Por Regina Pérez
El sistema de justicia guatemalteco atraviesa una situación contraproducente. Al menos 22 operadores de justicia, exmagistrados, exjueces, exfiscales y dos exfiscales generales están en el exilio, a donde se vieron forzados a refugiarse debido a que el sistema de justicia para el que trabajaron no les dio garantías suficientes de protección a su vida e integridad.
Los operadores de justicia en el exilio apoyaron la lucha contra la corrupción, un esfuerzo que cobró mayor fuerza durante la gestión de Thelma Aldana en el Ministerio Público (MP) y de Iván Velásquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Tras la llegada de Consuelo Porras al MP en 2018 y la salida de la CICIG en 2019, con la permanencia de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ocupan los puestos de manera ilegal, según abogados, al que llegaron mediante procedimiento dudoso de elección en 2014, la situación de los operadores de justicia se ha complicado, al punto que varios de ellos han tenido que irse, como la exjueza Erika Aifán, o han sido víctimas de solicitudes de antejuicio espurios, tramitados por la CSJ, como el caso del juez Miguel Ángel Gálvez.
Desde el MP, dirigido por Porras, la fiscal general incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de EE.UU., se ha emprendido una persecución penal a fiscales y exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía Contra la Corrupción y se ha destituido a fiscales de carrera.
Esta situación, entre otras razones, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a incluir a Guatemala, en su informe anual 2021, en la “lista negra” de países que violan derechos humanos, el apartado IV. b, que provocó una airada respuesta del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Prensa Comunitaria conversó con Úrsula Indacochea, directora del programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), una organización regional que promueve el Estado de Derecho en América Latina, quien nos habló sobre esta regresión en la justicia y en la democracia en Guatemala y la necesidad de que el Sistema de Naciones Unidas dé un seguimiento a lo que ocurre.
Indacochea considera que el sistema de justicia guatemalteco está diseñado no para servir los intereses de la justicia y de las mayorías, sino de las élites políticas, lo cual no podría tomar otra dirección con el cambio de funcionarios sino que requiere de reformas más profundas en el sector justicia que el país ha evitado.
Sobre la Lista Engel publicada la semana pasada, aún no oficializada por el Departamento de Estado, señala que tiene un componente novedoso, que es la inclusión del sector empresarial, algo que habían pedido organizaciones y defensores hace mucho tiempo. Figurar en esta lista, explica, no solo tiene un costo personal para los individuos que se nombran en ellos, sino que desencadenan otros procesos.
Prensa Comunitaria: A nivel internacional, ¿Cuál es la percepción que se tiene de la democracia en Guatemala, del sistema de justicia, en un momento en que hay operadores de justicia independientes en el exilio y otros tienen antejuicios en su contra?
Úrsula Indacochea: El Estado de Guatemala se ha encargado y hace esfuerzos muy grandes para mostrar a Guatemala como una democracia y como una democracia saludable. Pero ha llegado a un punto donde eso no se puede tapar con un dedo. Y tener tantos operadores de justicia en el exilio es una variable que justamente ha contribuido a derrumbar esa imagen. Eso, más el reciente informe de la CIDH, sobre Guatemala, incluyéndola en el capítulo IV b, de su informe anual, que es donde están los países paria, por así decirlo, en materia de derechos humanos, ya lo puso en una posición complicada.
El Estado lo sabe, tanto es así que antes que el informe fuera publicado, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) vino a reunirse con la Comisión, a expresarle su desacuerdo con el informe cuando todavía el informe nadie lo conocía. La percepción que tenemos del Estado de Guatemala es un Estado que está utilizando, mecanismos aparentemente legales, para destruir la independencia judicial. Mecanismos que además existen para defender la independencia judicial, los está utilizando para atacar la independencia judicial.
Por ejemplo, el fiscal Curruchiche, celebrando que anulan el acuerdo de Odebrecht, celebrando que su contraparte ha ganado, supuestamente la Fiscalía está opuesta al acusado, pero acá la Fiscalía celebra cuando el acusado tiene una victoria. Es hasta contraintuitivo.
PC: Según su criterio, ¿Qué llevó a Guatemala a este retroceso en la justicia? ¿Cómo ven la cooptación del Estado?
