Créditos: Jorge G. / Prensa Comunitaria
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Para el director de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, en Guatemala y la región Latinoamericana se hace uso del caso Odebrecht, como una revancha política contra el exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, por sectores que se vieron afectados por las investigaciones en Guatemala e investigaciones en Colombia.

Por Nelton Rivera

A un mes que el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, provocara una crisis diplomática entre Guatemala y Colombia, reapareció en un programa en vivo, afirmando que continuaban con la investigación del caso Odebrecht en contra del ex comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ahora Ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velásquez Gómez,  y contra la abogada Luz Adriana Camargo Garzón, exfuncionaria de la comisión.

“Estamos por concluir los análisis y trasladar la información a un juzgado”, dijo el 14 de febrero -día del amor y la amistad- en Radio Infinita refiriéndose a las supuestas irregularidades en los convenios de colaboración con personeros de Odebrecht y de la implicación de Velásquez. “Seguimos el análisis técnico y jurídico del tema del señor Iván Velásquez Gómez, pero tenemos muy claro que no tiene inmunidad”, expresó.

Las acusaciones de Curruchiche en enero pasado fueron consideradas por organizaciones internacionales de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y parte del cuerpo diplomático en el país, como una persecución política en contra del ex comisionado internacional y de su equipo, misma persecución que esta fiscalía ha promovido en contra de otros fiscales anticorrupción en el exilio o en prisión, y operadores de justicia independientes.

Los señalamientos vertidos por Curruchiche fueron usados por la oposición uribista en contra del gobierno de Gustavo Petro, con los cuales se atacó directamente a su ministro de la defensa en algunos medios de comunicación de ese país. La crisis entre ambos gobiernos llegó al punto de llamar a consulta a sus embajadores.

La denuncia contra el ex comisionado removió las viejas y recientes rencillas tanto en Colombia como en Guatemala. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido promovido por Álvaro Uribe Vélez, fue una de las voces que atacó a Velásquez. La senadora colombiana recurrió al discurso de victimización y difamación que fue usado por el expresidente Jimmy Morales y algunos de los procesados penalmente por la anterior FECI e investigados por la CICIG.

El mes pasado Cabal afirmó en una entrevista retransmitida por Radio Sonora (Guatemala) que, fue el lobby de sectores cercanos a Uribe en los Estados Unidos como los acercamientos con el senador republicano Marco Rubio, lo que puso punto y final a Velásquez en Guatemala y la misma comisión.

En Guatemala esta semana el caso Odebrecht colocó en la opinión pública de nuevo a Manuel Baldizón, tras cumplir una condena de cuatro años de cárcel en los Estados Unidos por lavado de dinero. El ex candidato presidencial es uno de los principales señalados por recibir sobornos para beneficiar a esta empresa brasileña con contratos. Baldizón se sumó a las acciones en contra de los fiscales que lo investigaron desde el Ministerio Público (MP).

Gerardo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional, conversó con Prensa Comunitaria sobre las reacciones en Colombia por la acusación del MP guatemalteco en contra de Iván Velásquez y del debilitamiento del sistema de justicia guatemalteco.

¿Cómo se tomó en Colombia el señalamiento de la fiscalía guatemalteca en contra del ministro de la defensa Iván Velásquez?

El tema se recibió de manera sorpresiva en la opinión pública nacional. Iván Velásquez ha sido una persona respetada, pero en los pocos meses de gobierno de Gustavo Petro ha sido objeto de algunas críticas, porque a diferencia de sus predecesores Velásquez no ha sido un ministro muy abierto a dar declaraciones públicas, sobre una gran cantidad de cosas que competen a su cartera.

La ciudadanía y los líderes de opinión conocían de su trayectoria en Guatemala y las credenciales que traía por haber sido comisionado de la CICIG son de mucho reconocimiento, respeto y sobre todo muy asociadas a una lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra el crimen organizado.

En Colombia, Iván Velásquez también es muy reconocido por los procesos que llevó como magistrado en la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra muchos políticos colombianos, excongresistas que finalmente fueron hallados culpables y fueron sancionados por distintos vínculos con el paramilitarismo.

Además, a la opinión pública colombiana llega la información sobre los cuestionamientos del fiscal Curruchiche y el MP que señalan a Velásquez, por lo que el apoyo termina siendo más sólido frente al ministro Velázquez con excepción, por supuesto de algunas voces de la oposición del gobierno, la mayoría fuerzas de derecha que rápidamente salieron a desacreditar al ministro.

Hay incidencia de una élite económica colombiana muy cercana a la élite guatemalteca, ¿Es una estrategia conjunta de desgaste de las élites para seguir con la persecución política a operadores y golpear al gobierno de Petro con el caso Odebrecht?

Plantearía primero un elemento que es importante comprender con respecto a la senadora que menciona y hacia la fuerza política a la cual ella pertenece. Esto tiene que ver a lo que mencionaba al inicio en mi primera respuesta en el rol que tuvo Iván Velázquez, como magistrado social de la Corte Suprema de Justicia de investigar a ex senadores en Colombia.

Recordemos que uno de los ex senadores que, a través de estas investigaciones terminaron sancionados y privados de la libertad fue Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, quien es el líder del Centro Democrático partido al cual pertenece María Fernanda Cabal.

Además de la afiliación política, seguramente con unas relaciones personales muy fuertes, los miembros del Centro Democrático y constantemente Álvaro Uribe a lo largo del proceso, que lideró la Corte Suprema en contra de estos congresistas, fueron muy críticos, no solamente de Iván Velázquez a quien se han referido incluso en algunos casos de manera no solo personal, muy compleja, muy agresiva, sino en general del rol de la Corte.

