Por Ramón Cadena
En Guatemala, el Estado de derecho está en vías de extinción. Mientras tanto, el Estado autoritario crece, se reproduce y se ensancha. Para combatirlo, debemos conocer su perfil, su estructura mínima. El Estado autoritario en Guatemala y en Latinoamérica no es nuevo. Desde su fundación se ha desarrollado en medio de una aparente legalidad. Y ahora en el siglo XXI no es la excepción. Lo novedoso es la omnipresencia de ese nuevo actor llamado “crimen organizado” y la forma en que mueve sus tentáculos hasta contar con un Estado autoritario, bien fortalecido, vacunado contra cualquier ley o acto democrático que pretenda sacarlo del ring.
El Estado autoritario llena los espacios públicos con falsos bustos y monumentos de personajes nefastos, quienes estáticos, rinden un homenaje a dictaduras y gobiernos represivos; el concepto moderno de esta forma estatal surge en el contexto del neoliberalismo. Que, para regir en nuestra sociedad, necesita de una estructura social que obligue a las personas a tolerar las injusticias que el mismo sistema promueve.
Las y los funcionarios del Estado autoritario necesitan utilizar sistemáticamente el “fraude de ley”, para evadir sus responsabilidades, siempre con aparente “legalidad”.
Quienes detentan el poder en el Estado autoritario, también utilizan el “fraude de ley”, para recordarnos solapada y contradictoriamente, y sugerirnos desvergonzadamente a la población, que actuemos en el marco de la ley, utilizando los recursos legales a nuestro alcance, mientras ellos lo hacen en forma autoritaria, sin ningún control judicial. En Guatemala, por ejemplo, hubo elecciones “democráticas” que nos permitieron experimentar la “alternabilidad” en el poder. Todo dentro del marco de la aparente legalidad.
Nos dicen autoritariamente, que no invoquemos el derecho constitucional a la resistencia, o peor aún, el derecho a la insurrección que lleva implícito el juramento presidencial, cuando toma posesión del cargo. Nos amenazan y nos dicen que, si vamos a la resistencia o llamamos al pueblo a la insurrección, el poder punitivo del Estado responderá con “la ley en la mano”, lo que para esos funcionarios autoritarios significa con el “uso excesivo de la fuerza” en los fusiles y en las balas asesinas. En ese caso, por supuesto, nadie será detenido. Prevalecerá la total impunidad.
En el Estado autoritario hay una aparente división de poderes. Hay una aparente independencia judicial y aparentemente rige el Estado de derecho, para controlar a los gobernantes, para que actúen dentro de los límites del Derecho. Todo es apariencia. Lo que es nuevo en este tipo de Estado en el que vivimos, es el autoritarismo disfrazado con papel crespón de diferentes colores y con un rosario de instituciones aparentemente democráticas, pero cooptadas por el crimen organizado.
Prevalece una apariencia que nos envuelve. Un mundo de espejismos en el que la legalidad (utilizada en forma perversa para implementar una serie de acciones criminales y defender intereses de grupos), se yergue firme, como lo hace un busto de sonrisa burlona y de cara amable, después de haber cumplido la función de ser un dictador al ejercer el poder. Todo es apariencia. Lo único real es el “crimen organizado” y sus tentáculos.
El autoritarismo que vivimos en Guatemala, creado por el “crimen organizado” y avalado por el sector privado (siempre y cuando defienda sus intereses), tiene obligatoriamente que aniquilar al Estado de derecho. Hermosa creación del esfuerzo humano que, a lo largo de aproximadamente dos siglos, ha florecido para proteger a las personas frente al autoritarismo de funcionarias y funcionarios. Algo que no puede o no quiere entender la comunidad internacional. Solo la sabiduría de la historia podrá aclarar en el futuro si su actitud se trata de un simple e ignorante “error de cálculo” o de una cómoda complicidad.
El Estado autoritario necesita leyes regresivas, que borren todo avance legislativo a favor de los derechos humanos o que detengan los avances sociales. Requiere que no haya oposición política, es decir, requiere aplastarla. Imponer un sistema de impunidad que permita cometer los más graves delitos sin que la justicia castigue y persiga a las y los funcionarios autoritarios.
El poder punitivo del Estado debe estar al servicio de esta agenda. No importa qué tan represivo e ilegal sea su poder, porque hay un sistema de impunidad que no castiga, que no identifica ni establece la responsabilidad penal o civil de funcionarios y funcionarias. Porque cuando actúan como tales dentro del Estado autoritario, no quieren que jueces o juezas, nacionales o internacionales o que organismos nacionales o internacionales, controlen sus actos. Hay que cooptarlos o bien sacarlos del país.
