En este caso, tres mujeres Q’eqchi’ buscan justicia por los asesinatos de sus esposos y uno de sus hijos, cometidos por agentes de la PNC que realizaban desalojos y allanamientos en la zona de Chisec; una de las peritas en dijo que tanto las mujeres como la comunidad han sido víctimas de violencia racial, patriarcal y de clase, al ser tratadas como ciudadanas sin derechos.
Por Juan Calles
En la continuación del juicio contra 23 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la experta en pueblos indígenas Rachel Sieder presentó la mañana de este jueves las conclusiones de su peritaje, en las que detalló que los daños contra las mujeres de la comunidad Samococh tienen dimensiones graves por lo sufrido el día de los hechos, el retardo de la justicia y que aún no son resarcidas por los daños causados.
Elena Beb Atzing, Cristina Quej Quej de Chen y Zoila Caal Chun son las querellantes adhesivas en el este caso que se lleva contra agentes de la PNC. Dos de las tres mujeres Q´eqchi´ perdieron a sus esposos y una a su hijo, por balas de los policías.
Según la perita, de nacionalidad británica y profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en la Ciudad de México, las tres querellantes, en especial, pero toda la comunidad, en general, son víctimas de violencia racial, patriarcal y de clase al ser tratadas como ciudadanas sin derechos.
“El racismo estructural, traducido en la marginación y pobreza que define las condiciones de vida para la gran mayoría de pueblos indígenas en Guatemala, afecta de maneras particulares a las mujeres, quienes padecen adicionalmente de culturas patriarcales que impactan de manera negativa la posibilidad de realizar sus potencialidades, aspiraciones y expectativas”, dijo Sieder.
En otra parte de sus declaraciones expuso que las acciones de la PNC el día de los hechos contra las mujeres de Samococh fueron actos discriminatorios y racistas, “los policías se burlaban de ellas por no hablar bien el español, cuando sus familiares estaban muriendo frente a sus ojos”, señaló la perita.
Para Sieder, el daño sufrido por las tres querellantes y las mujeres de su comunidad se agravó cuando el sistema de justicia no respondió de forma pronta y cumplida frente al asesinato de sus familiares, “han pasado largos años de búsqueda de justicia, para que haya investigación debida, sanción para los culpables y resarcimiento”, indicó.
Nueve años de búsqueda de justicia
El 14 de agosto de 2014, un fuerte contingente de policías llegó a la comunidad Samococh, en Chisec, Alta Verapaz, para capturar a los dirigentes de esa comunidad, quienes eran señalados de dirigir la resistencia a los trabajos que la transnacional Energuate realizaba en el área.
El resultado de la incursión policial fue el fallecimiento de Sebastián Rax Caal, de 29; Luciano Can Cujub, de 40; y Óscar Chen Quej, de 22 años.
Las acciones iniciaron el 13 de agosto, la policía destruyó las viviendas de 50 familias de comunidades vecinas. El contingente policial montó un campamento en la comunidad Monte Olivo en un terreno privado y junto a trabajadores de los finqueros de la zona que apoyaron lo sucedido.
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Ejecuciones, represión y criminalización contra campesinos de Samococh, Alta Verapaz
El proceso legal en este caso puede ser largo, opinaron los profesionales del de la Asociación de Abogados Mayas, sin embargo, luego de esperar nueve años, se preparan para el inicio del juicio.
El proceso se sigue en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, presidido por la jueza Eva Recinos, en sustitución del exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien tuvo que salir al exilio, por no contar con las garantías para defenderse de una solicitud de antejuicio, presentada por la Fundación Contra el Terrorismo y que la Corte Suprema de Justicia aceptó.