El presidente Bernardo Arévalo presentó un informe en el parque Concordia a 100 días de asumir el poder, en donde estuvo acompañado de funcionarios, autoridades indígenas, dirigentes sociales, miembros del cuerpo diplomático y diputados, entre otros.
¿Cómo evalúan las autoridades indígenas que apoyaron los 106 días de Paro Nacional estos 100 días de gobierno? Arévalo aún tiene el beneficio de la duda, pero poco a poco la credibilidad de su gobierno se está erosionando.
Por Regina Pérez
El presidente Bernardo Arévalo cumplió 100 días en el gobierno, a donde llegó respaldado por un fuerte apoyo popular, principalmente de los pueblos indígenas liderados por sus autoridades que defendieron la democracia durante 106 días. Después de más de tres meses algunas de sus promesas no se han cumplido como la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras.
La petición de renuncia no es la única demanda de la población, sin embargo, es una de las más fuertes. Al frente del Ministerio Público (MP), Porras dirigió los ataques al proceso electoral de 2023 cuando Arévalo fue electo junto a Karin Herrera como vicepresidenta. Su intento de anular las elecciones no tuvo éxito, pero pareciera que el anuncio del gobierno de Arévalo se ha ido concretando: convivir al frene del gobierno con la jefa del MP.
Durante la presentación de su informe en el parque Concordia, de este martes 23 de abril, en donde el año pasado presentó como candidato su plan de gobierno, el ahora presidente dijo que el MP de Porras ha utilizado su posición para amedrentar a sus críticos y para debilitar a su gobierno. “No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia”, señaló entre aplausos de los asistentes.
#AdiósConsuelo 👋 “No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución a esta amenaza a la democracia”, dijo el presidente Bernardo Arévalo sobre la fiscal general Consuelo Porras
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Los hechos han sido un poco diferentes. El 18 de diciembre del año pasado, CNN en Español publicó que el mandatario pediría la renuncia de Porras tras asumir el 14 de enero. “Una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”, expresó Arévalo en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, según la cadena internacional.
Luego de ascender al poder el binomio presidencial, la primera acción que realizó el mandatario fue citar a la fiscal general a su despacho, el miércoles 24 de enero. Ante la negativa de la jefa del MP la citó nuevamente, esta vez ante el Consejo de Ministros el 29 de enero. Porras acudió, pero tras una serie de razones legales señaló que su presencia contravendría la Constitución y por ello se retiró.
Un mes después, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, presentó una denuncia contra la fiscal general, por incumplimiento de deberes, por haberse retirado de esa reunión. Sin embargo, jamás le ha solicitado la renuncia de manera expresa. Las reformas a la Ley Orgánica del MP impiden al presidente destituir al fiscal general.
Feliciana Herrera, alcaldesa indígena Ixil de Nebaj, Quiché consideró que el presidente debe tomar estrategias para exigir su dimisión, ya que por las vías legales no puede hacerlo. “Pero si el sistema no funciona, la legalidad no funciona para estos corruptos, debe pedirla de forma política”, indicó.
Para Herrera, Porras es la cara visible de la corrupción que no deja avanzar al gobierno actual. “Su renuncia es algo que siempre hemos pedido como autoridades y seguimos esperando, porque solo así se oxigena un poco más esta situación y se le regresa la confianza a la población”, indicó.
Elección de gobernadores, “ley favoreció a corruptos”
Un tema que dominó la agenda de esta administración fue la elección de gobernadores, la representación del presidente en los departamentos. Si bien el Ejecutivo facilitó la participación de candidatas y candidatos de a pie que nunca habían participado en este proceso, la cooptación de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) mantuvo la inclusión en la terna de personajes de la vieja política y vinculados a diputados y otros grupos de poder.
Hasta la fecha, Arévalo únicamente ha designado a ocho gobernadores, tres titulares y cinco suplentes y le falta anunciar a 14 en igual número de departamentos.
El expresidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco, quien participó como candidato por Totonicapán cuando se hizo la convocatoria, señaló que la elección se realizó con procedimientos legales “pero que están favoreciendo a los corruptos”.
Según Pacheco, hubo indicios de corrupción, de personas que pagaron para ser incluidos en la terna. “Son corruptos, saben como moverse dentro de ese ámbito”, señaló.
Según la ley de Consejos de Desarrollo son los representantes de la sociedad civil, representados en ese espacio, los encargados de evaluar los perfiles y de presentarlos en una terna al presidente quien tiene la decisión final, sin embargo, sobre varios pesa el señalamiento de estar cooptados por estructuras de poder quienes han tenido influencia en la elección.
