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Créditos: Juan Rosales
Tiempo de lectura: 6 minutos

 

La abogada quetzalteca Virginia Laparra lleva 279 días en prisión preventiva. El mismo día que Amnistía Internacional la declara presa de conciencia, inicia el juicio oral y público en su contra acusada de abuso de autoridad en forma continuada. 

Esta organización considera que en la acusación en su contra hubo serias deficiencias y múltiples irregularidades en el manejo del caso. Es la primera exfiscal de la FECI que llega a juicio durante la administración de Consuelo Porras, quien ha desatado una persecución contra varios exfiscales de la misma fiscalía y otras Fiscalías como la de Corrupción, que han mostrado su compromiso en la lucha contra la impunidad.

Por Regina Pérez

Con acciones de respaldo tanto en las afueras de Torre de Tribunales en la capital, como en las redes sociales, Da inicio el juicio en contra la abogada quetzalteca de 42 años Virginia Laparra exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, por una acusación del exjuez Lesther Castellanos, quien la señala de haber incurrido en abuso de autoridad en forma continuada por denunciarlo en cuatro ocasiones por la vía administrativa.

El exjuez Lesther Castellanos, denunciante de Virginia Laparra, en la audiencia de inicio de debate oral y público. Foto Juan Rosales

En el quinto nivel de la Torre de Tribunales, en una sala amplia se aglutinaron periodistas, observadores internacionales y de derechos humanos, entre otros, para observar el juicio.

Es una de las pocas veces en que una audiencia hay observación y prensa, ya que en todas las audiencias no se permitió el ingreso de periodistas. Alrededor de las 10 de la mañana el juicio dio inicio. La jueza ordenó quitarle los grilletes.

Más adelante Virginia se quitó la mascarilla y la jueza del Tribunal, Oly González, la reprendió, argumentando que hacía “gestos” mientras escuchaba la intervención de su denunciante, Lesther Castellanos, que la puso en prisión 279 días, tiempo en el que no ha podido ver a sus hijos, ni a su familia ni a sus amigos porque todos residen en Quetzaltenango.

La abogada defensora Wendy López presenta sus argumentos en el juicio de Laparra. Foto Juan Rosales

La jueza también llamó la atención de los observadores, personas presentes en la sala y a las partes del proceso, prohibió el uso de celulares, tomar fotos o notas de lo que sucedía en la audiencia “ni hacer gestos de aprobación o improbación”.

Virginia al final se abstuvo de declarar, pero fue amonestada por la jueza para que le diera sus datos personales. Cuando le preguntó la edad y nombre de sus hijas, a la exfiscal se le quebró la voz. También al dar declaraciones a la prensa sobre su familia, al mismo tiempo dio las gracias por las muestras de solidaridad que ha recibido. Ella contó que el exjuez Castellanos buscó a su madre para que ella la convenciera de aceptar los cargos en su contra, de lo contrario el proceso iba a continuar.

“Mami te amo, gracias por tu fortaleza, hermano de mi vida te amo, gracias por todo tu apoyo, mis hermanos, sobre todo a mis hijas, las amo con todo mi corazón, estoy aquí para ustedes y por ustedes tengo mi conciencia tranquila de que todo lo que se hizo con los parámetros legales y era mi responsabilidad, lo que había que hacer” indicó.

La acusación del MP en contra de Laparra

En la primera parte de la audiencia el fiscal del Ministerio Público, Noé Nehemías Rivera, realizó la acusación en su contra, que se centra en el hecho de que ella, puso cuatro denuncias contra del exjuez Lesther Castellanos, el denunciante en este caso y también querellante por solicitar en calidad de juez copia certifica de una declaración testimonial cuando él ya no era juez contralor del caso y por comisión de una falta grave al aparecer en Vea Canal dando declaraciones falsas sobre ella.

