En noviembre de 2020, las tormentas Eta y Iota azotaron el territorio guatemalteco, dejando a 399 430 personas damnificadas, 60 fallecidas y 100 desaparecidas, según un informe gubernamental.
En San Cristóbal Verapaz, en el norte del país, la comunidad Quejá quedó soterrada y 59 personas que la habitaban murieron en el deslave. Quienes sobrevivieron aún están a la espera de la promesa del Estado de reubicarlas siendo la alternativa una finca llamada “El Mirador”, donde actualmente viven unas 20 familias desplazadas por las tormentas Eta y Iota, muchas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, a dos años de lo ocurrido, la promesa de trasladarlos aún no se concreta, en tanto, unas 75 familias han regresado a Quejá, pese a que el lugar se declaró inhabitable en junio de 2021.
Por Regina Pérez
El Mirador es una finca rodeada de montañas y hace justicia a su nombre porque tiene un paisaje maravilloso. Por un lado, se observa una parte de la represa Chixoy, construida en la década de 1970; y, una vista majestuosa de la laguna Chichoj, que significa “Pupila del cielo” en el idioma maya poqomchi’. Está ubicada en una colina, a unos 20 minutos del municipio de San Cristóbal Verapaz, del departamento de Alta Verapaz, a 211 kilómetros de la ciudad capital.
Ahí residen unas 80 familias maya q’eqchi’ y poqomchi’, cuenta Alejandro Lem, guardián de la finca desde hace cuatro años. De este número al menos 20 son desplazadas de distintos lugares de Alta Verapaz, afectadas por las condiciones climáticas de las tormentas Eta y Iota.
Adquirir la finca El Mirador es la principal alternativa que el gobierno ofrece para las 330 familias de la aldea Quejá, la comunidad de San Cristóbal Verapaz, que quedó soterrada el 5 de noviembre de 2020 y en la que fallecieron 59 de sus habitantes, según explicaron autoridades locales.
De acuerdo con Lem, varias familias de dicha aldea se trasladaron a la finca El Mirador y construyeron viviendas con la promesa de que se les entregarían las escrituras de un terreno para su casa, sin embargo, a dos años del paso de las tormentas, parece haber quedado en el olvido por parte de las autoridades locales y centrales.
En el terreno ahora hay una colonia, las casas en su mayoría están construidas con madera, nailon y tienen piso de tierra. Algunas de las personas desplazadas por las tormentas, que no son de Quejá, pero viven en la finca, indicaron que la administración del lugar no les permite construir viviendas de block, por la incertidumbre que hay respecto al terreno, que según Lem, es propiedad de una empresa aseguradora llamada Fidelis, que tiene su oficina en la zona 9, de la ciudad capital.
Ana González es una de las vecinas de la colonia que vino a vivir a El Mirador hace dos años, obligada por la inundación de su casa, ubicada en la colonia El Petencito, en San Cristóbal. La madre soltera dijo que tiene el temor de ser desalojada en cualquier momento. En comparación a otras viviendas, su casa ofrece comodidades que las demás no tienen, como una pequeña sala, inodoro y varios cuartos.
En este lugar, la pobreza y extrema pobreza son una realidad, quienes logran acceder a un salario llegan a ganar de Q20 a Q25 al día, entre 2.5 y 3 USD, para alimentar a familias de cuatro a seis miembros. Las vecinas indican que el único lugar donde hay posibilidades de encontrar trabajo limpiando casas o lavando ropa es en el municipio, donde, para viajar tienen que pagar Q4 de ida y Q4 de vuelta. Varias de ellas, que tienen hijos o cuidan de sus nietos, no pueden pagar ese costo.
Las 20 familias sufren lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) llama desplazamiento forzado interno, una situación en la que las personas tienen que dejar sus hogares por varios factores, entre ellos la violencia o la violación a los derechos humanos, pero también por las condiciones climáticas.
En Guatemala es muy frecuente que las personas sean desplazadas por fenómenos climáticos o naturales, tal como ocurrió con Eta y Iota, la explosión del volcán de Fuego, en 2018 o el alud que enterró a 280 personas en la colonia El Cambray, en Santa Catarina Pinula, en 2015. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), un grupo científico de Naciones Unidas, el país es uno de los más vulnerables a nivel mundial a este tipo de fenómenos.