Después de 100 días de gobierno, el presidente dijo en su discurso que puso la elección de gobernadores sobre la mesa, le dieron visibilidad y pusieron un proceso más significativo. “¿Ha sido más fácil? No, todo lo contrario, pero hacer lo mismo que antes nos habría llevado a caer en el circulo vicioso de opacidad que corrompe el poder local”, indicó.
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Por su parte, Luz Emilia Ulario Zavala, quien fue alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá y que también participó como candidata a gobernadora considera que el mandatario se tardó mucho tiempo para hacer los nombramientos. “En el caso de Sololá no hay nada claro, es cierto dio mucha participación, pero como no vivimos en democracia, sino en corrupción, la gente muy fácilmente se corrompió, han sido bastante difíciles estos 100 días para él, el pueblo no está sintiendo los efectos positivos, porque eso tiene que llegar a los municipios, para ver si se minimizó la corrupción o no”, consideró.
Rigoberto Juárez, autoridad maya Q’anjob’al de Santa Eulalia, Huehuetenango, opinó que al democratizar este proceso el presidente “abrió la olla de grillos”.
Él está haciendo lo que cree que debe de hacer, pero necesita acompañamiento y aunque algunas personas dicen que no ha hecho nada, al analizar otras presidencias, Arévalo, más que voluntad política, su deseo es gobernar con los pueblos, consideró.
La expectativa sobre esta elección es alta y el Ejecutivo anunció, desde el jueves 18 de abril por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que se darían a conocer los nombres entre el viernes 19 de abril y lunes 22, pero eso no ha ocurrido hasta el momento.
Correlación de fuerzas no favorecen a Arévalo
Las autoridades indígenas reconocen que la correlación de fuerzas en los organismos del Estado no favorece al gobierno del Movimiento Semilla y que no va a ser fácil llevar a cabo las acciones sin apoyo del Organismo Judicial y el Congreso.
“Cuando uno revisa los gobiernos tienen una correlación de fuerzas en el Congreso, tienen un Organismo Judicial que va a coordinar, este gobierno está solo. En el Legislativo, aunque hay anuencia de la Junta Directiva, se está resquebrajando esa posible alianza, se está haciendo cuesta arriba la gobernanza y la gobernabilidad”, indicó Rigoberto Juárez.
El 14 de enero, la bancada Semilla, ahora independiente, consiguió el apoyo de 92 diputados para elegir a Samuel Pérez como el presidente del Congreso, quien invistió a Arévalo en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, un amparo presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC) revirtió la elección y con el paso de las semanas ese apoyo se ha ido diluyendo.
Por ejemplo, el Ejecutivo no pudo lograr que el pleno del Congreso apoyara el pasado 11 de abril el Estado de Calamidad que decretó para combatir los incendios en el país.
En Tribunales, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha reactivado las solicitudes de antejuicio presentadas por el MP en contra del mandatario y la vicepresidenta y han rechazado una recusación en contra del magistrado Carlos Humberto Rivera.
Luz Emilia Zavala señaló que 100 días no han sido suficientes para empezar a mover las piezas, pues se quisiera que limpiara toda la corrupción que hay en el Estado.
“Ha sido difícil porque sabemos que no tiene aliados, todas las instituciones están cooptadas y no puede hacer los movimientos que quisiéramos, es ir contra la corriente”, señaló. Es indignante cuando la CC da con lugar los amparos de Allan Rodríguez (diputado por Sololá) pero los que presentan a favor del pueblo se los niegan, los corruptos tienen mucha influencia todavía, agregó.
Si bien el Ejecutivo ha presentado 34 denuncias por corrupción, Feliciana Herrera expresa que ahora el reto es que haya justicia, “porque si el gobierno va a estar trabajando en su campo, ¿Dónde queda el sistema de justicia en este caso? Seguimos viendo que está cooptado. Ahora les toca responder”, señaló.
Este año está planificada la elección de las magistraturas de la CSJ como de las Salas de Apelaciones. El presidente ha solicitado el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para acompañar este proceso, en el que habló de un “pacto que ejerce su control sobre pocos, pero poderosos operadores de justicia que quieren mantener un régimen de corrupción y perseguir a quienes creemos que el Gobierno debe ser del pueblo y para el pueblo”.
Seguirán vigilantes y exigen derechos
En el caso de pueblos indígenas, Juárez considera que existen retos, pero indicó que la deuda histórica no es de este gobierno, que está intentando entender estos temas. La autoridad Q’anjob’al reconoció la instalación de la mesa de la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas que tiene una discusión de trabajo mensual con el mandatario.