UI: Yo no creo que esto sea la consecuencia de personas únicamente. Para mí el sistema guatemalteco está diseñado para eso, para hacer lo que está haciendo. No es simplemente que cambiando personas vayamos a solucionar el problema. Sino que desde la Constitución, cuando se pone a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema fuera de la carrera judicial, eso ya es un sistema que no tenga independencia interna. A controlar políticamente el grueso del órgano judicial. ¿Qué ha llevado a esto? Primero, creo que la gran causa es que no se ha hecho reformas constitucionales posteriores a los Acuerdos de Paz. Como sí lo hizo El Salvador y eso le permitió tener un periodo de reconstrucción, de fortalecimiento de su sistema de justicia. En el caso de Guatemala eso no ha sido así y las reformas constitucionales que propuso la CICIG y que fueron resultado de un diálogo bien amplio, fueron frenados por excusas, excusas que tenían que ver con la jurisdicción indígena, la pluriculturalidad, etc. Esto es un tema estructural, el sistema está construido para no servir los intereses de la justicia, sino servir los intereses de las élites políticas.
PC: En Guatemala, algunos abogados hablan de un “golpe de Estado al poder judicial”, esto porque el Congreso de la República debió haber electo a las altas Cortes desde 2019, pero no lo ha hecho. ¿Cómo analiza esta situación?
UI: Sí, creo que sí tienen razón. Creo que el hecho que no hayan elegido es la confirmación de que no existe una separación entre ambos poderes. Y también creo que si lo eligieran actualmente ya no tiene ningún sentido. Porque un proceso de selección está diseñado para que se recopile cierta información sobre personas, esa información se procese y se establezca quienes son las mejores personas de acuerdo a un perfil. Pero en tres años eso ya puede haber cambiado. Las personas pueden haber tenido doctorados, maestrías, en tres años, puede haber cometido delitos en tres años, pueden haber cometido faltas. Muchas cosas que ya no se van a ver reflejadas en el listado y por lo tanto, ya en este punto tendría que repetirse el proceso desde cero.
PC: En junio pasado la CIDH incluyó a Guatemala en la lista de países que violan los derechos humanos, por esta situación que atraviesan operadores de justicia, jueces, algunos magistrados, abogados y fiscales. ¿Qué preocupación despierta Guatemala, cuando en los últimos años encabezó una lucha contra la corrupción que ahora está en retroceso?
UI: Yo creo que esta situación ya se veía venir y en ese momento, en 2017, 2018, la preocupación era que el Estado rompiera cualquier tipo de cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos. Porque los organismos trabajan con los Estados, no pueden enemistarse del todo porque la protección de los derechos humanos necesita de los Estados. Y en ese momento esa era una preocupación. Para la Comisión Interamericana dar este paso de poner a Guatemala es un paso que ya se da cuando ya se han perdido todas las esperanzas de que el Estado coopere porque el Estado no va a las audiencias, porque no cumple las recomendaciones, porque no cumple las medidas cautelares, etc. Ahora que esa preocupación ya se hizo realidad, la siguiente preocupación es que haga lo mismo, pero respecto de la comunidad de Naciones Unidas, que ya sería el siguiente espacio donde países que han ido por esa misma deriva como Nicaragua, como Venezuela, también han tenido retrocesos. Ya es pasar de una escala más pequeña a una escala más grande.
PC: Hablemos de la Lista Engel. ¿Qué representa esta herramienta y qué implica que individuos guatemaltecos, ya sea funcionarios o empresarios aparezcan en esta lista?
UI: Se discute mucho los impactos de las listas. Creo que el principal impacto es el impacto de nombrar y señalar a las personas. Sobre todo porque personajes como la fiscal Consuelo Porras ya estaba en la lista y ahora se ponen funcionarios de un grado inferior y eso hace que esos funcionarios no puedan decir que estaban recibiendo órdenes y que ellos eran simplemente ejecutores. Para llegar a estar en esa lista se requiere reunir una cantidad de evidencia de que han tenido una participación como agentes creando o participando de esos actos de corrupción. El impacto personal es altísimo, algunas personas dicen que cuando ya te ponen en la lista ya no tienes nada que perder, no tienes nada que ocultar y sigues incluso de una manera más cruda. Yo no lo creo y creo que la última lista, en el caso de Guatemala, tiene un componente novedoso, que es tocar el sector empresarial, que es algo que estaba siendo pedido por organizaciones y por los mismos defensores que están en el exilio hace mucho tiempo.
PC: ¿Son suficientes estas medidas tomadas por Estados Unidos, cuando internamente se ha visto que a los funcionarios no les preocupa ser incluidos en dicha lista?