De acuerdo con datos recopilados por Ana Eugenia Paredes Marín, del Instituto de Investigación en Ciencias Humanísticas de la Universidad Rafael Landívar, que cita al Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), en Guatemala hay al menos 339 000 personas desplazadas por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. A nivel de Centroamérica, esta cifra llega a 1 525 000.
Un ejemplo de este desplazamiento forzado interno es lo que sucede en El Mirador, donde las familias encontraron refugio pero están abandonadas por el Estado. El servicio de agua potable lo brinda la empresa Fidelis y solo cuentan con energía eléctrica las familias que pueden pagar el servicio.
El guardián de la finca indicó que cuando se registraron las tormentas Eta y Iota las personas afectadas se pasaron a vivir ahí, con la esperanza de que el gobierno les gestionara un lote con apoyo de un subsidio del Fondo para la Vivienda (FOPAVI), pero esto no se llevó a cabo. Actualmente tienen incertidumbre sobre su futuro debido a la falta de respuesta gubernamental y varias de las familias de Quejá que llegaron a vivir ahí en un inicio tomaron la decisión de marcharse debido a esa falta de certeza.
Personeros de la Aseguradora Fidelis confirmaron que la finca es de su propiedad y que cuando recién ocurrieron las tormentas, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Fondo para la Vivienda (FOPAVI) buscaron a la empresa, con la intención de comprar dicha finca para reubicar a los pobladores, sin embargo, indicaron que estas negociaciones se estancaron por un tiempo.
Además, señalaron que el fin del terreno es para solicitar subsidios con FOPAVI, por lo que si una familia cumple con los criterios para ser elegibles, la empresa los recibe.
Según la Evaluación de Daños y Pérdidas causadas por las Depresiones Tropicales Eta y Iota, realizada por el Gobierno con apoyo de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial y otros sectores, en Alta Verapaz se contabilizaron 198 575 personas damnificadas por ambas tormentas, 9 fallecidas y 88 desaparecidas.
Adelaida Tilom, la mujer que resiste en Quejá
En los primeros días de diciembre hace calor en Quejá, un pueblo rodeado de hermosas montañas, las mismas que marcaron su destino el 5 de noviembre de 2020. Adelaida Tilom es una mujer poqomchi’, de 49 años, que reside en la aldea junto a su familia. Su casa está a pocos metros de donde ocurrió el deslave del 5 de noviembre de 2020, donde murieron 59 personas.
Donde había casas, ahora solo hay un terreno agreste en el que corre un pequeño arroyo de agua limpia que proviene del cerro. También hay un pantano que Silvia Caal, la hija de Adelaida, asegura que era una pequeña laguna limpia. Donde había una carretera que conectaba a Saquixim, una aldea cercana, ahora solo hay una vereda que los residentes limpiaron a punta de piocha. Varias casas están enterradas y solo se observan los techos.
A Quejá se llega tomando una carretera que fue asfaltada hace poco, que conduce a Chicamán, Quiché, un recorrido que pasa por el lugar conocido como “Los Chorros”, donde en 2009 hubo un deslave que enterró a 29 personas. La carretera, según pobladores, fue asfaltada por el actual gobierno y deducen que es porque el actual ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, es originario de ese municipio.
Es un milagro que la casa de Adelaida no haya sido arrastrada por el deslave, tomando en cuenta que la tragedia sucedió a menos de 50 metros. En el lugar, las autoridades solo pudieron recuperar 10 cuerpos, de los 59, quedando la mayoría enterrados bajo el lodo. Ella lo sabe porque dice que en un nuevo censo realizado por las autoridades locales no estaban registradas.
Adelaida no habla español, pero Álvaro Pop, un comerciante y vecino que ayudó a los pobladores gestionando apoyos, se ofrece a traducirla del poqomchi’ al español. Narró que unas 75 personas regresaron a Quejá, empujadas por la necesidad de vivir en un terreno propio, pese a lo que ocurrió en noviembre. Ella relató que en la comunidad siempre llueve, pero en 2020, fue diferente. Llovió cinco días seguidos y ellos creyeron que eso era normal. Se quedaron en sus casas sin saber lo que sucedería poco después.
Al quinto día de lluvias, uno de sus hijos había salido a trabajar, pero vio que los árboles comenzaron a caer, por lo que regresó a su hogar. Cuando él volvió, cayó el primer derrumbe y minutos después ocurrió el otro gran deslave que dejó varias casas soterradas.