Quiero poner este detalle dentro de la conversación porque, suena a un discurso de élites, pero detrás de todo esto también hay una especie de revancha muy fuerte desde las fuerzas cercanas a Álvaro Uribe contra Iván Velázquez de manera personal y contra la Corte Suprema, que los investigó en ese momento.  Hoy en día de todas formas se sigue investigando en un caso muy concreto a Álvaro Uribe. Entonces, existe esa minucia para el caso de Colombia y ese enfrentamiento con Iván Velázquez, al final yo creo que dentro la opinión pública.

Se sabe quién está hablando desde que orilla por lo menos en la opinión pública colombiana y hoy en día tenemos en cuenta que esa oposición que ejerce el Centro Democrático, es una oposición minoritaria en el Congreso y con muy poca capacidad de impacto en términos de generar algún tipo de afectación e inestabilidad dentro del gobierno de Petro que, tiene las amplias mayorías tanto en el Congreso, como en general en la opinión pública.

Estas salidas de los opositores al gobierno de Petro terminan siendo más una especie de oportunidad para ser cuestionados, justamente por relacionarse con aquellas fuerzas que no quieren que haya un avance en esfuerzos profundos tanto en Colombia, como en otros países, para enfrentar a la corrupción y de enfrentar estructuras criminales y la impunidad.

Claramente hoy en día no podemos pensar en una política que está aislada de las relaciones internacionales, lo hacen desde hace mucho tiempo, pero creo que la polarización que existe en muchos de nuestros países se alimenta fuertemente de esos lazos internacionales y creo que se trata también de unas élites y unos poderes fácticos que, estaban muy acostumbrados a tener ese poder a dominar y que de repente de unos años para acá, se están viendo muy cuestionados y desafiados, no solamente por esquemas tan innovadores y que con tanto impacto como la CICIG, sino por otros poderes judiciales que logran avanzar un poco en contrapeso a ese poder tradicional.

Incluso también a fuerzas de sociedad civil, de medios de comunicación, de distintas voces que, hacen que ese poder tan tradicional sea cuestionado, hay una especie de repliegue y hay un llamado de alerta de esas distintas élites internacionales justamente, para ver cómo contrarrestan esta multiplicación, por decirlo de alguna manera de llamados de acciones de contrapeso a ese poder.

Ahí es donde veo que se sigue agudizando la situación respecto a quienes han criticado, investigado y enfrentado a esos poderes enquistados y es lo que vemos en la región en América Latina en general, una crítica muy fuerte a la libertad de expresión, al espacio cívico, ataques a fiscales a investigadores que están avanzando en este tipo de procesos. Este es el contexto en el que estamos y que, por lo tanto, lo que estamos viendo es una especie de contragolpe, por decirlo de alguna manera a esas voces que crecientemente están criticando ese poder enquistado y que, en muchos casos, ha tenido relaciones cercanas con actos criminales y que han gozado de mucha impunidad en la región.

¿Qué próximo escenario ves? ¿Podría ir en aumento el intercambio de cuestionamientos entre los dos gobiernos o se va a quedar a un nivel de cancillerías?

Recordemos que Petro tampoco se había pronunciado sobre Guatemala de manera tan directa, hasta que no sucede esto. Creo que las reacciones de Petro se explican en primer lugar en cuidar a uno de los alfiles principales de su gabinete y esto en el contexto doméstico, era casi que inevitable y era lo que se esperaba.

No puedes pues dejar de defender a una persona que está tan cercana y tan comprometida con el gobierno, con la visión de un gobierno que además recordemos que propone mucho cambio en Colombia.

Entonces, puede que ese sea el origen o la chispa que desata la llama de una reacción tan potente como la de Petro, pero no sé si lo hicieron deliberadamente o no, me parece que es muy importante en términos de poner aún más la situación de Guatemala en la discusión de la comunidad internacional y yo en esto creo que, podría eventualmente el gobierno de Colombia tratar de impulsar algún tipo de acción, un poco más a nivel regional, sobre la situación que ustedes están enfrentando allá, habrá que ver si eso toma fuerza.

Me parece que la salida fue importante como una señal política nacional, tiene un efecto muy significativo a nivel global, en mi opinión personal creo que vale la pena hacerlo, entre otras cosas, porque el mismo Petro se comprometió a proyectar un modelo de CICIG para Colombia, se había comprometido en sus primeros 100 días de gobierno a enviar una comunicación formal a Naciones Unidas, para empezar a explorar ese modelo, cosa que entiendo que no sucedió.

Para finalizar, hay algún punto más que querrás colocar en este contexto de la sorpresa de una “investigación” contra Iván Velásquez sobre el caso de una multinacional que generó o sigue generando tantos efectos en toda América Latina …

En general, sobre los temas de corrupción trasnacional, es impresionante que casos de los que hoy nos siguen dando para hablar en los distintos países de América Latina, claramente son un tema que no está resuelto, que no terminó de resolverse en unos países y  que abarca  a muchos más.

La región está en deuda en relación a poder avanzar de manera mucho más activa, contundente y veraz respecto a estos grandes casos de corrupción transnacional, lucha contra el crimen organizado y contra esquemas de corrupción transnacional.

Siento que la situación de la región en general se ha deteriorado bastante frente a la capacidad de defensa de aquellas personas que, luchan contra la corrupción, que exponen la corrupción en distintos ámbitos y creo que es una tarea que la región debe asumir de manera urgente para avanzar.

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