UI: Yo creo que no es suficiente pero sí es importante, porque genera una serie de consecuencias y desencadena otros procesos. Por ejemplo, no solo la afectación personal de los funcionarios que ya no tendrán el visado, que ya no podrán ir a los Estados Unidos. Sino lo que esto significa cuando estos funcionarios siguen en actividad, por ejemplo un ministro de Hacienda no puede fácilmente celebrar convenios de préstamos, esas listas desencadenan otras cosas y ese es el valor y el peso más importante, más que la afectación individual.
PC: ¿Qué papel debe de jugar la comunidad internacional sobre esta regresión democrática en Guatemala?
UI: Yo creo que es fundamental que la comunidad internacional empiece a escuchar otras voces distintas de las del Estado de Guatemala. El Estado y ha hecho muchos esfuerzos por proponer una imagen internacional del país, sobre todo en espacios como Ginebra, en el Parlamento Europeo donde por mucho tiempo se consideraba a Guatemala como una democracia saludable. Pero ahora el mismo Parlamento Europeo ha hecho una declaración muy fuerte. Viene el Examen Periódico Universal de Guatemala el otro año, lo cual va a obligar a los Estados de informarse de que es lo que está pasando realmente en el país. Y por lo tanto, es bueno que la comunidad internacional empiece a escuchar el otro lado de la historia, la historia de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, de las víctimas de la corrupción. Cuando hablo de víctimas de la corrupción me refiero a la población que no ve satisfechos sus derechos.
PC ¿Cuál es el mensaje a las y los operadores de justicia independientes que se resisten a salir del país a pesar de que el ambiente actual no es el mejor?
UI: Yo creo que en la línea que te mencionaba, esto no es un tema de personas, es un tema estructural. No podemos pedirles a ellos que sean héroes ni heroínas, que ya lo son, creo que esto es cíclico, va a acabar en algún momento, y ellos van a tener la oportunidad, -Dios quiera que no les pase nada a su integridad-, pero ellos deben pensar en el mediano y largo plazo. No les podemos pedir que se queden dentro porque el sistema se los va a comer.
PC: Finalmente, ¿qué significa para un país como Guatemala tener un sistema de justicia débil y parcializado, qué implicaciones tiene para los ciudadanos?
UI: Para Guatemala significa que la justicia va a estar condicionada a la afectación o no de los intereses poderosos, que no es un sistema de justicia, sino un sistema que trabaja para la injusticia. Probablemente puedan encontrar justicia en casos concretos, pero cuando ya se vean involucrados intereses más grandes, como los temas de proyectos extractivos, la propiedad de la tierra y el territorio, la política migratoria, la política de seguridad interna, todas estas cosas que afectan a muchas personas,-como por ejemplo en El Salvador que está en estado de excepción, Guatemala ha tenido estados de excepción en ciertas partes del territorio, -en esos casos la justicia va a estar condicionada a que no se afecten intereses poderosos. Para Guatemala significa renunciar a un mecanismo que proteja las libertades de los ciudadanos.
Indacochea finaliza la entrevista con una reflexión final, haciendo énfasis en que el Sistema de Naciones Unidas debe ver de cerca la situación de Guatemala.
UI: Yo creo que al igual que ocurrió en Venezuela en su momento y en Nicaragua más recientemente, es muy importante que el Sistema de Naciones Unidas empiece a mirar con especial preocupación la situación de Guatemala. Y esto implica, entre otras cosas, que la alta comisionada Michelle Bachelet informe periódicamente sobre la situación del país o que se empiece a debatir si es necesario un mecanismo más amplio, más holístico, que solamente los mandatos de los relatores especiales. La situación de Guatemala excede, en mi opinión, el mandato de los relatores individuales. Por ejemplo, el tema de la justicia no puede ser abarcado solamente por el Relator de la Independencia Judicial, porque el tema de la justicia es una pieza dentro de algo más grande. Entonces esto necesita un mecanismo de monitoreo más completo, de toda la situación, donde se muestre la forma en que las piezas enganchan entre sí. Sí, creo que ya que con el último informe de la CIDH, la probabilidad de que el Sistema Interamericano influya en Guatemala, le va a trasladar esa responsabilidad seguramente al Sistema de Naciones Unidas y ahí es importante que esto se empiece a discutir. Porque en el caso de Nicaragua se estuvo discutiendo mucho tiempo y ahora en el caso de Guatemala hay que empezarlo a discutir.
