Por Juan Calles
En un lujoso salón del palacio de la cultura se preparaba una reunión a la que llamaron: Mesa de diálogo para buscar soluciones a la problemática derivada de la actividad minera en El Estor, Izabal, pero en realidad fue una actividad protocolaria para cumplir con un requisito legal; el mismo Ministro de Energía y Minas, MEM, Alberto Pimentel Mata dijo que lo discutido en aquella mesa no influiría en las decisiones ya tomadas por el Gobierno de la república.
Manteles blancos, trajes bien planchados, finos alimentos, todo estaba listo para realizar un supuesto dialogo; en el ingreso, los guardias revisaban estrictamente las acreditaciones de las organizaciones no gubernamentales que decidieron asistir a la convocatoria. Las organizaciones que mostraban simpatía y aprobación al proyecto minero podían entrar sin problemas, hasta cinco representantes por cada uno, sin embargo, para otros invitados como la Defensoría Q’eqchi’, solo se permitió el ingreso de una persona.
Otro grupo en las afueras del palacio gritaba su apoyo al MEM, a la minera y pedían la continuación del estado de sitio decretado desde el 25 de octubre de este año. En ese decreto 13-2021 aprobado por el Congreso de la República hay un artículo que obliga al Organismo Ejecutivo a realizar una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados. Durante la discusión, autoridades del MEM aseguraron que estaban allí obligados por ese artículo, pero que lo discutido no sería vinculante al proceso de pre consulta y consulta que ya desarrollan en El Estor.
Las autoridades de los cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ no participaron en esta Mesa de Diálogo, Cristóbal Pop, autoridad y de la Gremial de Pescadores Artesanales afirmó que esos espacios están muertos, no se puede hacer un diálogo con un municipio militarizado, bajo estado de sitio, la gente sin garantías constitucionales y sus principales autoridades siendo allanadas sus casas y bajo resguardo por el temor a las represalias del estado y de la empresa.
A la ésta mesa de diálogo fueron invitados diferentes sectores, en su mayoría quienes ya participan en el proceso de preconsulta, pero en la lista de asistentes se encontraban representantes del Ministerio de Gobernación, cuatro representantes de las empresas CGN-Pronico, el director del centro universitario CUNIZAB de Izabal, José Robledo, el Gobernador de Izabal Héctor Alarcón, la Comisión Presidencial de Dialogo, representantes del Congreso de la república, ONGes locales como la Asociación Nacional de Desarrollo, ANADE, Sakomonil, Asociación de Pescadores Ninfas del Lago, Asociación Aj kar, Asociación Wakax Ha´, Asociación Pesquera Bocas del Polochic, y por la Procuraduría de Derechos Humanos PDH, la procuradora adjunta Miriam Catarina Roquel Chávez. Sobre el papel de José Robledo director de la USAC en Izabal sobre el problema minero, el abogado Rafael Maldonado dijo esto:
A propósito, el director del CUNIZAB de la @usacenlinea ha apoyado incondicionalmente a la empresa minera en Izabal, en todo momento pidió ante la Corte que no se protegiera a las comunidades pesqueras.
— Rafael Maldonado (@Rafa_Mal0072) November 15, 2021
”Yo como abogado en temas sobre conflictividad social no creo en las mesas de diálogo, por que siempre han sido usadas para el Gobierno para seguir adelante con las aprobaciones de megaproyectos, de las situaciones que las comunidades están en desacuerdo y solo es darle largas al asunto”, expreso el abogado Rafael Maldonado, quien represente a la Gremial de Pescadores Artesanales y es firmante del amparo que suspendió el proyecto minero Fénix por la Corte de Constitucionalidad en 2019.
Únicamente la Fundación Guillermo Toriello, (FGT), y la Defensoría Q’eqchi’, presentaron oposición durante la llamada mesa de diálogo; el abogado Juan Castro, que representó a la Defensoría Q’eqchi’, dijo que solicitaron al MEM suspender y repetir el proceso de pre consulta, pues fue realizado excluyendo al Consejo Ancestral Q’eqchi’, varias comunidades y organizaciones que representan a la población que no está de acuerdo con el trabajo de la empresa minera suizo-rusa Solway Investment Group.
