El Estor: vuelven los desalojos de comunidades Q’eqchi’ en medio de la pandemia

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Créditos: Twitter Santiago Botón
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Nelton Rivera

Un contingente policial de unos 3 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), procedentes de catorce departamentos del país, participaron en el desalojo de unas 35 familias campesinas Maya Q’eqchi’, de la Finca agropecuaria Canaán Sociedad Anónima, en El Estor, Izabal. Durante el operativo se pudo observar que la movilización de los agentes violaba las disposiciones sanitarias obligatorias por la pandemia.

Desde las 7 de la mañana los habitantes de El Estor expresaron su preocupación a través de redes sociales, por la fuerte presencia de radiopatrullas, buses de la PNC, vehículos artillados Jeep J8, donados por la embajada de los Estados Unidos, y particulares tipo agrícola que se reunieron sobre la calzada principal del municipio.

En una circular emitida por la PNC, se lee la solicitud de “talento humano para apoyar diligencias”, para que comisarías enviaran agentes a participar en el desalojo. En el documento 1255-2021, Adelso Leonidas Reyna Temá, jefe interino del departamento de Operaciones de la Inspección General de la PNC, indica que se trata del desalojo de la Finca mencionada.

Para una de las defensoras de derechos humanos en ese municipio, el desalojo podría ampliarse a dos comunidades Q’eqchi’.  A las 11:30 de la mañana se confirmó el inicio del desalojo de la comunidad en la Finca Cinco o Canaán  y la posibilidad de continuar con el desalojo de la comunidad Cadenas Sebol y una tercera comunidad, en total serían desalojadas unas 50 familias campesinas. “El uso de la fuerza es totalmente desmedida”, afirmó.

Tres casas de una sola familia que formaban parte de la aldea San Juan, dentro de la Finca Canaán ya fueron desalojadas, informó un vecino cercano a la aldea Chichipate. “Dos comunitarios pidieron información al contingente policial sobre el desalojo, la jueza presente amenazó con detenerlos.

A la 1 de la tarde encontraron en un pantano a dos ancianos, la señora de nombre Juana de unos 68 años, con padecimientos de diabetes, estaba desmayada. Su esposo, de 62 años, se encontraba con ella y con tres niños de 5, 7 y 1 año y medio. Se sabe de otras familias que fueron perseguidas dentro la plantación de palma africana, afirmó un comunitario en el lugar, de quien por seguridad se reserva su nombre.

Sin medidas ni protocolos por la pandemia 

Agentes de las comisarías de los departamentos de Zacapa, Jutiapa, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Baja Verapaz, Petén, Chiquimula, Izabal, Cobán, Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu y la ciudad capital fueron movilizados hasta El Estor para participar en este desalojo, en los videos y fotografías que circularon se observa a una cantidad de agentes que no hacen uso de las mascarillas, a pesar de las disposiciones sanitarias obligatorias a nivel nacional por la pandemia.

Se les transporta en radio patrullas, en espacios reducidos, tanto en el interior de la patrulla como en la palangana de esta. El Ministerio de Salud ordenó que los buses de todo tipo deben reducir un 25% de su capacidad el aforo de personas, contrario a esto, los buses usados por la PNC para este desalojo, van completamente llenos.

Con el desalojo se pone en riesgo a los agentes de la policía frente a la COVID-19, también a la población de los lugares a donde regresarán en los próximos días. Guatemala alcanzó los 275 mil 202 casos positivos acumulados de COVID-19n. En las últimas 24 horas fueron confirmados mil 472 nuevos casos positivos. De los departamentos de donde fueron trasladados la mayoría de los agentes, se encuentran en color rojo, a excepción de Retalhuleu que está en naranja, según el  semáforo COVID-19 del Ministerio de Salud al día 12 de junio.

A las 16:17 de la tarde continúa el operativo en la aldea Chichipate, los agentes no se han retirado de El Estor. Astrid Franco auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH del departamento de Izabal confirmó que la auxiliatura dieron acompañamiento al desalojo y confirma que las fuerzas de seguridad no realizaron detenciones y que este desalojo responde a una solicitud realizada en 2019.

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