Por Paolina Albani
Andrea Villagrán, diputada por el partido Bien, propuso una moción para que el Congreso de la República solicitara al Ejecutivo la cancelación de la licencia de explotación minera del proyecto Fénix, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicado en el municipio de El Estor, Izabal. Esto tras los señalamientos de corrupción nacidos de la filtración de Forbidden Stories y de las investigaciones de corrupción de una veintena de medios de comunicación. Pero los esfuerzos de Villagrán fueron desechados.
El #PuntoResolutivo que propuse exhorta al @GuatemalaGob a la cancelación de la licencia de explotación minera de CGN-Pronico y el contrato de las vacunas Sputnik como una medida contundente frente al conflicto internacional pic.twitter.com/W4GjxbpGTX
— Andrea Villagrán 🇬🇹 (@AVillagran502) March 15, 2022
En los considerandos de la moción, Villagran señaló que “la minería en Guatemala afecta de forma profunda a la población y, principalmente, a los pueblos indígenas criminalizando la defensa que estos últimos ejercen para mantener sus formas de vida, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas con su entorno. Afectando, de manera directa, los recursos naturales esenciales para su subsistencia”.
También resaltó la desventaja económica que los proyectos extractivos dejan al país pues no aportan “ni el 1% del Producto Interno Bruto en cuanto a ingresos, por lo cual no generan desarrollo ni beneficio real para el país, representando más una pérdida en términos sociales, económicos, culturales y ambientales”.
Asimismo, la diputada de oposición adjuntó a la moción una petición para que la Presidencia de la República rescinda el contrato por la compra de vacunas rusas Sputnik, ya que “afectan los intereses de los guatemaltecos”.
Ambas propuestas son resultado no solo de la publicación de una filtración masiva de documentos y correos electrónicos que han dejado en evidencia los sobornos, el espionaje y la criminalización de la minera en complicidad con el actual Gobierno de Alejandro Giammattei; también como una medida de castigo “por el actuar de Rusia en el ataque hacia Ucrania”.
Una investigación por corrupción
La diputada también pidió que la Comisión Presidencial contra la Corrupción realizara una investigación administrativa por posibles actos de corrupción en la utilización de la Policía Nacional Civil (PNC) al servicio de intereses particulares de empresas transnacionales de explotación minera en el departamento Izabal, asi como requerir un informe al Procurador de Derechos Humanos (PDH) por las posibles graves violaciones de derechos en las comunidades afectadas por la extracción de los recursos.
A la hora de la votación, 104 diputados rechazaron la moción en el pleno, frente a 23 que la respaldaron.
104 votos a favor de la #Corrupción y la conflictividad social en #ElEstor pic.twitter.com/CgvbaV4XHw
— Andrea Villagrán 🇬🇹 (@AVillagran502) March 15, 2022
Ni siquiera los diputados que representan a Izabal apoyaron la moción de Villagrán. Dos de ellos, Juan Ramon Rivas García y Thelma Elizabeth Ramírez Retana, del partido UNE, votaron en contra y, una de ellas, Sandra Lorena De León Teo, del partido BIEN, estuvo ausente.
“Creímos que tendría un impacto mayor porque el oficialismo se ha pronunciado a favor de Ucrania, pero en la práctica ha respaldado a los empresarios rusos de la mina. Lo que veo es que los diputados en lugar de apelar por las poblaciones que representan, defienden los intereses empresariales que solo dejan migajas”, aseguró Villagrán dijo a Prensa Comunitaria en una llamada.
Mientras nadie hable del tema en el Congreso, Villagrán continuará proponiendo acciones políticas y una constante denuncia de lo que está sucediendo en El Estor, indicó.
Por su lado, el Gobierno Central tampoco ha emitido sanciones y restricciones para Rusia como lo han hecho otros países en desacuerdo con la guerra y menos aun, se ha pronunciado por las denuncias de corrupción.
