Por Isela Espinoza*
La defensa del territorio de la comunidad garífuna en Honduras se ha convertido en amenaza y persecución mientras esperan que el Gobierno cumpla con una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordena al Estado demarcar las tierras ancestrales.
El caso más reciente de intimidación es el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, del Comité de Defensa de Tierra de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, según denunció el pasado 28 de enero la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). El joven formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama. El 18 de julio de 2020, de ese mismo comité fueron víctimas de desaparición forzada cuatro jóvenes entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno.
En un comunicado, OFRANEH afirmó que las autoridades no han investigado las denuncias de amenaza de muerte contra líderes de la comunidad y tampoco cuentan con información sobre el paradero de los desaparecidos por lo que el asesinato de Montero forma parte de una estrategia para sembrar miedo y apropiarse de los territorios ancestrales.
Rio Gama se encuentra a inmediaciones del territorio recuperado Secundino Torres, propiedad comunal en la parte que se sobrepone a un área del Parque Nacional Punta Izopo. Según la OFRANEH, el año pasado señaló ante la policía y el Mecanismo de Protección, a esta zona y otras cuatro, de mayor riesgo y amenazas contra los defensores del territorio en las comunidades.
“Ante el desprecio a la vida de nuestro pueblo y la alta impunidad que impera en este país exigimos que el Estado asuma su deber jurídico y la debida diligencia para iniciar una investigación de este cobarde asesinato”, enfatizó la organización.
Larga espera
En 2015, la CorteIDH falló a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra el derecho a estas tierras. El fallo ordena al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad garantizando su ocupación. Pero continúan ocupadas por empresarios y grupos de poder que han desarrollado proyectos turísticos, expansión del cultivo de palma africana y construcción de viviendas privadas.
La OFRANEH denuncia que no tienen indicios sobre el cumplimiento de la sentencia. En octubre de 2022 durante una visita a Triunfo de la Cruz de la ministra de los Derechos Humanos, Natalie Roque, la población denunció el hostigamiento y amenazas de Playa Escondida, un complejo turístico que forma parte de uno de los lotes de tierra que la CorteIDH ordenó se les devuelva. Según la organización, este recinto “se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al Cementerio ancestral”.
*Con información de OFRANEH y la Secretaria Regional Latinoamericana UITA.
