Omar Barrios, Lesther Castellanos y Raúl Falla han repetido, casi con la precisión de un reloj suizo, un mensaje que de no ser por lo básico de su lógica, podría llegar a ser creíble. Durante varias audiencias, se les ha visto concentrados en sus teléfonos celulares, recibiendo mensajes y por el movimiento de sus dedos, se podría decir que enviando información. En las sesiones pasadas, Castellanos, Falla y Ricardo Méndez Ruiz hablaron con la familiaridad de quienes comparten una misión, sonríen, bromean, se podría pensar que es una especie de validación masculina frente a Virginia Laparra y sus dos abogadas: como el “club de Tobi”, una imagen de la tira cómica “La pequeña Lulu”, en el que los hombres tienen reuniones separados de las mujeres, una escena en la que intercambian elogios, comparten secretos y ríen en voz alta, pero especialmente en la que no se permiten mujeres.
Por Javier de León Villatoro
Raúl Falla descalifica: le llama “profuguito” a Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); y la jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, lo consciente. Con una retórica inflamada, propia de la guerra fría, pregunta al testigo Omar Barrios, sobre el papel de la comunidad internacional en Guatemala, a la que también descalificó.
Falla, el abogado de la Fundación contra el Terrorismo, señala con el dedo, grita en una pequeña sala de audiencias. Es innecesario porque su voz es amplificada por un micrófono que resuena en un sistema de sonido, y en el que además, solo hay una docena de sillas y cuatro escritorios.
Con ese ambiente inicia este 14 de diciembre la continuación del juicio que se lleva contra Virginia Laparra, la exfiscal de la FECI en Xela, que lleva 292 días presa.
El turno es para Claudia González, una de las abogadas de la exfiscal Laparra, que con un tono de voz que contrasta con la de su antecesor, plantea varias preguntas a Omar Barrios, el abogado a quien el exjuez Lesther Castellanos filtró información de un caso bajo reserva.
Omar Barrios reconoce, ante el cuestionamiento de la abogada, que visitó a Virginia Laparra en la oficina de la FECI en Xela, después de enterarse de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) había denunciado al entonces juez Castellanos por filtrar información de un caso bajo reserva.
Después del turno para interrogar al testigo, la defensa de Laparra pidió incorporar como nuevas pruebas, documentos que contienen más de 200 denuncias que fiscales han presentado en contra de jueces, para demostrar que Virginia está siendo criminalizada por denunciar. La jueza González las rechaza.
Virginia Laparra, a quien expertas han considerado que el espacio donde está detenida y las condiciones por las que ha pasado, durante varios meses, son propias de una tortura, toma nota entre tres torres de fólderes de cada una de las palabras que los querellantes y la Fiscalía dicen. Por las circunstancias en las que se encuentra Laparra, Amnistía Internacional la llamó presa de conciencia.
En el centro del inicio del juicio contra Virginia Laparra se debate, entre las partes, si la exfiscal de la FECI de Quetzaltenango tenía la atribución de denunciar al juez de mayor riesgo Lesther Castellanos, por filtrar información al abogado Omar Barrios.
Cuando la jueza da la palabra a Noe Rivera, el fiscal del Ministerio Público, pidió que aceptara como prueba, las declaraciones de testigos y a documentos que establecen “que cuando la acusada ejerció el delito era fiscal de la FECI”.
La exjefa de la FECI de Quetzaltenango denunció administrativamente a Castellanos en octubre de 2018, luego de detectar que el exjuez había usado documentos obtenidos de forma anómala en sus pruebas de defensa, por una denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su contra, ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial, por filtrar información de un caso bajo reserva al abogado Omar Barrios.
Por esa acusación Castellanos, el actual titular de la Comisión contra la Tortura, fue sancionado por cinco días sin goce de salario por la filtración de información; en contraste Laparra lleva más de nueve meses de estar detenida por denunciarlo administrativamente.
Al final de su intervención el MP pidió una pena de 8 años de prisión inconmutables para Virginia Laparra por el delito de abuso de autoridad continuada, la inhabilitación para ejercer su profesión de abogada y que se asigne un día para la audiencia de reparación.
Afuera de la torre de tribunales, en donde se desarrolla el juicio contra Virginia Laparra, en la calle, algunas organizaciones sociales mostraron su apoyo a la presa de conciencia, como lo han hecho desde que fue detenida, el 23 de febrero pasado año.
#LibertadParaVirginia ✊🏽 En este momento se lleva a cabo un plantón en solidaridad, para exigir la libertad de Virginia Laparra la exfiscal de la FECI en Quetzaltenango perseguida judicialmente, varias personas se reunieron en las afueras de torre de tribunales.
📷 Juan Rosales pic.twitter.com/OJqBJBLqPb
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) December 14, 2022
