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“Quieren garantizar que la impunidad del pasado se haga efectiva en el presente” (II parte)

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Créditos: Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Javier de León Villatoro

Es en este escenario del caso del Diario Militar en el que se disputa una pequeña porción de la historia reciente del país. Se intenta retirar del Organismo Judicial a jueces y juezas que han llevado casos de la guerra civil en Guatemala; se pretende borrar las resoluciones y las sentencias condenatorias de los juzgados y tribunales en casos de justicia de transición y poner en riesgo la garantía de acceso a la justicia para las víctimas de la guerra. En esa medida también se niega la posibilidad de que la sociedad guatemalteca conozca lo que le pasó como país.

El camino para las familias de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones que han buscado justicia por más de 30 años no ha sido fácil y tampoco se detiene. Habituados a caminar para buscar justicia, un grupo de familiares de personas desaparecidas lo inició desde el momento en que sus familiares fueron desaparecidos. Lo hacen por una necesidad humana y política: saber quiénes ordenaron y tuvieron la responsabilidad de decidir los últimos minutos de la vida de sus padres, madres, hijos, hijas, tíos y tías…

Para la abogada Jovita Tzul Tzul, especializada en derechos humanos y defensora de las querellantes Wendy Santizo y Alejandra Cabrera, los nueve militares en retiro y expolicías que fueron enviados a juicios y los cinco más que están a la espera de la etapa intermedia, “están siendo juzgadas bajo el respeto al derecho de defensa, con garantía de los derechos humanos, principalmente el de la salud”. Además considera que las resoluciones del juez Gálvez, han sido tomadas bajo lo que establece la Constitución y la legislación nacional.

La abogada Tzul dijo a Prensa Comunitaria que el proceso de retiro del antejuicio al juez Gálvez pone en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas y de los sobrevivientes y que el caso del Diario Militar desnuda “la situación de este país, en cuanto a su política de desaparición forzada durante las décadas del conflicto armado”.

Pese a que la defensa de los militares y expolicías señalados busca eludir la justicia valiéndose de la edad y la salud de sus patrocinados, Manuel Farfán, director de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA) querellante en el proceso, dijo a Prensa Comunitaria que “el poder ver a responsables sentados en el banquillo (de los acusados) y señalados por el Ministerio Público es una satisfacción muy grande, para alcanzar justicia por tantos años que hemos luchado para obtenerla”.

Farfán asegura que en la actualidad existe una campaña de obstaculización al acceso a la justicia para las víctimas que también han observado en el pasado, pero dice que esas acciones no los detendrán. “Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para dar continuidad a lo que a nosotros nos corresponde como familiares y como querellantes, para que se pueda seguir caminando con este proceso”.

Aunque reconoce lo incierto que puede ser el resultado del proceso de antejuicio del juez Gálvez, también expresa su respaldo al trabajo que ha hecho y a la garantía jurídica e imparcial que ha dado desde el Juzgado de Mayor Riesgo B.

El director de Famdegua considera que el contexto actual es un momento oscuro para los procesos de justicia transicional. Las acciones del Congreso -con la nueva propuesta de amnistía a militares acusados de violaciones a los derechos humanos-, la cooptación del sistema de justicia y de la Corte de Constitucionalidad, lo confirman.

Para la abogada Tzul, las estrategias de dilación que se han visto en el caso del Diario Militar son una práctica que se ha visto en casos anteriores. Los recursos inviables que buscan retardar el trámite de los procesos y violentar los plazos razonables y la posibilidad de las víctimas de acceder a la justicia, son algunos de los elementos que ha podido observar.

Las propuestas de ley que buscan dejar en la impunidad a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, los despidos y querellas contra personal de la Fiscalía de Derechos Humanos y las denuncias en otras instancias son, en opinión de la abogada Tzul, acciones para dejar sin castigo a los responsables.

Limitar la actuación de fiscales y jueces independientes son acciones que no solo les afectan a ellos sino a toda la sociedad, analiza Tzul, y señala que en los casos de justicia transicional “el conocer la verdad de los hechos que pasaron en este país es un derecho de las víctimas y sus familiares, pero también es un derecho para toda la sociedad y las generaciones actuales, que no sabían que estos hechos ocurrieron en Guatemala. Eso es parte del derecho a la verdad, por eso es que creemos que afecta a toda la sociedad”. Por eso, anota, quieren “garantizar que esa impunidad del pasado se haga efectiva en el presente”.

Tanto la abogada Tzul como Manuel Farfán coinciden en que la sociedad guatemalteca asiste a una regresión de la época de guerra en el país cuando se generaban acciones y castigos ejemplificantes para evitar que otras personas pudieran organizarse o disentir con el sistema. El resultado de eso, dice Tzul, fue la desaparición de miles de personas, la privación de la vida de cientos de personas en Guatemala, instalándose una política de terror, a la que llama: “terror generalizado” que se instaló en la sociedad y que hace que mucha gente tenga miedo de hablar porque les puede pasar lo que a las otras personas.

Lee la primera parte de la nota en el siguiente enlace:

Diario militar: ¿el último caso de la justicia de transición en Guatemala? (I parte)

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