El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene retos para garantizar una participación democrática y procesos transparentes ante la ciudadanía guatemalteca, aseguran algunos analistas.
Por Shirlie Rodríguez
En departamentos como Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez y Quetzaltenango se observan árboles, piedras y casas pintadas con los colores y logotipos de nuevos y viejos partidos políticos, la intención es posicionar sus símbolos y eslóganes en la mente de la población, para que eventualmente se traduzca en voto. Esta escena se observa en buena parte del altiplano a pesar de que el proceso electoral de este año no se ha oficializado.
Este 20 de enero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), realiza la convocatoria oficial para el proceso electoral; una fecha en la que delimitarán las reglas que regirán la elección del binomio presidencial, 160 diputadas/os ante el Congreso de la República, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 alcaldías municipales.
Hasta la fecha se han proclamado 12 binomios presidenciales, incluyendo una coalición, y se espera que una cantidad similar o mayor, todavía esté en proceso de realizar asambleas para realizar la designación de las candidaturas. Un día después de la convocatoria, según el calendario electoral, los partidos políticos inscritos presentarán la inscripción de sus candidatos ante el TSE, para aspirar a puestos públicos.
El 25 de marzo, las autoridades cerrarán el padrón electoral, hasta entonces, la población de 18 años en adelante puede registrar o actualizar sus datos. El empadronamiento es un requisito obligatorio que extiende el Tribunal Supremo Electoral para votar el domingo 25 de junio.
Según los datos del TSE, hasta el 17 de enero, el total de personas empadronadas era de 8 981 016. Sobre el número, analistas en temas electorales aseguran que hay poco interés de la población para participar en las elecciones y se refleja en la baja cantidad de jóvenes que se empadronan para ejercer su derecho al voto.
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Para la politóloga Celia Luna, hay varios factores que evidencian los retos que tiene el TSE. Uno de ellos es asegurar su legitimidad y credibilidad ante la población, porque en las elecciones de 2019, la comunicación fue deficiente para indicar que el conteo de votos podría llevar semanas y que la demora no representaba algún tipo de fraude electoral.
“Hay desconfianza de la población porque en el imaginario colectivo se cree que puede existir un fraude electoral, pero esto se puede mejorar si se refuerza la comunicación que el TSE tiene con la población”, dijo la politóloga.
Algunas organizaciones sociales exigen a las autoridades actuales un proceso electoral libre e independiente y que no esté cooptado por grupos vinculados en corrupción, crimen organizado, militares y empresarios.
De acuerdo con Telma Suchi, representante de la Comisión de Probidad y Transparencia de Quetzaltenango, uno de los primeros puntos de fiscalización que amerita atención de la población son los planes que tienen quienes se postulan como candidatos y que evidencie que son de beneficio colectivo y no particular.
Suchi dijo que se espera que exista más participación de mujeres en los partidos políticos y comités cívicos, porque es un indicador de representación de este sector de la población en los puestos de elección.
“Cuando hablamos de salud, educación sexual y reproductiva, se debe considerar que el presupuesto se calcula con base a la necesidad de la población, además invertir más en la salud preventiva y no solo curativa. Vemos que desafortunadamente hay incremento de embarazos en adolescentes y el acceso a servicios a salud reproductiva es vital e importante y por lo tanto el Ministerio de Salud debe tener presupuesto necesario. El llamado es a las y los candidatas para atender este tipo de servicios”, dijo.
La convocatoria del TSE también incluye la elección de las alcaldías y concejos municipales, que según Otto Vargas, de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, se debe prestar atención al poder locales y a las propuestas que presentan.
“Como el sector económico tenemos el desafío de tener en la alcaldía y en el Congreso a verdaderos representantes que fomenten el desarrollo económico local, en la medida que este se apoya, mejora las condiciones de vida de las personas, porque cuando una persona tiene las condiciones como empleo, tiene mejores oportunidades de desarrollo”, indicó.
Para Vargas, las autoridades deben de dar seguimiento a problemas de infraestructura que se han gestionado desde el sector económico, como el trabajo en la carretera hacia la costa sur desde Quetzaltenango. El proyecto de la reparación del asfalto inició en el gobierno de Jimmy Morales, pero no se ejecutó. El inicio de algunos trabajos dejó en mal estado el tramo. Actualmente solo se realizaron trabajos de mantenimiento.
Agregó que el desarrollo del Occidente se logrará con las decisiones políticas que se tomen a partir de las nuevas autoridades electas.
