío del río Cahabón para las hidroeléctricas; el nororiente compartió como han mantenido la resistencia contra la minería, en El Estor, Izabal; Olopa, Chiquimula, y Asunción Mita, Jutiapa.
Según el Observatorio de Industrias Extractivas, hay 683 solicitudes de licencias de exploración y explotación, en el Ministerio de Energía y Minas, mientras en el occidente las comunidades continúan siendo amenazadas por la instalación de hidroeléctricas y un mega Colector en el Lago de Atitlán; en la costa sur, representantes de Champerico, Monterrico y Taxisco, expusieron los efectos que padecen por el desvío de los ríos por parte de empresarios azucareros, pozos secos, la pérdida de árboles frutales y de plantas medicinales.
El pueblo Poqomam, del municipio de Chinautla, a 10 kilómetros del centro histórico de la ciudad de Guatemala, expuso como la expansión urbana sin un plan, afectó a tres ríos con los que conviven: Las Vacas, Saljá y el Borbolló, donde había peces para el consumo humano, pero actualmente están contaminados por los drenajes y el basurero de la zona 3 capitalina.
Vecinos de zonas urbanas compartieron la escasez del agua en las colonias capitalinas. Diego Padilla, investigador de la Universidad Rafael Landívar, compartió el caso de Canalitos, de la zona 24, donde la población afectada por la falta de agua, detectó a una empresa que extraía agua sin permiso, para condominios de la zona 16. La Asamblea Social y Popular (ASP) expuso que las empresas embotelladoras de agua perforan pozos para su comercialización. Según datos de esta agrupación, en 2016, durante la marcha por el agua, se redactaron 13 principios rectores sobre el uso del agua.
David Paredes, de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag), dijo que actualmente hay 17 iniciativas de ley de agua en el Congreso de la República. En su criterio, es importante rescatar los ríos y nacimientos de agua, para proteger la biodiversidad, las semillas nativas y la soberanía alimentaria.
La criminalización fue un tema abordado en el conversatorio “Voces por la defensa del agua”, en el que expertos en leyes y defensores de derechos humanos expusieron sobre la cooptación del Estado y sus estrategias para despojar del vital líquido a las comunidades.
La abogada Carmela Curup, del Bufete de Pueblos Indígenas, dijo que hay 1 mil 200 órdenes de captura en Alta Verapaz, en contra de defensores y defensoras, en tanto que Bernardo Caal, defensor del agua y el territorio maya Q’eqchi’, se refirió a los cuatro años que estuvo en prisión por realizar manifestaciones pacíficas y presentar un amparo sobre el derecho a la consulta comunitaria y detener a una hidroeléctrica.
Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo que se aplica el derecho penal para criminalizar a los defensores y defensoras del territorio y compartió el caso del pueblo Ch’orti’, ya que mientras se llevaba a cabo esta cumbre también se realizaba una audiencia a cuatro personas, contra quienes el Ministerio Púbico pedía cárcel por el delito de detenciones ilegales, cuando en realidad defendían su territorio de una minera en Olopa, Chiquimula. El juez resolvió dejarlos en libertad porque no encontró pruebas contundentes en su contra.
La cumbre concluyó con una caminata y ofrenda en el Lago de Atitlán, llamado por las y los participantes como abuela lago y se leyó el pronunciamiento final, en el que reafirmaron el compromiso de las comunidades de seguir defendiendo el agua y declarar libertad para el agua.
