Por Diego Petzey
La Convergencia por los Derechos Humanos presentó la mañana de este domingo su informe de la Misión de Observancia y Verificación de los primeros siete días del estado de sitio en El Estor, Izabal.
Señalan que el gobierno de Alejandro Giammattei hizo uso desproporcionado de la fuerza, violó la libertad de prensa e intimidó a autoridades indígenas, violentó a la niñez y detuvo ilegalmente a un pescador.
El informe recoge las acciones de las autoridades durante siete días, a una semana de la imposición del estado de sitio en El Estor, después de la represión estatal en contra de la resistencia antiminera que realizó el Consejo de Autoridades Q’eqchi’ durante 20 días. En esta acción exigían su derecho a participar en el proceso de preconsulta que la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Energía y Minas, después de que suspendiera las operaciones a la minera rusa y que con la garantía del gobierno de Alejandro Giammattei continúa con sus operaciones de forma ilegal.
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La misión de la Convergencia por los Derechos Humanos, afirma que se aplicó una estrategia psicológica de terror, utilizada por el gobierno y sus fuerzas durante estos días y añadió que lo observado en El Estor, es parecido a las estrategias utilizadas por el ejército durante el conflicto armado interno, que busca crear en las personas y las familias de las comunidades miedo, para limitar la participación de la población en la reivindicación de sus derechos.
Violaciones a la libertad de prensa y acceso a la información
En las coberturas que periodistas, realizaron durante los 20 días de la resistencia pacífica, la misión encontró violaciones a derechos en contra de periodistas, quienes, dice, se les coartó la libertad de movilización y la documentación de lo que estaba ocurriendo en El Estor.
Según los hallazgos del grupo de defensores de derechos humanos, hubo agresiones físicas, destrucción de equipo de las y los periodistas y se allanó la vivienda de Juan Bautista Xol y de Carlos Choc, y fueron a buscar a Baudilio Choc, los tres periodistas de Prensa Comunitaria quienes realizaron una cobertura del desalojo.
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Ha pasado una semana desde que unos 300 agentes antimotines desalojaron al plantón pacífico antiminero instalado por autoridades del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal.
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El informe concluye con recomendaciones al gobierno, exigen la suspensión inmediata del estado de sitio en el Estor, que consideran no tiene sustento para mantenerlo, hacer que la empresa CGN-Pronico respete la orden de suspensión de la licencia al proyecto Fénix, por la Corte de Constitucionalidad en 2020.
También se demandó garantizar la integridad física y la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, específicamente de la familia Ich Choc, Angélica Choc, Germán Chub, Olga Che a las autoridades del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ y la Gremial de Pescadores Artesanales.
Concluyeron también en la importancia de permitir una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y facilitar una invitación oficial de la Relatora para Defensores y defensores de derechos humanos.
La Convergencia por los Derechos Humanos, está integrada por nueve organizaciones que velan por el respeto de los derechos humanos en Guatemala.
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