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Créditos: El Faro: Víctor Peña.
Tiempo de lectura: 3 minutos

La FECI de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche anunció la cuarta orden de detención contra Sandoval, quien insiste en que es una renovación del acoso y persecución penal en su contra. El ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI se encuentran en el exilio.

Por Héctor Silva Ávalos

Rafael Curruchiche, el ahora jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y señalado por Estados Unidos como actor corrupto y antidemocrático, anunció el martes 19 de octubre que el Ministerio Público MP, había emitido una nueva orden de captura contra Juan Francisco Sandoval, su antecesor, por el delito de obstaculización de la acción penal. “…orden nacional e internacional” citó leyendo un telepronter en la mañana del 19 de octubre.

La nueva orden, dijo Curruchiche, tiene que ver con un expediente en el juzgado 4º de Primera Instancia Penal, el cual conoce el caso de sobornos y corrupción de exfuncionarios públicos y otros vinculados a la constructora Odebrecht, cuya investigación Sandoval lideró cuando estuvo al frente de la FECI hasta que la actual fiscal general, Consuelo Porras, también señalada por Washington de antidemocrática y corrupta, lo despidió.

En un video difundido en la cuenta de Twitter del MP, Curruchiche explica que esta vez van contra Sandoval por los mensajes de telefonía que el exfiscal intercambió con Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y parte del equipo de defensa de Sandoval. Contra Santizo también se giró una nueva orden de captura, luego que fuera desestimado el proceso penal anterior.

Prensa Comunitaria conoció, por documentos judiciales y una querella a la que ha tenido acceso, que el MP, obtuvo la información de un teléfono celular que le decomisó a Santizo la primera vez que la detuvo, el 10 de febrero de este año. En ese primer caso, del que es querellante la Fundación contra el Terrorismo (FCT), un juez decretó reserva. A pesar de eso, según una denuncia interpuesta por Santizo, el MP filtró de manera arbitraria a los querellantes la información que, ahora la FECI está utilizando para acusar a la exmandataria y a Sandoval.

En esencia, los mensajes entre Santizo y Sandoval presentados por Curruchiche muestran una comunicación entre una abogada y su defendido. Eso, la FECI de Porras, lo interpreta como obstaculizar la acción penal.

Sandoval reaccionó a los pocos minutos de conocerse la nueva acusación del MP a través de sus redes sociales. “Lo único que denota es que estoy en comunicación con una de las abogadas que forma parte del equipo”, dijo el exfiscal.

Uno de los principales argumentos de Curruchiche es que Sandoval tuvo acceso privilegiado a información de un proceso que tiene reserva. Para el exjefe de FECI esto es un contrasentido: “Se habla de un caso que estaba reservado, pero no estaba reservado para mí, porque el mismo fiscal habla de una orden de captura que yo tenía en una de esas causas”, dijo.

Ni Curruchiche ni su jefa, la fiscal general Porras, se han pronunciado sobre la acusación que Santizo hizo contra dos fiscales por hacer precisamente eso, filtrar información a la Fundación contra el Terrorismo de Ricardo Méndez Ruiz, que se ha querellado tanto contra la exmandataria como contra el exfiscal Sandoval. El MP tampoco a acusado a la FCT por “obstaculización de la acción penal”.

El caso por el que ahora el MP persigue a Sandoval y a Santizo está relacionado con el fraude de Odebrecht en Guatemala, en el que aparecen implicados entre otros Alejandro Sinibaldi y el recién retornado Manuel Baldizón, quien fue deportado de Estados Unidos tras cumplir en aquel país parte de una sentencia por lavado de dinero. A Baldizón ya la justicia guatemalteca empezó a favorecerlo tras su regreso. No solo el MP lo ha aceptado como querellante adhesivo en un caso contra Sandoval y la exfiscal general Thelma Aldana, sino que una jueza lo liberó, de forma exprés, de tres delitos en otro caso, conocido como Transurbano.

Para Sandoval, el asunto es claro: “El mensaje que está mandando la fiscalía es que ni siquiera podemos ejercer la defensa… y que no puedo hablar con los medios de comunicación”.

En su anuncio reciente, el fiscal Curruchiche también dejó entrever la posibilidad de que en este nuevo caso se incluya a la jueza Erika Aifán, también por el caso Odebrecth. Así, la persecución contra los investigadores, fiscales y jueces que tuvieron a su cargo casos de corrupción continúa sin mayores problemas bajo el liderazgo de dos fiscales, Porras y Curruchiche a los que Estados Unido sancionó precisamente por obstruir las investigaciones contra los corruptos.

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