Luego de la tragedia, los pobladores fueron trasladados a varios albergues. A Adelaida la llevaron a un albergue comunitario en la aldea Chicuz donde permaneció junto a sus hijos por 25 días. Ahí, las autoridades locales les ofrecieron un terreno y una casa dónde vivir, una promesa que dos años después no han cumplido.
Además, ella cuenta que en el albergue no había agua ni comida suficiente y se sentían discriminadas por las personas encargadas del mismo, que eran de la comunidad. Su hija Silvia Andrea Caal cuenta que en el albergue no se sentían bien y por eso prefirieron regresar a su casa, a pesar del peligro que significaba vivir a pocos metros del deslave.
Otros pobladores viven en un lugar llamado Nuevo Quejá, pero Adelaida no se pudo trasladar allá porque no tiene un terreno. En cambio, acá, en Quejá, ella tiene una casa espaciosa, gallinas y pavos se pasean a sus anchas en su lote. En una casa con piso de tierra tiene una gran sala que está vacía, como único ornamento hay una mesa con un televisor que transmite el partido del mundial del momento, España contra Marruecos.
Actualmente viven unas 75 familias en Quejá, según el conteo que realizó Adelaida, quien tiene apuntado en un cuaderno los nombres de las personas que aún residen ahí, esto pese a que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró el lugar inhabitable en junio de 2021.
El alcalde municipal de San Cristóbal, Ovidio Choc, dijo a Prensa Comunitaria que apoyaron a las personas damnificadas, pero que encontrarles un lugar dónde vivir le corresponde al gobierno central. Según el alcalde, la Municipalidad únicamente es facilitadora de este proceso de reubicación, pero no los responsables directos.
Desde el Viceministerio de la Vivienda, del Ministerio de Comunicaciones, se le propuso a la población de Quejá que se trasladara a la finca “El Mirador”, señaló el jefe edil, pero se rehusaron, argumentando que están muy arraigados a su tierra.
Adelaida cuenta otra historia. Ella dice que el alcalde les ofreció trasladarse a la colonia y construir viviendas, pero debido a que la propiedad aún no ha sido comprada por el Estado y no hay seguridad sobre el terreno prefirió no aceptar y prefiere vivir en Quejá aunque arriesgue su vida. La promesa de las autoridades locales en 2021 fue, dijo, que iban a recibir las escrituras de los terrenos en dos meses, pero no cumplieron.
Ella fue a ver la colonia, pero se percató que el espacio era muy reducido. Además, el ofrecimiento del alcalde fue únicamente de 20 láminas, por lo que no aceptó. Muchas familias sí se trasladaron, pero con el tiempo regresaron a Quejá, como indicó el guardián de la finca.
De acuerdo con el alcalde, las principales beneficiarias de un lote en la colonia El Mirador serían las familias de Quejá.
Se intentó obtener una postura del Viceministerio de Vivienda, a cargo de Cristina Elizabeth Lemus, para conocer los avances del proyecto de construcción de viviendas para estas familias, sin embargo, al contactar al equipo de comunicación, a cargo de Carlos Narez, por medio de un correo electrónico y llamadas telefónicas, no se obtuvo ninguna respuesta.
El Mirador, acechado por la pobreza y sin condiciones para recibir a familias de Quejá
En una vivienda de un solo ambiente y con piso de tierra vive Margarita Pop, con sus hijos en la colonia El Mirador. Su hija, Jazmin Marleni Pop, acaba de dar a luz hace cuatro días. Alrededor de las 10 de la mañana, en ese cuarto, de unos tres metros por seis, humea una olla que está sobre un fogón. Ahí mismo hay una pequeña cama donde su hija se recuesta mientras hace muecas de dolor debido a la cesárea. Margarita, su madre, cuenta que ellos vivían en la colonia Nueva Esperanza, en Cobán, Alta Verapaz, pero en noviembre de 2020, con las tormentas su casa se inundó.
En ese lugar alquilaba un cuarto, pero este estaba en la orilla del río. Su renta la pagabalavando ropa o limpiando casas.
En la colonia El Mirador su situación empeoró, no encuentra trabajo y su única alternativa es viajar al centro del municipio, donde un pasaje de ida le cuesta Q4. Ella calcula que ganaba unos Q25 al día, dinero que utilizaba para alimentar a su hija e hijo y ahora a su nieto recién nacido. Antes, cuando el bebé de Jazmín no había nacido, ella la ayudaba a vender refacciones (meriendas), sin embargo cuenta que eso tampoco le proveía los ingresos suficientes, porque el costo de la canasta básica es muy alto, que actualmente en Guatemala es de Q3 454.98, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Margarita relató que muchas familias se trasladaron a dicha colonia, pero se fueron porque no tienen certeza legal de las tierras. “Estamos pensando qué va a pasar con nosotros, con ese temor estamos”, dijo la vecina.
