El Estado debe pedir perdón por los crímenes en la quema de la embajada de España en 1980

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Créditos: rigoberta1
Foto: Rony Morales

Por Rony Morales

14 de octubre 2019

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, junto a los abogados Edgar Pérez y Estela Funes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, solicitaron ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de un recurso de casación que el Estado sea reconocido como tercero civilmente demandado por los asesinatos en el caso de la quema de la Embajada de España.

Con esta acción la premio Nobel y sus abogados buscan la reparación digna para los familiares de las víctimas. En opinión del abogado Pérez, “la petición no solo se resume en dinero, también conlleva la dignificación de las familias, las garantías de no repetición y en esas reparaciones puede incluirse el pedido de perdón que el Estado debe hacer como responsable del asesinato de 37 campesinos originarios de los municipios de Chajul, Nebaj, San Juan Cotzal y San Miguel Uspantán, del norte del departamento de Quiché; y dos estudiantes asesinados, dos días después, de la quema de la embajada de España, el 31 de enero de 1980”.

La petición de Menchú Tum se basa en el fallo del Tribunal de Mayor Riesgo B y la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, donde por unanimidad, declararon al teniente coronel y jefe del Comando Seis, Pedro García Arredondo, como culpable de delitos contra los deberes de la humanidad y que se reconozca al Estado como tercero civilmente involucrado en el hecho y que se de reparación digna para las familias.

García Arredondo confesó, durante el juicio, que el presidente Romeo Lucas García dio la orden de sacar a los campesinos y estudiantes “a como dé lugar”, ésta orden fue transmitida a través de la cadena de mando llegando hasta Pedro García Arredondo, él mismo reconoció, en las declaraciones ofrecidas el tribunal, que la orden venía de “muy arriba”. 

Con el recurso de casación, los abogados de Menchú Tum buscan que el Estado asuma la responsabilidad por los crímenes ya  juzgados en este caso.

Rigoberta Menchú Tum declaró que solicitaron la repetición de la audiencia por un error de la cámara penal de la CSJ, que incluyó en la audiciencia a un magistrado que se había inhibido de conocer el caso cuando la los jueces resolvieron un recurso de casación. La premio nobel de la paz agregó al mismo tiempo: “venimos a tratar un caso que tiene 40 años de historia” en este tiempo dijo, “las víctimas hemos sufrido tanto humillaciones así como la doble victimización […] por eso el caso de la embajada de España es un caso emblemático  porque sienta un precedente enorme […] para pedir justicia por las victimas que fueron asesinadas”.

Al finalizar la audiencia, Josué Baquiax, presidente de la corte de apelaciones, junto al resto de magistrados, respondieron que será en los próximos días cuando se dé a conocer una nueva fecha en la que informarán si le dan tramite a la solicitud presentada por la doctora Rigoberta Menchu Tum. 

Por eselte caso de la Embajada de España, Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando VI de la Policía Nacional, fue encontrado culpable y condenado a 90 años de prisión.

https://prensacomunitaria.org/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

Toma y quema de la Embajada

El 31 de enero de 1980 en la antigua embajada de España en la ciudad de Guatemala, se registraron movimientos de campesinos que llegaban del departamento del Quiche eso de las 11:30 de la mañana, entraron a la sede diplomática acompañados de estudiantes universitarios y algunos obreros.

Estaban buscando apoyo e intentaban llamar la atención por la represión que estaba viviendo en sus comunidades. Tenían meses de denunciar masacres, secuestros, violaciones sexuales y la destrucción de casas y cosechas. Temían que estas acciones fueran en aumento por lo que decidieron ocupar pacíficamente la sede diplomática.

Pedro García Arredondo fue conocido por ser el jefe de una estructura que dependía de la Jefatura del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional (PN). Cuando fue sentenciado a 90 años de prisión inconmutables declaró que no era el único responsable, de esta forma quedó claro que el cumplía órdenes superiores empezando con el entonces presidente Romeo Lucas García.

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