El Estado autoritario inmoviliza la protección de los derechos humanos. Las acciones legales de protección de derechos o de reclamo de los mismos, quedan como simples adornos necesarios para nutrir con hechos reales la historia del futuro. Hay que seguir presentando estas acciones legales, aunque se topen con el muro de la impunidad. Así, llenaremos con testimonios democráticos el futuro, para que el Estado autoritario pueda ser condenado más fácilmente el día de mañana. Lamentablemente, el presente también lo tienen cooptado…
El Estado autoritario es muy eficiente para aislarse de la comunidad internacional. Para burlar la aplicación de los principios internacionales contra la impunidad y para irrespetar los paradigmas de protección de los derechos humanos que conlleva el Derecho Internacional. Aunque los funcionarios públicos con esta actitud violen la Constitución Política de la República de Guatemala o los Convenios y Tratados Internacionales que el propio Estado de ha ratificado voluntariamente. Eso los tiene sin cuidado. Como decimos popularmente: “les viene del norte”, “les pela”, o “les importa un pepino”.
Sus funcionarios navegan con la tranquilidad de no ser alcanzados por la justicia, porque la tienen cooptada. Sus funcionarios tienen la facilidad de infundir miedo a la Comunidad Internacional que prefiere guardar silencio. Saben muy bien que es mejor callar para mantener sus banderas en el país, movidas por un viento suave y sabroso, de temperatura tibia y agradable, lleno de comodidades. No queda más que guardar cualquier iniciativa diplomática en favor de la democracia y de los derechos de los Pueblos Indígenas, de las mujeres, de los niños y niñas o en favor de la Comunidad LGBTI, en la gaveta superior de la mesita de noche, con tal de dormir y comer bien. Plácidamente. El Estado autoritario sabe cómo lograrlo. Basta con pegar un grito y portarse insolente.
Es importante recordar, que una sociedad civil sólida bien organizada produce un Estado consistente. No nos dejemos engañar: al Estado autoritario le interesa tener una sociedad civil atomizada, dividida, apática. Porque es el pueblo organizado, el único que puede vencer el autoritarismo.
El pueblo organizado, es el único que se puede enfrentar de manera coherente y con fuerza moral y jurídica al poder punitivo del Estado; ese que, en el Estado autoritario, es perverso y represivo; el que inventa delitos; aplica el Derecho Penal para castigar a inocentes, solo por ser opositores al régimen.
Las acciones legales pierden fuerza dentro del Estado autoritario. Cómo no va a suceder así, si todas las instituciones están cooptadas. En el Estado autoritario nadie cuestiona, ni critica. Prevalece el silencio. Ni las voces de las instituciones de los llamados “padres de la patria” contradicen estas premisas y actos; ni las del Presidente de la República y su Consejo de Ministros lo hacen; ni las de la Corte Suprema de Justicia y sus jueces sumisos se atreven a proteger los derechos humanos; ni las voces del Ministerio Público suenan para perseguir a las y los funcionarios públicos que violan la ley sistemáticamente; ni las voces de la justicia Constitucional defienden la Constitución. En el Estado autoritario debe reinar el silencio.
Solo falta aniquilar las voces de los jueces independientes, honestos e imparciales que quedan en el país, las del Procurador de los Derechos Humanos, las de abogados y abogadas que defienden la necesidad de contar con un Estado de derecho sólido y las del pueblo, para aniquilar totalmente a la oposición que aún clama por la defensa de los derechos humanos.
Es importante que las y los funcionarios del Estado autoritario sepan que mientras haya jueces en Guatemala, que nos mantengan viva la esperanza en la justicia independiente e imparcial; mientras exista un Procurador de los Derechos Humanos como el actual, que defiende todos los derechos y mientras abogados y abogadas sigan defendiendo el Estado de derecho, seguiremos luchando como sociedad en contra del Estado autoritario.
Por ello, creo que hay que seguir presentando acciones legales, para que sean el testimonio del futuro, aunque sepamos de antemano que no tendrán ningún éxito de ser aceptadas por las autoridades del Estado autoritario; para que permanezcan como evidencia legítima frente a los actos ilegales del autoritarismo; para que puedan ser utilizadas como pruebas contundentes, para juzgar en el futuro.
