Militares y expolicías acusados de graves violaciones a los derechos humanos buscan salir de la prisión, a menos de un año de haber sido enviados a juicio por las detenciones ilegales y desapariciones forzadas de opositores que aparecen en el Diario Militar. Esto podría ser una estrategia para entorpecer más el proceso, según los querellantes.
Por Regina Pérez
Durante enero se han realizado varias audiencias en las que cinco acusados del caso Diario Militar, que fueron enviados a juicio por el exjuez Miguel Ángel Gálvez, buscan salir de la prisión preventiva y recuperar su libertad con arresto domiciliario al pedir una revisión de medidas.
Este 31 de enero fue el turno del coronel Jacobo Esdrás Salán, quien fue parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2) y exasesor del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004). Salán fue enviado a juicio en mayo pasado junto a otros 8 militares retirados y expolicías, por delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y deberes contra la humanidad de opositores políticos entre los años 1983 y 1985.
Su abogado Eddy Herrera expuso que su defendido sufre quebrantos de salud y solicitó la presencia de dos médicos en la Sala para respaldar esos argumentos, sin embargo, los profesionales de la salud señalaron que no conocían el caso del acusado. Uno de ellos, Erni Leal Guerra, médico del Hospital Militar, afirmó que el archivo se lo entregaron este martes.
La defensa del coronel también hizo mención de una recomendación de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura para darle medida sustitutiva. Dicha Oficina está jugando un papel a favor de los acusados de graves violaciones a derechos humanos, según han dicho abogados del caso.
A la audiencia también acudió el expolicía Malfred Orlando Pérez Lorenzo, quien fue ligado a proceso por Gálvez en febrero de 2022 por los delitos de desaparición forzada y contra los deberes de la humanidad. Pérez Lorenzo ya había solicitado salir de prisión preventiva el 9 de enero de este año, pero el juez Juan Bautista, suplente del Juzgado de Mayor Riesgo B, denegó dicha petición.
La defensa de Pérez también dijo que hay que una recomendación de la Oficina para darle medidas sustitutivas a personas de la tercera edad.
Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), lamentó estas acciones de parte de los acusados que buscan impunidad en el proceso y dijo que esto atrasa aún más las fases que quedan pendientes. Además, calificó las acciones de los abogados de la defensa como un litigio malicioso para detener el caso y dejar a los sindicados en libertad.
Al cierre de esta nota, el juez Bautista aún no había resuelto si otorgaría las medidas sustitutivas a ambos sindicados
Acusados que ya pidieron la revisión de medidas
Estos son los acusados en el caso Diario Militar enviados a juicio y en etapa intermedia, que han solicitado la revisión de sus medidas.
Toribio Acevedo, exjefe de seguridad de Cementos Progreso. La jueza Claudette Domínguez le concedió arresto domiciliario el 28 de noviembre de 2022. Fue capturado en Panamá el 11 de mayo de 2022 y fue ligado a proceso por el juez Gálvez. Acevedo aún no ha sido enviado a juicio.
Enrique Cifuentes de la Cruz. Exsargento del Estado Mayor Presidencial, acusado de los delitos de desaparición forzada de al menos nueve personas, el asesinato del dirigente Silvio Matricardi y el asesinato en grado de tentativa del sindicalista Álvaro Sosa Ramos.
Malfred Orlando Pérez Lorenzo. Expolicía, solicitó su libertad el 9 de enero pero la petición fue rechazada. Nuevamente volvió a solicitar arresto domiciliario el 31 de enero. Según testimonios recogidos por la Fiscalía de Derechos Humanos, las víctimas lo identificaban como un criminal peligroso.
Rone René Lara. Detenido en mayo de 2021, el juez Gálvez lo envió a juicio en mayo de 2022. Lara solicitó arresto domiciliar a inicios de enero argumentando problemas de salud pero le fue denegada. Está acusado de los delitos de asesinato en grado de tentativa y contra los deberes de humanidad.
Sin fecha para el juicio
El documento conocido como Diario Militar o “Dossier de la Muerte” salió a la luz pública en 1999, dado a conocer por Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés). Es un documento que contiene fichas de personas que pertenecieron a la insurgencia y que fueron detenidas y desaparecidas por una estructura clandestina del Estado. Las primeras capturas de este caso se dieron en mayo de 2021.
En mayo de 2022, Miguel Ángel Gálvez, entonces titular del Juzgado de Mayor Riesgo B envió a juicio a 9 acusados en el Diario Militar. Sin embargo, Gálvez tuvo que abandonar este proceso porque tras dictar esta resolución fue amenazado por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo quien posteriormente presentó una denuncia en su contra.
La solicitud de antejuicio avanzó rápidamente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le dio trámite y en la Sala Segunda de Apelaciones, que analizaría el expediente, tras lo cual Gálvez tuvo que renunciar a su judicatura y salir del país en noviembre.
A pesar de este revés, querellantes opinan que la salida del juez Gálvez no ha afectado el proceso, ya que consideran que la investigación es sólida. “Considero que el caso es sólido y no nos preocupa que participe otro juez, estamos en la capacidad de darle seguimiento al caso” afirmó Farfán.
Actualmente todavía no hay fecha para el juicio, ya que hay un amparo en trámite en la Corte de Constitucionalidad (CC) luego de que una Sala resolviera un amparo a favor de Salán Sánchez, informaron abogados del caso. El amparo a favor del coronel retirado podría dejar en suspenso todo lo resuelto en la etapa intermedia por el juez Gálvez.
Amparo a favor de coronel Salán Sánchez podría evitar que vaya a juicio
*CON INFORMACIÓN DE JUAN ROSALES