“En cada reunión hay uno o dos acuerdos y esos acuerdos se van a tener que impulsar, más que voluntad, es el ejercicio de llevar adelante este proceso, este entendimiento con autoridades indígenas”, señaló.
Herrera dijo que seguirán vigilantes para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas desde sus propias formas de organización. “Estamos al tanto de que el gobierno no nos decepcione, porque al estar en un diálogo no quiere decir que vamos a descuidar nuestras necesidades territoriales”, dijo.
Entre estas necesidades están combatir la corrupción en sus propios territorios, a lo cual atribuye la pobreza y pobreza extrema en muchas comunidades, al no llevar el desarrollo, infraestructura, atención a la salud y educación, por la pérdida de los recursos.
Otro tema es el cumplimiento de derechos constitucionales de los pueblos indígenas, como el manejo de los bienes naturales como ríos y bosques. “Debemos llegar a acuerdos para el beneficio de la población, el pueblo Ixil genera 157 megavatios de energía eléctrica y la mayoría de comunidades no tiene energía, ¿De qué desarrollo se habla? Es lo que seguimos exigiendo en estos espacios”, señaló.
En el caso de Zavala, ve la inclusión de los pueblos indígenas de otra manera. Para ella, en las instituciones del Estado no hay representación de los cuatro pueblos. “Arévalo no ha sido un presidente para los pueblos indígenas, nosotros tratamos de defender esa democracia que es más de ellos que de nosotros, pero ellos nunca nos han visualizado en sus programas y nosotros exigimos que nos tomen en cuenta, pero no ha sido posible”, opinó.
Según dijo, el pueblo debe buscar la forma de llegar al poder, “porque si nosotros pedimos participar y no nos dan ese espacio, es como si estuviéramos mendingando y creo que no estamos mendingando sino por derecho nos correspondería”.
¿Qué dijo Arévalo en su informe?
Además de anunciar que seguirá buscando las vías legales para destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, Arévalo informó que se rebajará el salario en un 25 %, lo cual señaló ahorrará Q1.5 millones al Estado.
Una de sus principales promesas antes de asumir como mandatario fue combatir la corrupción con diez pasos. El presidente indicó que limpiar cada gaveta no ha sido fácil. “El orden, la limpieza, no se alcanza de la noche a la mañana y estamos caminando entre trampas y precipicios, pero estamos navegando con la cautela necesaria y la certeza de que vamos en dirección a tierra firme, lejos del pantano de la corrupción”.
#GobiernoGT 👁️ El presidente Arévalo anunció la reducción del 25% de su salario
La decisión fue anunciada por el mandatario durante la presentación de su informe sobre los 100 días de gobierno. pic.twitter.com/BP337TqU1O
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Arévalo dijo que su gobierno denunció grandes casos de corrupción como la compra de Vacunas Sputnik V al gobierno ruso y contratos como el de las Escuelas Bicentenario. “En total hemos presentado 34 denuncias de casos de corrupción, seguirán muchas más”, añadió.
Agregó que el gabinete eliminó más 1300 plazas que no tenían razón de ser. “Antes las plazas fantasmas funcionaban como vale de canje para compra de voluntades políticas. En nuestro gobierno esa puerta se cerró, romper ese mecanismo de intercambio corrupto requiere de voluntad y aplomo por parte de quienes tomamos decisiones con la confianza del pueblo, pero también requiere de un sistema de justicia que sea independiente de instituciones que investiguen y castiguen imparcialmente a los responsables del asalto de los recursos que son de todas y todos los guatemaltecos” en clara referencia al organismo Judicial y el MP.
Pacheco, expresidente de los 48 Cantones, consideró que uno de los grandes desafíos del gobierno será no perder la credibilidad y lograr la articulación de los pueblos indígenas tomando en cuenta a aquellos que representan y que respaldaron la defensa de la democracia.
Lo otro es tomar la justicia a su favor, “si eso no se hace no vamos a tener los cambios que esperamos, pero hay que hacerlo rápido, no dejar pasar mucho tiempo porque mientras más pasa el tiempo los pueblos indígenas nos vamos a desesperar”, indicó.
Herrera por su parte comprende que en 100 días las cosas no van a cambiar “de la noche y la mañana” y no por eso van a retirar su respaldo. “Estamos en un país de criminales, cambiar eso por otra realidad requiere tiempo, vamos a seguir apoyando ese proceso siempre y cuando se cumpla con las comunidades”, puntualizó.
