Por Paolina Albani
El colombiano Iván Velásquez, quien fue jefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), será el nuevo ministro de la defensa en el gabinete de Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, quien asumirá el próximo 7 de agosto.
Velásquez será parte del primer gobierno de izquierda que Colombia y su reto fundamental será intentar reformar una institución señalada de tener vínculos con el crimen organizado y con políticos del ala ultraderecha del país ligados al expresidente Álvaro Uribe.
El anuncio del nombramiento se da en un contexto en donde Petro ya se ha reunido con delegados de Joe Biden. Entre los enviados de Washington está John Finer, asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos, uno de los aliados más importantes de Colombia en temas de seguridad continental y lucha contra el crimen organizado.
Hay analistas que, además, entienden que el nombramiento de Velásquez pone a dormir los señalamientos de que el gobierno de Petro sería un remedo del Castro-Chavismo.
En entrevista con Prensa Comunitaria, Ángela Olaya, socia e investigadora de la Fundación Conflict Responses (Core), y experta en conflicto y crimen organizado en Colombia y la región, dijo que el anuncio del nombramiento de Velásquez ha sido tomado por dos líneas.
Una positiva, de quienes respaldan la decisión de Petro por la integridad y ética que Velásquez ha demostrado en su rol como jefe de la CICIG, entre 2013 y 2019, y por haber sido el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que coordinó la investigación que reveló los nexos entre políticos y grupos paramilitares entre 1990 y el 2000, uno de los escándalos más importantes que ese país ha conocido. En ese entonces, el extinto Departamento de Seguridad se encargó de enlodar la investigación de la corte y el accionar de Velásquez.
Su llegada también ha sido interpretada como una amenaza y un ataque personal en contra de quienes conforman la oposición política de Petro y que mantienen viva la línea uribista.
De esa cuenta, el primer reto que deberá gestionar es la disputa entre el uribismo y la lucha anticorrupción en una institución de carácter político.
“Lograr que las tropas y la milicia, que habían tenido gran respaldo del uribismo, cumplan con las funciones que el liderazgo de Velásquez ordene, será un reto”, dice Olaya.
Los retos del escenario posconflicto
Al Ministerio de Defensa de Colombia le tocará encargarse de recuperar la confianza de la población colombiana, comprometida por algunos antecesores de Velásquez en el puesto, como es el caso de Diego Molano, durante cuya gestión grupos de la disidencia que se crearon tras la firma de la paz en 2016 se convirtieron en un reto de seguridad y protección a la sociedad civil.
La impopularidad del ministerio de defensa también se debe a que, durante el gobierno de Uribe, se cometieron ejecuciones extrajudiciales en contra de inocentes para contarlos como bajas de guerrilleros y dar beneficios a estructuras militares, conocidos como “falsos positivos”.
“Combatimos a los símbolos del mal”, argumentó Molano en su último informe, refiriéndose a la extradición de Dairo Antonio Usaga David, alias “Otoniel”, un capo del Clan del Golfo, un grupo criminal que trafica drogas hacia EE. UU., y a las acciones para acabar con las cabezas de la disidencia. Pero Molano, dice Olaya, no cuidó de la vida de la población civil que quedó en medio del combate.
Recientemente, circuló un comunicado donde distintos grupos de la disidencia, algunos de los cuales se han convertido en bandas criminales, han solicitado negociar con el gobierno.
“La Ley de Sometimiento” de Colombia es la herramienta política que trata con las bandas y otorga beneficios para quienes dejan las armas, pero no les da un reconocimiento político, como sí ocurrió con el Ejecito de Liberación Nacional (ELN).
Esto representa un problema jurídico, pues la Ley de Sometimiento no es ordinaria ni transicional. Mientras tanto, los grupos de la disidencia han continuado fortaleciéndose en los territorios, provocando desplazamientos, reclutando niños, ejerciendo violencia sexual y asesinando a líderes sociales. Y, tras la extradición de Otoniel, han crecido las disputas territoriales, explica.
A Velásquez, quien entiende la dinámica de Centroamérica y Colombia, le tocará estar en medio de las negociaciones con estos grupos y el proceso no podrá ser igual al que se llevó a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, porque hubo fallas, dice Olaya.
Si las negociaciones no salen bien, el ELN, que tiene presencia en la frontera de Venezuela, al Norte del país, y en el Pacífico, donde hay áreas importantes de comercio, el fracaso pondría en riesgo a las poblaciones de esos territorios, indica la especialista.
Este panorama requerirá que Velásquez sepa comandar a la fuerza pública, desde ya aliada del uribismo, para crear políticas que permitan abrir la negociación y los diálogos de paz.
En el ambiente se habla de mudar a la policía a una nueva institución, una especie de Ministerio de la Paz, el cual se desconoce cómo funcionaría, pero que Olaya cree que podría tener que ver con hacer depuraciones en el cuerpo de las fuerzas de seguridad.
“El Ministerio de Defensa está cuestionada por corrupción y la llegada de Velásquez puede ser vista, por la milicia y las tropas, como el inicio de una purga profunda. Así que su llegada no ha sido bien recibida”, asegura.
Olaya reconoce que depurar sería lo más sano para la institucionalidad, pese a ello, hay serias dudas de la permanencia de los cambios que Velásquez logre implementar en una institución que no es abierta, que no está acostumbrada a rendir cuentas y donde el poder de los generales podría poner en peligro las mejoras de seguridad.
Desde ya, se puede asumir que “encontrará mucha resistencia en la fuerza pública”, pues, no llega al cargo con el respaldo de las élites política o económica.
Un nombramiento inusual
El nombramiento de Velázquez es un salto político de las figuras tradicionales que los gobiernos pasados han elegido para ocupar el Ministerio de Defensa y es un claro mensaje, de que se implementará una política de seguridad y habrá un cambio de timón, refiere la investigadora de CORE.
Algunos de los cuestionamientos que han surgido contra la decisión de Petro tienen que ver con la poca experiencia que Velásquez seguridad, pues ha sido un jurista casi toda su vida. Aun así, otros ministros de defensa han sido empresarios con cero experiencia en este tema. Por lo que no es raro que el exjefe de la CICIG maneje esa institución.
Petro y Velásquez fueron pupilos de Carlos Gaviria, abogado, magistrado de la corte y político colombiano por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, quien falleció en 2015, dice Olaya.
“Mientras Velásquez conducía la investigación paramilitar, Petro estaba en el Senado abriendo el debate sobre el control político por la masacre de Macayepo que le dio visibilidad a esa relación entre políticos y militares”, cuenta la entrevistada. “Por eso, se esperaba que fuera aliado para el gobierno y que fuera nombrado en un ministerio, aunque no se esperaba que fuera en el de defensa”, concluye.
Este será el primer cargo público de Velásquez tras salir de Guatemala en 2019, cuando el expresidente Jimmy Morales se negó a renovar un nuevo período para la CICIG, después de que la comisión capturara y acusara al hijo y al hermano del exmandatario en un caso de corrupción y malversación de fondos públicos conocido como Botín Registro de la Propiedad.