La FGT y la Defensoría Q’eqchi’ decidieron asistir a la convocatoria gubernamental para fijar sus puntos de vista y para validar su postura de búsqueda de diálogo y procesos pacíficos para solventar conflictos sociales, según afirmaron sus representantes.
Por parte de la FGT, Lin Valenzuela refutó al Ministro del MEM, pues al dictar las reglas de la mesa de diálogo se dijo que debería realizarse con respeto mutuo, sin embargo, el mismo Ministro preguntó a los presentes “¿Ustedes se sienten representados por la Gremial de Pesadores Artesanales?” por lo que Valenzuela le dijo al Ministro que con esa pregunta incitaba a deslegitimar a la Gremial, faltando el respeto que él mismo pedía.
Las autoridades ministeriales excluyeron durante todo el año del proceso de pre consulta a la Gremial de Pescadores , a la Defensoría Q’eqchi’ y a los cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ por lo que se organizó una resistencia pacífica que durante 20 días impidió que los camiones de la empresa minera abastecieran de carbón a la planta, lo que finalizó con violencia y la instauración de un estado de sitio en el municipio.
“La consulta va, les guste o no”
Como respuesta a las posturas de la FGT y la Defensoría Q’eqchi’ el Ministro Pimentel Mata, afirmó que el “proceso es legal” y responde a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, (CC), por lo que el proceso continuará pese a los señalamientos de organizaciones y comunidades de El Estor que no desean minería en su territorio.
De la misma forma, Oscar Rafael Pérez, Vice ministro quien está a cargo de la pre consulta y consulta en El Estor, repitió lo que en innumerables ocasiones ha respondido al ser cuestionado por un proceso con evidentes falencias, Rafael Pérez se limitó a repetir lo que parece un guion dictado por quienes desean imponer el proyecto minero en el tropical municipio de Izabal.
En líneas generales el Vice ministro Pérez sostiene que: Las consultas a pueblos indígenas pueden realizarse por conducto de sus representantes en los Consejos de Desarrollo, que algunas comunidades se encuentran fuera del área de influencia y otras comunidades no registradas por la municipalidad de El Estor pueden ser invasiones, que la empresa minera puede comprar minerales de otro lugar y procesarlos, es decir continuar funcionando pese a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, (CC), y que no están suspendidos otros derechos mineros de esa misma empresa, ni de otras empresas.
Tales afirmaciones son analizadas en la nota periodística que puede leer en el siguiente enlace:
Pre inventario de mesas de diálogo
En cada conflicto comunitario, en los conflictos por el trabajo minero en diferentes regiones del país se han convocado a mesas de dialogo, todas ellas han servido para ocultar la imposición de empresas o el gobierno de turno contra la voluntad de pueblos y comunidades.
COMUNICADO URGENTE. Denunciamos el falso diálogo en San Mateo Ixtatán – Prensa Comunitaria
En otras ocasiones han invitado a líderes comunitarios a mesas de diálogo; al salir de las reuniones los líderes son capturados por la policía acusados por las empresas con las que minutos antes estaban dialogando. En otras ocasiones mientras se desarrolla la mesa de dialogo se reprime a las comunidades y en otras simplemente no se invita a las comunidades afectadas.
El primer juicio contra Eduardo Bin Pou, pescador y campesino de El Estor – Prensa Comunitaria
La Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor que fue invitada a la llamada mesa de diálogo, pero no asistió a la reunión por dos razones; por que no cree en un proceso de diálogo en medio de un estado de sitio que militarizó el municipio, mientras se persigue judicialmente a los líderes de la resistencia y a la prensa independiente; y porque no cuentan con recursos económicos para viajar a la ciudad capital.
El MEM declaró finalizado el proceso de pre consulta, en la actualidad se encuentran traduciendo al idioma Q´eqchi´ los acuerdos a los que llegaron y la metodología para realizar la consulta comunitaria, todo a medida de la empresa minera suizo-rusa Solway.
