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Créditos: Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH. Abril de 2022. Foto: Juan Rosales.
Tiempo de lectura: 5 minutos

 

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañó la jornada inaugural del Encuentro Continental Mujeres, Territorio y Libertad de Expresión que se realiza esta semana en Guatemala.

Por Prensa Comunitaria

Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH desde 2020, reconoce que es un momento difícil en América Latina para el ejercicio de este derecho. Dice que, en general, el continente vive un “momento regresivo” para las libertades.

Vaca participó en varias mesas de reflexión durante la primera de cinco jornadas de un encuentro continental de periodistas comunitarios, feministas e indígenas que se han reunido en Guatemala desde el 25 de abril para discutir sobre los retos que este periodismo, ejercido desde las comunidades, enfrenta en un ambiente en el que la narrativa hegemónica suele ser impuesta por medios corporativos tradicionales y en el que contextos de regresión autoritaria en varios países de la región han agudizado la persecución y el acoso por parte de gobiernos y élites económicas.

“La libertad de expresión está en muchos problemas”, dijo Vaca durante una de las sesiones. Agregó: “Está siendo injustamente aporreado por quienes se supone que tienen que protegerla”, en referencia a escenarios recientes de persecución en países de Centroamérica y el Cono Sur por parte de los poderes políticos y administrativos, desde presidentes hasta poderes políticos y las fuerzas públicas.

“Muchas veces…”, consideró Vaca, “el reproche viene de los mismos parlamentos y es financiado con fondos públicos”.

Durante el encuentro, Vaca escuchó relatos de periodistas de Guatemala, El Salvador, México, Honduras, Bolivia y Colombia sobre casos recientes de persecución y acoso ejercidos desde los gobiernos de esos países.

Esos relatos tienen en común que involucran a víctimas de medios independientes, comunitarios y feministas, que han denunciado abusos del poder en sus respectivos países, desde depredación ambiental protagonizada por industrias mineras en complicidad con el poder político hasta el abuso en el uso de la fuerza pública y la estigmatización y violencia de género ejercida por presidentes y sus seguidores.

Gloria Muñoz, periodista mexicana, explicó, por ejemplo, que en su país ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de 2021, a lo que se suma el acoso promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien haciendo uso de la poderosa tribuna que le otorga su cargo, ha atacado directamente a periodistas que han criticado su gestión.

Sin hacer referencias a casos o Estados específicos, Vaca abordó el tema del acoso desde el poder. “Las personas que ejercen posiciones de poder y liderazgo tienen un parlante permanente desde el que defenderse (de los señalamientos hechos desde el periodismo), pero también puede servirles para estigmatizar a quienes lo critican sin responder a la crítica”, dijo.

La periodista comunitaria salvadoreña Bessy Ramírez, de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador (ARPAS), denunció que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha negado a renovar 9 de 18 concesiones del espectro radioeléctrico otorgados a radios comunitarias en su país a pesar de que ARPAS ya envió toda la documentación requerida a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Tres radios, contó Ramírez, han tenido que cerrar.

Desde Colombia, la periodista feminista Juliana Toro explicó que durante el gobierno de Iván Duque han aumentado los ataques sistemáticos a la prensa alternativa, sobre todo desde la fuerza pública, lo cual quedó en evidencia durante las jornadas de protesta social en 2019.

“En una sociedad democrática la violencia contra la prensa es una distorsión”, aseguró Vaca. Pero de acuerdo con los testimonios escuchados durante el encuentro regional en Guatemala, el acoso constante a la prensa, y en específico a la alternativa, comunitaria, feminista e indígena, es lo normal.

En el caso centroamericano, el acoso ha crecido en el marco de los giros autoritarios recientes. Ocurre en El Salvador, donde el presidente Bukele tiene el control absoluto de los poderes Legislativo y Judicial y del Ministerio Público. En marzo pasado, el gobierno salvadoreño pasó una series de reformas administrativas y penales que criminalizan a periodistas.

También está ocurriendo en Guatemala, donde el gobierno presidido por Alejandro Giammattei y el Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras ha criminalizado a periodistas comunitarios Maya Q’eqchi’ que trabajan con Prensa Comunitaria y que han documentado una alianza entre el Estado y una minera rusa que ha violentado los derechos de comunidades maya en Izabal. El acoso del gobierno guatemalteco se extiende a periodistas defensoras del territorio en todo el país y a reconocidos miembros de la prensa tradicional en la capital.

Todo este acoso ha generado, entre otras cosas, el desplazamiento forzado de periodistas en Guatemala y El Salvador. “Es una región que tiene ya la variable del exilio, y es un exilio silencioso”, advirtió Vaca.

Un derecho “especialmente protegido” que enfrenta persecución

Una de las formas más recientes de acoso y persecución documentadas por los periodistas que participan en el encuentro en Guatemala es el que ocurre a través del acoso cibernético que, en el caso de las periodistas, incluye ejercicio de violencia de género y acoso sexual.

La relatoría que dirige Pedro Vaca ya ha documentado también denuncias de este tipo de acoso, que usualmente es ejercido desde granjas de troles cibernéticos. “Se genera un tema de ruido y de hostigamiento tal para que (los periodistas) se arrepientan de hablar”, dijo el relator.

Vaca explicó que el discurso de interés político y relacionado a asuntos de interés público es uno que está especialmente protegido por la normativa interamericana. Esto por el poder del parlante comunicativo de los funcionarios que son señalados en estos discursos.

También merecen especial protección los discurso que configuran la identidad de quien habla. “Es aquí donde entra el derecho al discurso de los pueblos indígenas”, ejemplificó Vaca. Y es precisamente desde este derecho que ejercen su oficio los y las periodistas comunitarios, indígenas y feministas.

Uno de los recursos autoritarios a los que suelen acudir los regímenes autoritarios es al uso de la ley penal, que es la más drástica, para abordar controversias surgidas del ejercicio de la libertad de expresión. Tales son los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En estos regímenes autoritarios, además, suelen ser los líderes con más autoridad, como los presidentes, quienes abanderan el acoso. Eso tiene un efecto multiplicador.

También sin referencias concretas a Estados o políticos específicos, Vaca ofrece una reflexión general. “Cuando hay costo cero para un líder que hace esto, se genera una impunidad en casos de agresión a la prensa que es un incentivo para que otros repitan la agresión”.

“Este continente es violento, se conocen casos en que las agresiones son letales, y algunas veces la letalidad opaca otras violencias que también son graves, contra periodistas, como la incautación de equipos, la reserva de las fuentes y el derecho que tienen los y las periodistas de ejercer su trabajo en libertad”, concluyó el relator.

Tras las reflexiones compartidas con el relato Pedro Vaca, los periodistas que asisten al encuentro en Guatemala continúan un diálogo para compartir experiencias de resistencia. Cuando la jornada de reflexión concluya, todos y todas volverán a sus territorios a seguir ejerciendo su derecho de informar y denunciar, un derecho que debería estar especialmente protegido pero está ahora bajo un ataque brutal.

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