Utilizar el poder punitivo del Estado para perseguir a las y los opositores es una medida cobarde. Sin embargo, esa es la única forma que tiene el Estado autoritario para sobrevivir. Es necesario aceptar que el mundo del Estado, lo es también el del pueblo; no se trata de glorificar a la sociedad civil, pero sí de comprender que deben prevalecer los principios democráticos y, sobre todo, la anhelada libertad de expresión, tan odiada por el Estado autoritario.
El Estado autoritario, enfermo y decrépito, limita la publicidad y la libertad de expresión en su territorio. La constructiva relación entre Estado y sociedad, es la que quiere aniquilar, por medio de una ley contra las oenegés, con la persecución y criminalización de dirigentes comunitarios y de defensores y defensoras de derechos humanos y con otras medidas similares.
Por ejemplo, las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala demuestran muy poco compromiso con los principios democráticos y con la libertad de expresión, al llevar a cabo sus plenos en secreto, al no permitir la presencia de ciudadanos o ciudadanas, ni de periodistas en sus audiencias y peor aún, al pretender decidir un antejuicio en contra de un juez independiente, imparcial y honesto como el juez Pablo Xitumul, encerrados en sus cuatro paredes del mármol de la impunidad.
Así como el presidente Giammattei en Consejo de Ministros nombró a la Fiscal General; y como las y los diputados reaccionaron frente a la sentencia de fecha 6 de mayo de 2020 de la Corte de Constitucionalidad: los tres poderes del Estado autoritario, actúan con impunidad, secretismo, autoritarismo e ilegalidad.
Bien saben que según sea la publicidad de todos los actos de los funcionarios y funcionarias, así será de sana una democracia. Dicho sea de paso, la democracia en Guatemala también está en vías de extinción. La Carta Interamericana Democrática y sus mecanismos de control, debieron haber sido activados hace mucho tiempo para salvarla. Qué lamentable que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Sr. Almagro, sea parte de la impunidad existente en Guatemala y por ello, se oponga a activarla.
El autoritarismo camina tranquilo mientras tiene el apoyo del “crimen organizado” y del sector privado organizado. Estos duermen tranquilos, mientras el Estado autoritario defiende sus intereses. Esta alianza perversa funciona bien aceitada mientras todos se tapan con la misma chamarra.
Pero llegará un momento en que el Estado autoritario no servirá a los intereses del sector privado, ni del crimen organizado, porque se sientan amenazados por la justicia o tengan algún miedo, fundado o no. Desde ese momento, los dos entes se dedicarán a crear algo nuevo, algo que fortalezca aún más, sus posiciones autoritarias.
Mientras las empresas privadas nacionales o transnacionales estén protegidas por el Estado (véase el caso de El Estor, por ejemplo) y mientras el “crimen organizado” actúe a sus anchas y con absoluta libertad para cometer fechorías con total impunidad (véase la noticia acerca de las declaraciones del narcotraficante Mario Estrada en EEUU convertido en testigo protegido, por ejemplo), estos le darán cobijo al Estado autoritario. Pero si una de las piezas se sale del guacal vendrá el cambio.
Un Estado autoritario es útil mientras protege los intereses económicos de las empresas privadas y los actos del crimen organizado. Cuando no lo hagan y, surja el miedo a caer en manos de la justicia o cualquier otro miedo, se terminará el amor.
En ese momento, se verán obligados a fortalecer los actos criminales e ilegales del Estado autoritario y le pasarán el balón al Tribunal Supremo Electoral y empezarán a tejer nuevas telarañas y a diseñar nuevos mecanismos de represión, para pasar del autoritarismo a la dictadura.
Para lograrlo, sólo hay que dar un pasito más. Este es el rumbo que podría seguir Guatemala en el futuro. Hay un peligro latente y un riesgo inminente de que algunos funcionarios llenos de autoritarismo, logren imponerlo. Así en las próximas elecciones podría surgir campante, el fraude electoral. Ese fantasma que desde hace años camina con traje de levita cada noche por las calles de la ciudad.
Hay que detener al Estado autoritario; ese que con pasos de dinosaurio gigante, hace que rechine el peligro. Y lograr cuanto antes, la construcción de un nuevo Estado, que parta del principio de la igualdad, que proteja a los históricamente excluidos, respete los derechos humanos, que reconstruya la relación entre Estado y sociedad y reconozca que somos un Estado plurinacional.