Nuevamente las asociaciones estudiantiles de la USAC piden al Consejo Superior Universitario (CSU) información relacionada a contratos, convenios y circulares relacionados al fraude en la elección de rector en esa casa de estudios.
Por Regina Pérez
Representantes de asociaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos (USAC) pidieron al Consejo Superior Universitario (CSU) información sobre contratos y convenios con el Parque de la Industria, el Ministerio de Gobernación y el hotel Tikal Futura, relacionados al fraude en la elección de rector, concretado el pasado 14 de mayo cuando Walter Mazariegos fue el único candidato al que se le permitió su participación.
En una conferencia de prensa, donde participó la Coordinadora General de Estudiantes (CGE), creada a raíz del fraude, los representantes estudiantiles indicaron que por medio de un oficio solicitaron al CSU, con base en la Ley de Acceso a la Información (LAIP), varios contratos y acuerdos, como el contrato con la organización que administra el Parque de la Industria, donde se llevó a cabo la elección de rector, el 14 de mayo.
Esta información ya había sido solicitada con anterioridad a las autoridades del CSU por parte de la Coordinadora, desde el 31 de agosto, o sea, hace 54 días, sin embargo, hasta la fecha el Consejo no les ha respondido.
“Esto deja en evidencia que la administración que se encontraba de turno no buscaba ni tuvo las intenciones honestas para solucionar la actual crisis universitaria”, indicaron los estudiantes.
Las asociaciones estudiantiles pidieron al CSU el convenio o solicitud dirigido al Ministerio de Gobernación, por medio del cual dicho Consejo solicitó la presencia de agentes policiales el 14 de mayo y de Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) afuera y dentro del Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de la capital.
Ese día, se pudo a observar a agentes de la PNC quienes garantizaron que la comunidad universitaria que no estaba de acuerdo en cómo se procedió a elegir al rector, no pudiera ingresar al recinto.
Según información que surgió después y que fue confirmada por el mismo ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, fue el Consejo el que solicitó la presencia policial en el Parque de la Industria, porque supuestamente iba a haber disturbios y que gente iba a estar “encapuchada”.
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Ese día también se observó a agentes de seguridad de una empresa privada en los alrededores de las instalaciones del Parque de la Industria. El estudiantado solicitó al CSU el nombre de la empresa que brindó los servicios y el contrato.
Otro contrato que pidieron al Consejo fue el que se firmó con el hotel Tikal Futura, para arrendar el salón donde se realizó la elección de la representación de la USAC ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el 21 de junio, cuando la policía llegó a reprimir y a disolver a los estudiantes que manifestaban su desacuerdo con el fraude electoral. Ese día periodistas también fueron afectados por las acciones de las fuerzas de seguridad.
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Por ello, una de las peticiones al CSU fue la autorización de la dependencia de la USAC que solicitó la presencia de los agentes de la PNC.
También pidieron el acuerdo o circular por medio del cual las autoridades citaron a trabajadores de la USAC el 4 de agosto de 2022, en la entrada por el Periférico, cuando personal de la Dirección General de Administración (DIGA) intentó ingresar a la fuerza al campus, tomado por los estudiantes desde el 19 de mayo.
Como en la primera solicitud realizada por la Coordinadora, en esta ocasión las asociaciones estudiantiles dieron un plazo de cinco días al CSU para que repondiera a sus peticiones, sin que estas solicitudes signifiquen que ellos validen y legitimando a la Comisión de Diálogo creada por el Consejo el pasado 27 de julio, sino que únicamente permitirá crear las condiciones para un posible diálogo, señalaron.
De acuerdo con LAIP, están obligadas a entregar información todas las entidades del Estado o de otra naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcial, recursos o aportes del Estado. La USAC recibe, por ley, el 5 % del Presupuesto General del Estado.
Toda información en poder de estas entidades es pública, con excepción de la relacionada a asuntos militares clasificados como de seguridad nacional, o aquella relacionada a asuntos diplomáticos, también considerados bajo ese criterio. La ley establece un plazo de diez días para entregar la información solicitada o de no existir la misma, notificar de esto a los solicitantes.
