Después de una audiencia larga, donde se escucharon los argumentos de los representantes legales de la comunidad indígena Q´eqchi´ de Agua Caliente, hoy conocida como Lote 9, de El Estor, Izabal y representantes del Estado guatemalteco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene hasta el 11 de marzo para dar a conocer su veredicto final sobre el reclamo en torno al derecho ancestral a la propiedad de las tierras.
Por Juan Calles
En la audiencia celebrada en la sede de la Corte IDH, en San José, Costa Rica, se conoció el testimonio de Eduardo Tot, líder comunitario y religioso de Lote 9, quien narró cómo han luchado por conseguir la certeza jurídica de sus tierras, incluso pagaron más de 30 mil quetzales por las mismas, sin embargo, nunca obtuvieron título de propiedad. Además, su terreno se encuentra en el área de influencia del proyecto minero Fénix que, según lo relató Tot, logró obtener licencia minera en sus territorios con actos anómalos.
Tot también narró como su hijo, Edin Leonel Tot, fue asesinado como consecuencia de su lucha por obtener certeza jurídica de la propiedad sus tierras.
Por su parte, Jorge Luis Donado, represéntate del Estado de Guatemala, restó importancia a las declaraciones del señor Tot, aduciendo que hay otros comunitarios que no lo reconocen como líder.
Existen registros de los años 1800 que reconocen a la comunidad
Roberto Estuardo Morales Gómez, perito independiente, explicó ante la Corte IDH la relación del catastro y la evolución del registro de tierras en Guatemala. En su exposición relató que el primer registro que se tiene de la comunidad, hoy conocida como Lote 9, data de 1832 y que anterior a este año existía un registro de propiedad que respondía a las leyes españolas de la época colonial.
“En 1892 se realizó una demarcación de límites y se marcaron las colindancias de la comunidad Lote 9, Agua Caliente, en El Estor, Izabal”, dijo el experto.
Según Morales, en el 2002 la comunidad realizó un pago al Estado guatemalteco, de más de 32mil quetzales, sin embargo, no se ha respondido con certeza jurídica, provocando el conflicto que hoy se abordó en la Corte IDH.
1/3 #ElEstorResiste | Roberto Estuardo Morales Gómez, perito independiente, declara en la @CorteIDH sobre la relación del catastro y la evolución del registro de tierras en Guatemala, relata que el primer registro que tiene el país centroamericano data de 1832…
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Las partes expusieron sus alegatos finales
Donado, en su parte conclusiva aseguró que demostrará que la Corte IDH no tiene competencia para conocer el caso, que se cumplió con la consulta previa e informada en la comunidad Lote 9 por el proyecto minero Fénix, que los comunitarios han sido violentos y que no se han violado los derechos humanos de estos. Expuso sus argumentos ante la Corte y se concentró en narrar como el Ministerio de Energía y Minas desarrolló un proceso de consulta comunitaria, atendiendo lo establecido por el Convenio 169.
Donado, al interrogar al representante de los comunitarios, Eduardo Tot, le preguntó en reiteradas ocasiones si se había realizado recientemente una consulta popular en El Estor, Tot respondió que sí, pero que a ellos no les habían informado nada. El representante estatal insistentemente quiso demostrar que si se consultó a las comunidades en El Estor.
Sin embargo, Donado olvidó mencionar que la consulta se hizo bajo un Estado de Sitio, decretado luego que el propio gobierno reprimiera a las comunidades que se oponían al proyecto minero Fénix, quienes protestaban precisamente por ser excluidos de la consulta comunitaria, entre ellos Lote 9.
Por su parte, el juez Humberto Sierra Porto, de la Corte IDH preguntó a la perita Victoria Sandford, quien presentó un peritaje histórico, porque la consulta previa está creando conflictos en la región de El Estor, Izabal. Sandford respondió que la consulta no es previa y no responde a los lineamientos legales, “en papel el Estado de Guatemala cumple con la consulta, pero en la práctica no lo están haciendo”.
1/3 #ElEstorResiste | “En papel el Estado de Guatemala cumple con la consulta, pero en la práctica no lo están haciendo” esta fue la respuesta de Victoria Sanford, perita independiente, al juez Humberto Sierra Porto de la Corte IDH al ser cuestionada sobre… pic.twitter.com/YMKB07JUg4
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Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, que representa legalmente a la comunidad Agua Caliente, Lote 9, en sus alegato final dijo que desde hace 17 años el Fondo de Tierra se niega a informar que sucedió en la finca que ocupa la comunidad Lote 9, en El Estor, Izabal, por el “traslape” que existe entre la comunidad y el proyecto minero Fénix. También explicó cómo el registro de la propiedad permitió que se mutilara el libro de registro en donde se evidenciaría que se corrieron los linderos de la comunidad. “No explican cómo luego de que se descubrió que arrancaron las hojas del archivo en donde constan las dimensiones de la comunidad Lote 9, éstas mágicamente aparecieron de un día para otro”, señaló.
Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentes en la audiencia pidieron a los jueces de la Corte IDH declarar culpable al Estado de Guatemala por violar los derechos de los comunitarios de Lote 9 y por negar el derecho a la propiedad ancestral de la tierra, así como también por realizar una consulta comunitaria que no cumple con lo establecidos por el convenio 169, pues la que se hizo en diciembre pasado no fue libre, consiente e informada. “La consulta fue bajo un Estado de Sitio y no se realizó en el idioma Q´eqchi´ ni se informó sobre las consecuencias de salud y de daño ecológico que representa la extracción minera”, reclamaron los representantes.
#ElEstorResiste En estos momentos se leen los hechos en la Corte IDH por los que la comunidad maya Q'eqchi' Agua Caliente lote 9 de El Estor, Izabal. El Estado guatemalteco no realizó consulta para otorgar sus tierras a un proyecto minero.
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Ya finalizando la tarde, la audiencia que inició a las 9 de la mañana llegó a su fin, cuando el juez presidente dijo que, luego de escuchar a las partes, se levantaría la sesión y que será el próximo 11 de marzo de 2022 que se dictará sentencia en este caso, en el que por primera vez se juzga al Estado guatemalteco por negar sus derechos ancestrales a la tierra a una comunidad indígena.
