Por Simón Antonio Ramón
Entre el 14 y el 20 de abril, las periodistas Lesby Esmeralda Catún, de la Revista Retenamit; Irma Tzi, corresponsal de Nuestro Diario, y el periodista Ángel Palacios, sufrieron agresiones en Alta Verapaz y Quetzaltenango. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) denunciaron el 14 de abril las agresiones contra los periodistas. En los tres casos la PDH abrió un expediente.
El jueves 14 de abril, la periodista Lesby Esmeralda Catún, de la Revista Retenamit, fue detenida en San Pedro Carchá por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Minutos antes, los policías habían estado en una venta de licor, por lo que ella y otros vecinos llamaron a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Inspectoría General de la PNC. Cuando los agentes salieron del lugar después de una hora, comenzaron a tomar fotografías a varias casas y vehículos del lugar.
“Cuando yo salí para hacer un mandado, como a la 1 de la tarde, al llegar a una vuelta me hicieron la parada y me pidieron mis papeles, les pregunté por qué tomaban fotos a mi casa y vehículo, me respondieron que no me importaba cómo hacían su trabajo y me bajaron a la fuerza”, dijo la periodista.
Según Catún, dos agentes la obligaron a descender del vehículo y la pasaron a la parte de atrás, donde una mujer le arrebató su bolso, el teléfono y la engrilletaron. A los pocos minutos llegó una patrulla y en ella la llevaron por diferentes calles, sin dirigirse a la Comisaría y al juzgado, hasta que protestó.
“Como a la media hora que llegué, llegaron los agentes de la Oficina de Responsabilidad Profesional, pasó mucho tiempo para que me tomaran la denuncia, dijeron que iban a llamarme hasta hoy y no me han llamado”, informó Catún.
En el juzgado solo estaba la oficial de turno, quien se encontraba en su hora de almuerzo, por lo que la tuvieron en la carceleta. La oficial atendió primero a los policías y después a ella. Posteriormente le informó que había cometido una falta, según el reporte policial.
“Me dijo que podía salir hasta el lunes y que me llevaría a la cárcel de Cobán si no pagaba una multa de Q 3 mil en efectivo y que el lunes pasara por el recibo, porque nadie podía dármelo ese día, porque era asueto”, dijo la periodista. Sus familiares pagaron la multa para que pudiera salir de inmediato.
El lunes llamó a la ORP y le informaron que los agentes que llegaron al lugar se comunicarían con ella, pero hasta hoy no lo han hecho. Cuando fue a recoger su vehículo al predio donde los llevan cuando los consignan, se dio cuenta que le faltaban contratos que llevaba, dinero y algunas herramientas.
PDH abre expediente por agresiones a tres periodistas
En otro caso, la periodista Irma Tzi, corresponsal de Nuestro Diario, resultó herida cuando se dirigía a realizar una cobertura el lunes 18 de abril. “Tzi fue atacada por un hombre en la comunidad Sachisay, en Cobán, Alta Verapaz, quien la hirió con una navaja”, informó Nuestro Diario.
En un comunicado, del 20 de abril, la PDH reportó un tercer caso. Una amenaza de muerte contra el periodista Ángel Palacios, de Coatepeque, Quetzaltenango. Informó que las Auxiliaturas de Alta Verapaz y Quetzaltenango junto a la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, abrieron expediente de los tres casos. “Darán seguimiento en las instancias respectivas”, informó la PDH.
APG y PDH piden investigar las denuncias
La PDH pidió al Ministerio Público (MP) y a la ORP de la PNC, investigar las denuncias y las acusaciones contra los agentes policiales y al Presidente, “implementar urgentemente el Programa de Protección a Periodistas”.
La APG pidió que también se investigue a la oficial del juzgado de turno. “De la misma forma, demandamos al Organismo Judicial que investigue y sancione al personal del juzgado penal de Carchá, por sus actos irregulares”.
En el monitoreo que realiza Prensa Comunitaria sobre las agresiones a periodistas, en lo que va de 2022 hay 54 hechos contra periodistas, en los que resalta que la PNC y operadores de justicia son quienes más atentan contra el trabajo periodístico.