La exfiscal ofrece declaraciones a periodistas al finalizar la jornada. Foto Juan Rosales

Las cuatro denuncias fueron administrativas, puestas entre el 1 de octubre al 30 de octubre de 2018, por faltas graves y faltas gravísimas ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial. Según el Ministerio Público esto es “en perjuicio de la administración pública”, bajo los argumentos de que Virginia no tenía la facultad de interponer dichas denuncias como fiscal,  por no haber tenido autorización para ello.

Al hablar el exjuez Lesther Castellanos, dijo que la exfiscal presentó multidenuncias en su contra y sin denuncia previa “ella misma las crea, ella misma las investiga como fiscal” buscando procesar a un juez de Mayor Riesgo cuando no tenía facultades para ello.

Castellanos, electo como Relator contra la Tortura por el Congreso, expuso que Virginia Laparra fue denunciada por su función como funcionaria pública. Castellanos se extendió en los antecedentes a lo cual la jueza le pidió centrarse en los hechos de la denuncia.

La abogada defensora de Virginia, Wendy López, dijo que ella únicamente ejerció una función delegada en la ley y en la Constitución y al darse cuenta de acciones anómalas de un juez, activó mecanismos de control judicial y por eso ejerció una función en ese margen.

La jueza Oly González hizo varias preguntas a Virginia Laparra quien se abstuvo de declarar. Foto Juan Rosales

Fue enfática en decir que al activar una denuncia penal la están criminalizando, abusando   del derecho penal en acciones legales, a las que se les quiere dar una apariencia de ilegalidad. “Es un típico caso de criminalización basado en argumentos falaces”, indicó.

La abogada Claudia González, también defensora de Virginia, pidió a la jueza considerar medios de prueba que demuestran que hay otros fiscales y agentes que han presentado denuncias administrativas en la Junta de Disciplina sin que por eso hayan tenido una imputación o que se les haya perseguido penalmente por el MP. También interpuso un incidente de falta de acción por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN) argumentando no puede ejercer doble calidad, ya que esta institución ejerce la representación del Estado y a la vez también es parte acusada, ya que la exfiscal estaba en funciones.

Se discute si exjefe de la FECI declarará como testigo 

Durante la audiencia también se discutió si Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI quien está exiliado en Washington, puede declarar como testigo a favor de la exfiscal. El MP como todos los querellantes, se enfocaron en la situación actual de Sandoval, contra quien la Fiscalía ha girado al menos cuatro órdenes de captura. En la audiencia del 29 de noviembre se confirmará si Sandoval podrá declarar como testigo en un consulado de Guatemala.

Para la segunda jornada se espera escuchar a los querellantes y algunos testigos propuestos por el MP en este caso. No figurarán ni Sandoval, ni el abogado Omar Barrios, afín al Ejecutivo, quien no acudió a la audiencia por encontrarse fuera del país.

Miembros de Centinelas expresan su apoyo a Virginia afuera de Tribunales. Foto Juan Rosales

Desde tempranas horas de la mañana, activistas y miembros del sector interreligioso Centinelas protestaron afuera de Tribunales, en solidaridad con Virginia. Otros grupos le mostraron su apoyo con protestas en Quetzaltenango y Antigua Guatemala.

A nivel internacional, gremios como el Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association por sus siglas en inglés) se pronunciaron por su detención por más de 9 meses, por los reportes de violación al debido proceso y las condiciones en que está recluida en la cárcel de Matamoros.

 

A pesar de que está siendo acusada por un delito menor, ha estado recluida en solitario confinamiento en una de las prisiones más notorias del país. Evaluaciones legítimas independientes, realizadas por grupos como Human Rights Watch han calificado su situación como una detención arbitraria, señaló el Colegio.

El caso de Virginia Laparra forma parte de una serie de procesos penales que la administración de Consuelo Porras ha emprendido en contra de operadores de justicia de varias Fiscalías, abogados y jueces de Mayor Riesgo como Érika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. Al menos 26 operadores de justicia se han ido del país debido a esta persecución en su contra, un dato que ha levantado alarma a nivel internacional.

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