“Tenemos un desafío de tener partidos políticos que piensen a largo plazo tanto a nivel país como a nivel departamental y por lo tanto sería bueno conocer las perspectivas y planes que tienen los candidatos. Que presenten una hoja de ruta con planes a 15 años o más y sin importar quien sea alcalde o gobernante, los planes deberían seguir su curso y funcionar”, recalcó.
Para la politóloga Luna, este aspecto, le corresponde a la población y que sea con políticas públicas y de Estado a largo plazo, para que con el cambio de gobierno no desaparecen, no modifican y que no quede en el olvido.
Evidencian posible conflictividad en municipios
El pasado 16 de enero, el TSE dio a conocer detalles de un estudio sobre los municipios que podrían tener conflictos durante este proceso de elecciones. De los 340 municipios, ocho supuestamente representan un riesgo muy alto. La investigación se hizo a partir de hechos violentos en el proceso electoral pasado.
Tras la publicación de los resultados de este estudio, los magistrados del TSE anunciaron que el 14 de marzo se suscribirá el Acuerdo Nacional para un Proceso Electoral en Paz. Además, se presentarán informes cada 15 días durante marzo y abril, en donde se unirá la Secretaría Técnica de la Mesa de Conflictividad que también participó en dicho estudio.
Uno de los municipios identificados con el criterio de “muy alto riesgo” fue El Estor en Izabal, donde la población Q’eqchi resiste ante una empresa minera que opera de forma ilegal y sin haber consultado a la población sobre la explotación de níquel en su territorio. EL otro municipio es San Mateo Ixtatán en Huehuetenango, con un contexto en el que la población q’anjob’al ha denunciado la imposición de proyectos hidroeléctricos en ocho comunidades y cuatro caseríos en la microrregión de Yichk’isis.
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El analista político Ángel Ramírez señaló que segmentos de la población guatemalteca está polarizada, y añadió que las demandas que piden sean atendidas con los planes de gobierno son las mismas que en el proceso electoral de 2019.
Uno de los temas recurrentes que la población reclama a las autoridades por soluciones es el estado de las carreteras. La ruta de Quetzaltenango a la capital se mantiene en constantes reparaciones, pero no hay algún proyecto que dé una solución de raíz.
Los casos de femicidios también son otro pendiente para las autoridades, hasta noviembre del 2022 se reportaban 376 hechos violentos en contra de las mujeres.
En el ámbito económico, el alza a los precios de la canasta básica y de los combustibles fueron sinónimo de protestas, pronunciamientos y manifestaciones del sector de transportistas, que exigía respuestas de las autoridades.
Con este panorama y la gran cantidad de candidatos que hay hasta el momento para la presidencia, dijo el analista, no permite que la ciudadanía pueda asociarse a un partido político y este mismo contexto puede llevar a conflictividad en algunos territorios.
“Hay una cantidad más alta de candidatos en comparación al 2019 que estaban registrados 27 partidos políticos, esto implica una diversidad de propuestas para el electorado y por esto vamos a encontrar un Congreso bastante fragmentado. En el contexto social hay poca participación de la población y apatía por este panorama, también se vuelve un proceso vulnerable a la conflictividad por esta misma polarización”, dijo.
Respecto a la inscripción de candidatos, el experto sostuvo que en términos ideales y en una democracia sana se deberían inscribir a todos y en las urnas es donde se decida a quienes elige la población. Refiere que debe existir una menor intervención de las cortes para evitar que se vulnere el derecho a la participación, pero actualmente se muestra que será un proceso electoral que incluya la influencia del sector justicia y esto afecta la democracia porque reduce la capacidad del TSE de ser supremo frente a las elecciones.
“¿Qué certeza puede tener una ciudadanía si una de sus candidaturas no tiene certeza de llegar a las elecciones?”, se preguntó a Nohemí Racancoj, representante de agrupaciones de mujeres indígenas en Quetzaltenango, al ser consultada sobre el tema.
“Deben garantizar que las elecciones sean transparentes, que no haya manipulación en la información. Como sociedad civil estamos atentos a la auditoría social, pero lamentablemente hay muchas que participan en organizaciones políticas, entonces esto debilita lo que hacemos. Nuestro trabajo es mostrar los planes de los partidos a la población, pero es importante motivar a la población en todos los sectores, incluyendo el área rural para empadronarse”, expresó Racancoj.
Los diferentes sectores y expertos en el tema electoral tienen en la mira al TSE, quienes deben mantener un proceso transparente y que cumpla con lo establecido en las leyes sin distinción o con el fin de beneficiar solo a algunos sectores. Las inscripciones de candidatos empiezan el 21 de enero, a partir de allí comienzan a mostrar los rostros de quienes se postulen a cargos públicos que estarán en las papeletas para que la población elija.
