Por Paolina Albani
Veintiún días después de que Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos, y Thelma Cabrera, defensora maya mam, fueran elegidos en Asamblea Nacional para conformar el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), la Fundación contra el Terrorismo (FCT) presentó un “amparo a prevención” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los inscriba como binomio y así evitar su participación en las elecciones generales de este año.
#URGENTE
La @FCTGuatemala presentó una acción de amparo ante el @OJGuatemala en contra de la participación de Jordán Rodas como candidato vicepresidencial de Thelma Cabrera del @mlp_gt, por no contar con el finiquito correspondiente de la @Contraloria_gt. pic.twitter.com/twrNwN4LhL— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) January 18, 2023
El argumento de la FCT, dirigida por Ricardo Mendéz Ruiz y el abogado Raul Falla, es que Rodas no cuenta con un finiquito de parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), como es requisito en la Ley de Probidad.
📍Hoy he asumido un compromiso más para que nuestro país sea un lugar digno, como el que merecemos. Junto a Thelma Cabrera y miles de personas que sueñan con un cambio impulsado desde abajo y desde los pueblos, vamos a trabajar en conjunto 🎉 pic.twitter.com/nyQCZs1jfs
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) December 29, 2022
A penas una semana antes, el 12 de enero, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó al Congreso una copia certificada del nombramiento de Rodas como Procurador de Derechos Humanos (PDH), en 2017, y una auditoría, para iniciar investigaciones de su mandato.
Juan Francisco Sandoval exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, desde el exilio criticó este nuevo acoso judicial en contra de Jordán Rodas que, accionó contra los funcionarios públicos vinculados a la corrupción en el país. También calificó la acción del MP como arbitraria. “El oficio demuestra tres cosas: 1) Criminalización de un exfuncionario que tiene aspiración política; 2) Demuestra que Guatemala es una democracia de fachada; 3) Mediocridad del MP: piden nombramiento y copia de auditoría al Congreso de la República. Ni para machotear sirven”.
El oficio demuestra tres cosas: 1)Criminalización de un ex funcionario que tiene aspiración política; 2)Demostración que Guatemala es una democracia de fachada; 3)Mediocridad del MP: piden nombramiento y copia de auditoría 🤌al Congreso de la República. Ni para machotear sirven. pic.twitter.com/VdsIIgA1C2
— Juan Francisco (@JSandoval1982) January 18, 2023
Todo parece apuntar que con esta nueva investigación del MP se busca impedir que Rodas participe en la contienda electoral de 2023. La FCT y el MP no han mostrado ningún documento de la Contraloría en el que se confirme que Rodas no cuente con el finiquito por su gestión en la PDH. Aunque el MLP todavía no se presenta ante el TSE para inscribirse, ya forma parte de los 12 binomios, incluyendo una coalición que han sido proclamados por diferentes partidos políticos.
Esta acción también pone en duda la fragilidad del sistema electoral y también de las garantías constitucionales que permiten que cualquier ciudadano pueda elegir y ser electo. Se consultó a la directiva del MLP al respecto, pero prefirieron no hacer comentarios sobre las acciones de la FCT. Tampoco quisieron adelantar si responderían legalmente.
Rodas tampoco ha respondido a título personal, pero en sus redes sociales compartió la reacción del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien señaló que el oficio de la Fiscalía de Asuntos Internos intenta criminalizar a un aspirante político.
Lo cierto es que el amparo de la Fundación no causó sorpresa en algunos, especialmente en el gremio periodístico, que vio venir esta acción como una de las muchas posibilidades que Méndez Ruiz utilizaría para intentar sacarlos del camino. Casi del mismo modo que, en 2019, se impidió que Thelma Aldana, exfiscal general del MP se lanzara a la presidencia por el partido Movimiento Semilla.
El MP muestra una nueva acción de persecución judicial luego del escándalo y crisis diplomática que provocó con el gobierno de Colombia, ahora se lanza en contra de Rodas, quien desde la PDH respaldó el trabajo de los fiscales anticorrupción, jueces y evitó la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del excomisionado Iván Velásquez Gómez antes del 2019.
El papel de la FCT
En años recientes, su rol ha sido el de “bloqueo”. Ha presentado amparos y tachas contra aspirantes a funcionarios en los procesos de las Comisiones de Postulación. Como ocurrió en 2021, cuando se opuso a que Gloria Porras fuera elegida por la Universidad de San Carlos (USAC) como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026.
El Consejo Superior Universitario (CSU), igualmente, votó por ella para un tercer período. Así que el Congreso intervino y se opuso a jurarmentarla alegando la falta de experiencia como docente universitaria.
Esa intervención de la FCT y del Congreso llevó a Porras a dejar el país y a que se exiliara en Washington por la persecución judicial que iniciaron en su contra.
En este esquema, la exmagistrada no ha sido la única que ha sufrido repercusiones por acciones de la Fundación. La lista cada vez es más larga. Entre los casos más recientes en los que la FCT ha jugado un rol determinante, están las denuncias por abuso de autoridad contra Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango; Leily Santizo, exmandataria de la CICIG; el juez Miguel Ángel Gálvez y la jueza Erika Aifán, de los juzgados B y D de Mayor Riesgo (los dos últimos en el exilio), entre otros.
Recientemente, la organización logró que Laparra fuera condenada a 4 años de prisión conmutables por denunciar al exjuez Lesther Castellanos Rodas, de filtrar información a un abogado en un caso que estaba bajo reserva.
El respaldo fáctico de las denuncias de la FCT es débil. Sin embargo, el MP y los juzgados se han encargado de darle seriedad y validez.
El acoso desde el Congreso
Para Rodas el hostigamiento no es nuevo. Cuando fue PDH, 11 diputados conservadores, entre ellos Manuel Conde y Álvaro Arzú Escobar, intentaron desaforarlo antes de que concluyera su plazo como magistrado de conciencia y lo señalaron de haber cometido malversación de fondos cuando intentó lanzarse para ocupar la rectoría de la Universidad de San Carlos con la planilla SOS USAC.
Pese a los muchos esfuerzos, los políticos no encontraron evidencias en contra del exPDH, este terminó su período y abandonó el país previendo que el acoso continuaría.
Pero el inicio de esta relación antagónica tuvo su génesis en 2017, cuando Rodas, teniendo una semana en el cargo, decidió apoyar la lucha anticorrupción y las investigaciones de la CICIG, en un momento en donde las fuerzas empezaron a realinearse a favor de la élite económica que salió salpicada en los casos de gran corrupción.
Desde entonces, los parlamentarios conservadores de ultraderecha se dedicaron a asediarlo semana con semana a través de citaciones que buscaban obstaculizar su labor. Mismas que Rodas identificó como un “linchamiento político”.
“No tengo nada que esconder”: Jordán Rodas en su última comparecencia ante el Congreso
