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  Las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas han encabezado gran parte de la lucha ciudadana durante la última semana del paro nacional, que se desarrollan en contra de las acciones golpistas de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y del juez Fredy Orellana. En este proceso la espiritualidad y la religiosidad han estado presentes como elemento esencial para las personas que se movilizan pidiendo el retorno a la democracia. Por Prensa Comunitaria Frente a las instalaciones del Ministerio

 Luego de la reunión que duró casi cuatro horas con el presidente Alejandro Giammattei las autoridades indígenas anunciaron que las manifestaciones y tomas de carretera continuarán. “Si no tiene carácter para pedir la renuncia, él también se va a ir”, recalcó Rigoberto Juárez Mateo, autoridad maya Q’anjob’al de Huehuetenango. Por Rony Ríos Durante casi cuatro horas, seis representantes de las autoridades ancestrales sostuvieron una reunión con el presidente de la República, Alejandro Giammattei, funcionarios de gobierno y representantes de la misión de la Organización de

  Consuelo Porras pidió al presidente, Alejandro Giammattei; al ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos; y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Adriano, implementar todas las acciones necesarias en contra de los manifestantes que se encuentran a las afueras de la sede central y así preservar el orden público.  Por Alexander Valdéz  El Ministerio Público (MP) insiste en reprimir a ciudadanos que participan en manifestaciones pacíficas y que piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Esta vez, luego de la resolución

  La resolución emitida por la CC nuevamente favorece a la FECI y al juez Fredy Orellana, quienes han encabezado la “criminalización” contra el partido Movimiento Semilla y el TSE, y que además, buscan que la agrupación política que llevó a la presidencia Bernardo Arévalo sea cancelada. Por Alexander Valdéz La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la inconstitucionalidad planteada por nueve abogados, que buscaba suspender provisionalmente la frase “las inscripciones de personas jurídicas”, que fue utilizada por el juez séptimo Fredy Orellana, para suspender la