El Banco Mundial considera que vivir con menos de USD 3,20, unos Q25, una cifra similar a lo que gana Margarita, refleja las líneas de pobreza en países de ingreso mediano bajo.
También está Vilma Pop, una mujer q’eqchi’ que también residía en Cobán, con sus cinco hijas e hijos hasta que se vio forzada a salir de su hogar por las inundaciones provocadas por las tormentas. Su hija mayor, Karla, de 13; y su hijo Eduardo, de 12, tienen problemas del habla y asisten a la Escuela de Educación Especial y Centro de Rehabilitación (EDECRI) en el municipio. Trasladarse allá cuesta Q8 por persona, dinero que Pop no tiene.
Para sobrevivir, vende tortillas en la colonia, con eso gana unos Q25 al día. “Sufro para darles estudio a mis hijos, porque tengo dos nenes especiales”, indicó. Su esposo viajó a la ciudad capital para buscar trabajo desde hace un año, pero asegura que él no le envía dinero porque se juntó con otra mujer.
Vilma ahora vive en una casa de madera, que construyó con apoyo de sus vecinos y gracias a un préstamo que hizo, para arreglar su casa que era de nailon. “Entraba mucho frío, ahora mi cocina está afuera, igual entra agua, porque no puedo usar esta casa, porque se ahúma”, indicó.
Otra residente es Elvira Choc, de Cobán, Alta Verapaz, quien tiene una hija y un hijo mayores de edad con discapacidad. Choc no tiene luz eléctrica en la casa, no puede pagarla. Su hija menor y ella trabajan en oficios domésticos, pero dice que teme por su seguridad debido a que tiene que caminar a pie hasta el municipio en un camino escarpado, porque no puede pagar los Q4 que le cobra el transporte. A eso se suma que la pandemia de la COVID-19 afectó las fuentes de trabajo y es muy mal pagado, ganando unos Q20 por día.
Ella se queja que el pago que recibe es muy poco y su precariedad le impide terminar de construir su vivienda. Elvira dice estar agradecida de que ahora tiene un espacio para vivir, ya que antes alquilaba. También vive de la caridad de sus vecinos que le apoyan con víveres, dada a su condición de madre soltera y con hijos que sufren discapacidad.
Flor de María Salazar, coordinadora de Cristosal en Guatemala, una organización sin fines de lucro que aborda la temática del desplazamiento forzado, comentó que en el caso de las mujeres, por la crianza de los hijos y el sustento y labores de cuidado que históricamente se les ha impuesto a las mujeres, estos trabajos se multiplican y se dificultan durante los desplazamientos.
Además, Salazar dijo que a estas personas se les violentan todos sus derechos, empezando porque el desplazamiento forzado interno ya es una violación a sus garantías fundamentales, sumado a eso la falta de alimentación, vivienda digna, salud y educación, entre otros.
En el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, de San Cristóbal Verapaz 2018-2032, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (SEGEPLAN), se encuentra que el índice de pobreza y extrema pobreza en el municipio en 2011 era de 87 y 54 por ciento, respectivamente y se considera que es uno de los municipios más pobres de Alta Verapaz, con mayor porcentaje de pobreza en el área rural.
El gobierno reconoce la carencia de fuentes de empleo en el municipio, provocado por la improductividad de la tierra, la falta de mano de obra calificada y la debilidad institucional.
En El Mirador no hay escuela ni un puesto de salud. El agua es provista por la empresa dueña del terreno y la luz solo llega a las familias que pueden pagarlo.
En tanto, en Quejá, el alcalde afirmó que no puede invertir en escuelas o en salud puesto que el área fue declarada inhabitable. “Ahí no se puede invertir, porque está declarado inhabitable, como Municipalidad no puedo invertir en el tema de agua, no puedo programar la construcción de un nuevo establecimiento educativo porque la ley no me lo permite”, destacó Choc.
La coordinadora de Cristosal indicó que el Estado es responsable de la reubicación de las familias o el retorno con restitución de los derechos de las personas desplazadas y que para su reubicación se tiene que declarar inhabitable el lugar, tal como ocurrió en Quejá, zonas que ya no son incluidas en las políticas públicas.
