Los escenarios que se abren a partir del veto del binomio del MPL empeoran la salud de la democracia en Guatemala.
Por Édgar Gutiérrez
El 29 de diciembre de 1996 se acordó oficialmente el fin de las exclusiones políticas e ideológicas. El 2 de febrero de 2023 este acuerdo ha quedado derogado de hecho mediante instancias (la Contraloría de Cuentas y el Tribunal Electoral) sin estatura de Estado, pero manipuladas por los altos mandos del “Pacto de Corruptos”.
La exclusión del binomio del MLP -Thelma Cabrera y Jordán Rodas- sin base legal constituye un parteaguas que erosiona la legitimidad electoral. Es una consecuencia de la captura total de las instituciones de contrapeso y el anticipo de que el “Pacto” va tras la captura de la democracia.
En este hecho específico hay que detenerse en dos actores para medir la trascendencia de la exclusión política en la coyuntura electoral y los escenarios que abre.
El MLP es una de las cuatro fuerzas electorales con chances reales de disputar el poder Ejecutivo. Cabrera, dirigente indígena, reforzada por Rodas -ladino, urbano que mostró en 2022 aceptación entre las clases medias universitarias- habría tenido chances de entrar a segunda vuelta. El partido enarbola un programa contestatario al sistema que despierta temores entre grupos conservadores. Sus bases son indígenas y ladinos pobres extendidas y arraigadas en apreciables regiones del país; ningún otro partido posee esa fortaleza social, aunque no es automático que se traduzca en caudal político electoral.
El “Pacto” ha provocado un enorme daño al ordenamiento jurídico de la República. La gran corrupción de los últimos cuatro años ha deteriorado como nunca la gobernanza. El divorcio entre la población y el régimen no es reversible sin alterar esa gestión del Estado. Las fuerzas que dominan el “Pacto” son abrumadoramente redes políticas y económicas de corrupción y crimen. Apuntan a configurar un Estado mafioso. Ninguna economía sana puede prosperar en un régimen de tal naturaleza ni aspirar al prestigio internacional.
Por ahora se abren estos escenarios:
- El MLP responde a la exclusión con medidas legales que no prosperan en el sistema de justicia y aunque pudiese acudir al sistema interamericano y lograr resoluciones favorables, serían desconocidas localmente. Despliega capacidad de movilización popular que podría ganar simpatía entre organizaciones indígenas -que hasta ahora lo vieron a distancia- y universitarios en las principales zonas urbanas. Si el MLP compite para el Congreso podría ganar una representación nada despreciable. Si se abstiene y desconoce todo el proceso podría precipitar la crisis de legitimidad del sistema abriendo escenarios inéditos de polarización política desde la apertura democrática hace casi cuatro décadas.
- El “Pacto” se arropa entre los sectores empresariales y sociales más conservadores para legitimar la exclusión de un proyecto político “radical indígena” que constituye “una amenaza para el sistema” (como en Bolivia o Perú). Defiende la integridad del proceso mostrando que otras fuerzas progresistas moderadas (Winaq-URNG y Semilla) participan sin cortapisas. La convocatoria electoral, que no ha despertado entusiasmo en la ciudadanía, probablemente profundice la apatía con la exclusión del MLP y el abstencionismo podría sea el más elevado del periodo democrático, pues ningún otro partido logra atraer el voto de los excluidos. El abstencionismo favorece al “Pacto” que puede entonces poblar el Congreso en base al clientelismo fondeado por abundantes recursos públicos desviados y el financiamiento del crimen organizado.
En cualquiera de los dos escenarios la gobernabilidad democrática se precariza y las libertades civiles y políticas sufren una asfixia mayor. De la persecución a operadores de justicia, periodistas y activistas se podría escalar a la persecución política como en Nicaragua, sobre todo si las fuerzas intermedias quedan atrapadas por las reglas del “Pacto” y no adquieren iniciativa política.
