El 27 de abril es la fecha que marca el fraude en la elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). La mayoría de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) respaldó el fraude que impuso a un solo candidato. Ocho meses después, Walter Mazariegos, el rector de facto, no ha logrado sentarse en la silla de la Rectoría, porque hay una resistencia de estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales que exigen respeto a las leyes universitarias y nuevas elecciones.
Por Prensa Comunitaria
Ante la necesidad de “regresar a clases presenciales” en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Coordinadora General de Estudiantes (CGE) buscó en dos ocasiones un espacio de diálogo con el Consejo Superior Universitario, sin embargo, se negó a recibir las peticiones.
“Con el ánimo de resolver a la brevedad la crisis, pero también para garantizar un ambiente sano y honesto que pudiera dar paso a un diálogo, remitimos este memorial proponiendo un diálogo; también solicitamos varios documentos de naturaleza pública”, fue la primera solicitud que envió la CGE el 31 de agosto, pero la petición fue rechazada.
Entre los documentos solicitados estaban los contratos del uso de las instalaciones del Parque de la Industria, el 14 de mayo, cuando se realizó la elección a rector; asimismo, saber si el CSU solicitó al Ministerio de Gobernación (MINGOB) sobre a la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC); y contratos con la empresa de seguridad privada y el nombre de la misma.
Este 21 de diciembre, en la casa Flavio Herrera, en la zona 11 capitalina, la Coordinadora presentó una segunda solicitud de diálogo, pero tampoco fue recibida. Al respecto, el sector estudiantil dijo: “demostramos nuevamente la negatividad de las autoridades universitarias para iniciar el diálogo, evidenciando que el retorno a las actividades presenciales es un mero discurso falaz para eludir responsabilidades ante esta crisis (que provocó el fraude electoral) y una intentona de quebrar el movimiento (en resistencia)”.
El Frente Universitario por el Rescate de la USAC, que aglutina a organizaciones de docentes, llamó al diálogo en junio pasado y tampoco recibió respuesta de quienes integran el Consejo Superior Universitario.
“La respuesta del CSU ha sido, reiteradamente, desconocer a los grupos estudiantiles organizados en la Coordinadora General de Estudiantes y a otros sectores, e ignorar al sector docente y personal administrativo y de servicios”, señaló un grupo de docentes en un comunicado publicado en redes sociales, el 13 de diciembre.
Respecto a estas peticiones, algunos miembros del CSU que apoyan la resistencia contra el fraude electoral, pusieron en la agenda del Consejo las solicitudes del sector estudiantil, pero al votar, 24 de los 42 consejeros que lo integran rechazaron las peticiones, cita el Frente Universitario de docentes.
Sin planes de retorno a la presencialidad
“Walter Mazariegos se lava las manos al hablar de la presencialidad para el año 2023. ¿Por qué en julio de este año, cuando el país ya estaba abierto por la pandemia COVID-19, decidió mantener la virtualidad en las clases? La respuesta es obvia. Sabía que la presencialidad daría más fuerza a la resistencia contra el fraude”, señala un docente del Centro Universitario de San Marcos (CUSAM), quien a condición de anonimato habló con Prensa Comunitaria.
A pesar de que el regreso a clases presenciales es un reto para la USAC, cuando el Consejo Superior Universitario anunció la presencialidad, el pasado 9 de diciembre, no mencionó los mecanismos, por el contrario, delegó la decisión a Juntas y Consejos Directivos de cada unidad académica.
Por su parte, la Coordinadora General de Estudiantes y profesores organizados coinciden en que la presencialidad es necesaria para el desarrollo académico, ya que desde marzo de 2020, cuando la pandemia llegó al país, las autoridades universitarias no crearon las condiciones adecuadas.
Días después del anuncio a la presencialidad, el Frente Universitario por el Rescate de la USAC señaló: “el CSU y la administración universitaria deberán garantizar, basándose en criterio de técnicos sólidos, que el retorno a la presencialidad se realice considerando la capacidad de los recintos universitario, la sobrepoblación estudiantil, la optimización de los procesos administrativos, la priorización de los cursos prácticos y el impacto económico de la realidad nacional post pandemia, entre otros”.
El planteamiento de este sector coincide con la cifra de estudiantes inscritos en la Universidad a nivel nacional. Según datos del Departamento de Registro y Estadística, en 2019, había inscrito a 187 074 estudiantes, una cifra que aumentó a 216 282 en todo el país, en 2022.