Además, Salazar mencionó que el regreso de las personas a su lugar de origen, es algo demasiado común. Una solución más viable es la implementación de políticas de desarrollo local antes de ser declaradas inhabitables, en una reubicación tienen que valorarse las condiciones del lugar, porque cuando la gente regrese y el Estado ya la borró del mapa ya no habrá acceso a ningún servicio, dijo.
El futuro incierto de las familias desplazadas
Según informaron algunos vecinos, antes del deslave Quejá era una comunidad próspera que se dedicaba a la agricultura y al comercio de café, cardamomo, pacaya, maíz y fríjol. En la aldea varias casas estaban construidas de block e incluso eran de varios niveles, ya que la migración hacia Estados Unidos hacía posible invertir más en las viviendas. El costo de algunas propiedades que quedaron soterradas estaba arriba de los Q500 mil, recordaron.
Durante la visita a la comunidad se pudo observar que se están preparando terrenos para nuevas viviendas y algunas ya están en construcción, pese a que el lugar fue declarado inhabitable.
Pobladores como Adelaida indican que la única razón por la que no se mueven del lugar es porque no tienen a dónde ir. Sin embargo, quedarse ahí tampoco es una opción por el peligro que implica el cerro.
Según el alcalde, las familias de Quejá no se quisieron trasladar a El Mirador, por el arraigo en su comunidad. No obstante, se le preguntó a Adelaida si ella se trasladaría si tuviera la oportunidad de mudarse a un lugar donde sí tenga espacio suficiente para criar sus animales y cultivar, y respondió que sí.
Sus siembras y la crianza de animales le ayudan a sobrevivir al alto costo de la vida. Si el gobierno nos diera un terreno digno, sí aceptaríamos, pero si solo ofrece un pequeño espacio como El Mirador, no, indicó Tilom.
Por otro lado, las familias entrevistadas en El Mirador manifestaron su temor a ser desalojadas mientras el Estado no compre la finca. El alcalde Choc dijo que en una de las recomendaciones que se hizo a la CONRED es que las personas que viven ahí no sean desalojadas.
“Como se necesitan 330 lotes (para las familias de Quejá) sí hay lotes suficientes para recibir a las familias de Quejá”, manifestó el jefe municipal.
Sobre la negociación para comprar el terreno, señaló que depende del gobierno central. En esta gestión participan varias instituciones, entre ellas la CONRED, el Fopavi, el Viceministerio de la Vivienda y la Gobernación Departamental dijo Óscar Adrián Ba Tiul, encargado del proyecto de Reconstrucción de la Municipalidad.
Personeros de la aseguradora Fidelis informaron que hace dos meses se retomó la comunicación con el CIV y el FOPAVI con la intención de comprar la finca en donde está ubicada la colonia. “Esta gente obviamente le vamos a respetar su espacio y además si se puede apoyar a la gente que fue afectada por las tormentas, ahí los vamos a recibir” señalaron.
Asimismo, manifestaron que de ser adquirida dicha propiedad, de unos 500 lotes, las personas que ya están viviendo en el lugar no serán desalojadas, puesto que ingresaron a la colonia como parte de un proceso para solicitar subsidios para construir viviendas a FOPAVI.
Sin embargo, las familias que habitan en El Mirador viven en la incertidumbre, como el caso de Alberto Quix Maquín, quien vivía en la Nueva Esperanza, Cobán, “en una covachita”, cuando llegaron las tormentas. Con anterioridad, él había sufrido los efectos del huracán Mitch, en noviembre de 1998. Decidido a buscar un nuevo lugar donde vivir, reclamó unos pagos atrasados a su patrón en una finca en San Juan Chamelco.
Quix perdió su pierna derecha por un disparo que recibió, un hecho que le adjudica al haber reclamado sus derechos y ahora no puede trabajar. Sobrevive con la ayuda de sus hijos que trabajan en Cobán, Alta Verapaz. Él se trasladó a la colonia luego de la inundación. “Los Cocodes de allá nos dijeron que había un lugar acá que posiblemente nos iban a donar, es por eso que estamos acá, pero no se sabe nada, no nos han dado esperanza”, dijo.
Vivir esa situación, indicó, le parte el alma y se pregunta si algún día tendrá las escrituras del pequeño terreno donde construyó su casa. Ellos se aferran a la promesa de que la finca será comprada por el Estado. “Esa es la esperanza de uno, porque eso es lo que nos dijeron”, manifestó.
Este reportaje fue realizado con apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
