Por Prensa Comunitaria
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó su repudio a las denuncias en contra de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, por parte de la familia de Luis Miguel Martínez Morales y de Joselyn Fernanda Mérida Solano, en las que se alega “violencia contra la mujer”, pero que en realidad son una respuesta represiva a las investigaciones periodísticas realizadas por ambos trabajadores de la información.
El comunicado de la APG señala que María Luisa Morales Martica de Martínez y Claudia Ivón Martínez de Girón, madre y hermana del ex director del Centro de Gobierno, respectivamente, denunciaron a Figueroa y del Cid por supuestos actos de coacción y violencia en contra de la mujer, en su manifestación psicológica. Esto, a raíz de dos publicaciones en las que se evidenció cómo pasaron a residir a una vivienda en un condominio exclusivo, que abría sido comprada por un amigo del ex funcionario, que durante este gobierno fue beneficiado con una plaza en la embajada de España,
Por otra parte, la directora de comunicación social del Legislativo denunció a Figueroa y del Cid, alegando una supuesta violencia psicológica, la que se dio pocos días después de que los periodistas evidenciaran que Mérida Solano y su subdirector, José Fernando López Castañeda, diseñaran una campaña de desprestigio contra un diputado de oposición y contra el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade.
La APG señala que en ambos casos se utilizó una importante normativa, la Ley contra el Femicidio, para coartar la libertad de expresión y recordó que no es la primera vez que se abusa de esta ley, por parte de mujeres con presuntos vínculos en actos de corrupción, para censurar, perseguir y amedrentar a periodistas por sus investigaciones.
La Asociación de Periodistas de Guatemala y su Comisión de Libertad de Prensa consideran que estos actos son una afrenta directa a la libertad de expresión y una alarma a la posibilidad de que más comunicadores sean criminalizados por sus críticas en contra de funcionarios estatales o personajes allegados a éstos. Acciones de esta envergadura, que pueden verse de forma asilada o dirigida a una persona en específico, podrían generalizarse y afectar a todo el gremio, subrayan.
En su comunicado, la APG demanda al Congreso de la República la inmediata destitución de Joselyn Fernanda Mérida Solano y José Fernando López Castañeda, por su responsabilidad en la campaña de desprestigio develada por Sonny Figueroa y Marvin del Cid. Como funcionaria pública y especialmente como periodista profesional, Mérida Solano debe recordar que está expuesta al escrutinio público y a la fiscalización de la prensa, anota.
Asimismo, pide al Ministerio Público (MP), que evite incurrir en acciones arbitrarias en contra de los periodistas, que puedan afectar su libertad de expresión o enviarlos injustificadamente a prisión. El MP debe investigar rigurosamente las denuncias en contra de Mérida Solano y López Castañeda.
Finalmente, la máxima entidad de prensa del país alerta a la comunidad nacional e internacional, así como a organizaciones de derechos humanos, sobre el convulso momento que atraviesa Guatemala y que podría evolucionar en una mayor persecución, asesinato, desplazamiento forzado o exilio de periodistas y otros defensores de derechos humanos.