Además, dijeron que “la toma pacífica de las instalaciones universitarias” es un recurso para el respeto a las leyes universitarias ante el fraude electoral. “Es una respuesta ante la permanente prepotencia y abuso de poder de las autoridades universitarias de no acatar las normativas respectivas”, concluyó.
Menos diálogo y más criminalización
El 28 de mayo, la USAC denunció penalmente a sus propios estudiantes. Guillermo Alfredo Hernández Escobar, abogado y contratista de la USAC, denunció penalmente a los estudiantes universitarios y los acusó del delito de usurpación agravada. A esta se sumaron dos más, por el mismo motivo y contra otros estudiantes.
Entre julio y diciembre de este año, las represalias contra quienes alzaron su voz en contra del fraude se expresaron de diferente manera. Entre estas, auditorías internas dirigidas a docentes de Centros Universitarios de Huehuetenango y Quetzaltenango, por ejemplo; cartas de auditoría interna contra estudiantes, representantes docentes de la Facultad de Odontología y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
En el caso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC), las autoridades expulsaron a dos estudiantes representantes ante el Consejo Directivo y bloquearon el ingreso al representante de profesores a las reuniones de este Consejo, porque los estudiantes y el docente han mostrado su rechazo al fraude en la USAC públicamente.
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La Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería bloqueó el ingreso de notas del semestre que finalizó en noviembre pasado, afectando a más de 600 estudiantes que expresaron su rechazó contra el fraude y la exigencia de nuevas elecciones.
Camilo García, estudiante de Química, está a la espera de una notificación del Consejo Superior Universitario (CSU), en la que se decidirá un proceso disciplinario en su contra. Llamarle “usurpador” a Walter Mazariegos provocó el enojo de la administración de facto contra el representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
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Cuando comenzó la resistencia y el resguardo de edificios universitarios en rechazo al fraude, el uso de las redes sociales para desprestigiar, amenazar e intimidar al sector en resistencia se ha incrementado.
Entre estos, el uso de grupos de WhatsApp para revelar información personal de profesores, estudiantes y trabajadores por las propias autoridades. Ante estos casos, el 1 de junio, se presentaron 13 denuncias ante el Ministerio Público. Y en agosto, una red de netcenters atacó a profesores y estudiantes, principalmente en las redes sociales de Twitter y Facebook.
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“No podemos permitir que el fraude quede como si nada. No podemos permitir que la corrupción se normalice en la USAC. Si nos quedamos callados, sino hacemos nada, entonces, la educación universitaria pública está perdida”, dijo el mismo docente de CUSAM.
“En 2023 seguiremos en resistencia. Estamos conscientes que nos enfrentamos a un sistema, a una red establecida dentro y fuera de la USAC. ¿Por qué ninguno de los amparos se ha resuelto? ¿Cómo se explica el uso de la fuerza policial en el Parque de la Industria el 14 de mayo y el 21 de junio en la elección del Magistrado (ante la Corte de Constitucionalidad en representación de la Universidad) Héctor Pérez Aguilera?, cuestionó.
Retos del movimiento en resistencia
“Dejamos de organizarnos y de participar desde hace muchos años. No nos dimos cuenta a qué hora tomaron el control de los puestos de decisión en la USAC y en los Colegios de Profesionales. Hasta que vimos que Estuardo Gálvez y Murphy Paiz habían sido capturados y después el fraude en la elección a rector, entendimos la gravedad de la situación”, dijo el docente.
Una estudiante en resistencia contra el fraude electoral señaló: “hemos aprendido mucho. Las discusiones entre nosotras y nosotros han sido largas. Hemos cometido errores. Incluso, confiar en quien no debíamos. Aprendimos a organizarnos, el miedo nos impulsa y no nos paraliza. Lo que aprendimos en la resistencia nunca nos lo van a enseñar en las aulas. En este país, donde todos se acomodan y agachan la cabeza, es algo que no estamos dispuestos a aceptar. No es la vida que queremos. La Universidad es una herencia que nos dejaron y que debe prevalecer por nosotros, nosotras y los que vienen”.
Tanto el docente como la estudiante coinciden que la resistencia para el 2023 será distinta. Aseguran que la ingobernabilidad será la nueva normalidad en la USAC.
El movimiento de resistencia contra el fraude electoral en la USAC cumple ocho meses este 27 de diciembre. Después de las tomas estudiantiles de 2010 y 2019 es el movimiento más largo.
