Robo de tierras comunitarias, hostigamiento, destrucción de cosechas familiares, asesinato y criminalización, todo parte de una estrategia para desalojar a la comunidad Choctún Basilá, en donde la cooperativa empresarial Chilté tiene intereses económicos; como parte de ello, dos dirigentes comunitarios fueron condenados por un crimen que afirman no cometieron.
Por Juan Calles
Este 12 de julio, en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los abogados de Marcelino Xol Cucul y Jorge Coc Coc, presentarán un recurso de casación contra la sentencia de 35 años con la que fueron condenados por los delitos de homicidio consumado y de homicidio en grado de tentativa, por la muerte de Leonardo Coc Ical y la herida de Edgar Gabriel Polom, el 13 de julio de 2017, ambos empleados de la cooperativa Chilté, empresa que ha criminalizado a casi la totalidad de los dirigentes de la comunidad Choctún Basilá y les ha despojado de tierras comunitarias.
Los líderes comunitarios guardan prisión desde hace cinco años, aunque presentaron pruebas que demostraban que no estuvieron en el lugar de los hechos y que los testimonios presentados por el Ministerio Público (MP) son contradictorios y no los señalan directamente. Desde hace tres años esperan la vista pública de casación para demostrar su inocencia y solicitar que se repita el proceso, sin embargo, será hasta mañana 12 de julio que por tercera vez se intente presentar el recurso de casación.
La casación es un recurso especial con el que los dos dirigentes Maya Q’eqchi´, buscan anular la sentencia de un tribunal que los condenó injustamente. Este recurso permite cuestionar de forma o de fondo lo resuelto por cualquier tribunal de sentencia.
Choctún Basilá y la Cooperativa Chilté, una historia de robo de tierras
Los hechos por los que fueron condenados Coc Coc y Xol Cucul se dan en el marco de un conflicto de tierras entre la cooperativa Chilté y la comunidad Choctún Basilá, en Cobán, Alta Verapaz, donde el conflicto ha escalado en violencia y criminalización desde hace años.
Choctún Basilá cuenta con documentos que demuestran la propiedad de sus tierras, sin embargo la Cooperativa Chilté los ha despojado de grandes cantidades de tierra para la siembra de monocultivos y para lograr sus objetivos han criminalizado a los dirigentes de esa comunidad y han cometido actos violentos que han llevado al asesinato de líderes y comunitarios.
Chilté es una cooperativa adscrita a la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA), que está organizada por terratenientes y empresarios de la región que tienen intereses económicos en las tierras de Choctún Basilá, que registra 15 caballerías de bosque y área para sembrar.
Las estrategias que han utilizado para expulsar a los comunitarios, van desde la intimidación con armas de fuego, disparos al aire todo el día, destrucción de cosechas familiares, hasta la intimidación de sus autoridades y por último la criminalización y el asesinato. Por ejemplo, en mayo del 2018, en medio de una balacera, resultó asesinado José Xol Can, según testigos presenciales, fueron sicarios contratados por la Cooperativa Chilté quienes asesinaron a Xol Can.
A pesar de que han interpuesto más de noventa denuncias ante las autoridades de Cobán, no han sido tomadas en cuenta, a diferencia de las demandas en contra de los dirigentes comunitarios que han sido puestos en prisión acusados de crímenes que no cometieron, como es el caso de Marcelino Xol Cucul y Jorge Coc Coc.
La corrupción en el sistema de justicia permite condenas contra dirigentes comunitarios
“Vamos a pedir que se repita el proceso porque es muy evidente que se emitió una sentencia condenatoria con base en varios vicios, entre ellos violentar los principios de la sana crítica en cuanto a la valoración de la prueba” opinó la abogada Wendy Geraldina López Rosales, directora del Bufete para Pueblos Indígenas que ha tomado el caso de ambos comunitarios.
“Ellos fueron acusados por haber dado muerte a una persona y herir a una más, pero la persona fallecida tiene un sólo disparo que le causó la muerte, la otra persona tiene un rozón de bala, entonces es ilógico pensar que por un fallecido con una sola bala, estén condenadas dos personas, en todo caso, demostrar de que arma provino ese disparo, si se encontraron los cascabillos, hacer peritaje balístico, pero nada de esto se presentó en el debate en el que se les condenó”, comentó la abogada.
Coc Coc y Xol Cucul fueron condenados a pesar de que durante su proceso judicial, demostraron que no estuvieron presentes el día de los hechos en la comunidad; Jorge Coc Coc vive en la comunidad las Pacayas, a 40 minutos de distancia de Choctún Basilá; ese día estuvo cuidando a su padre enfermo y presentó testigos que dan fe de ello.
Por otro lado, Marcelino Xol Cucul es profesor y el día de los hechos estuvo dando clases a los niños en una comunidad de Chisec, a varias horas de Choctún Basilá. Demostró la veracidad de ello con actas de asistencia y actividades que él mismo organizó en la escuela en la que da clases y es director.
Además de todo lo anterior, algunos testigos, incluida la personas herida y el padre de Leonardo Coc Ical, fallecido en los hechos, señalan a otro individuo como el autor de los disparos, a pesar de que esa persona señalada fue capturada, días después fue puesta en libertad y desligada de los hechos.
“Suponemos que en algún momento hubo corrupción entre la persona que señalan como autora de los disparos y las autoridades judiciales, porque no entendemos por qué dejaron libre a la única persona que los testigos señalan de forma directa, entonces no podían dejar estos hechos sin condenas, y los últimos capturados en este caso que fueron Jorge y Marcelino quienes terminaron condenados”.
El juez que emitió las condenas de ambos comunitarios es Luis Alejandro Paniagua Herrera, quien ha conocido casos contra comunidades desalojadas y otros líderes comunitarios criminalizados.
En la región de Alta Verapaz, en donde se localiza la comunidad de Choctún Basilá, según la abogada Wendy López se conocen al menos 900 órdenes de captura contra comunidades enteras por conflictos de tierras, muy parecidos al caso de Choctún Basilá, en donde empresarios y terratenientes usan la estrategia de la criminalización para romper con la organización comunitaria que protege sus tierras del despojo abusivo de autoridades y empresarios. “Tenemos conocimiento de 900 órdenes de captura contra 3 comunidades completas, no dudo que en toda la región se llegue a un número de 3 mil órdenes de captura contra comunitarios”, concluyó la abogada.
