La Misión de Mediación también condenó la comisión de cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, los resultados y el proceso de transición para que asuma Bernardo Arévalo y Karin Herrera como binomio de gobierno.
Por Rony Ríos
La Misión de Mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de prensa para informar sobre los avances durante los primeros cinco días de haber llegado al país para acercar a los manifestantes y al gobierno para encontrar una solución a la crisis política.
Según la Misión, en estos días se reunieron con varios sectores para escuchar los motivos por los cuales se había llegado al Paro Nacional, por lo cual exhortó que las partes manejen con premura la situación del país para “lograr acuerdos que protejan las instituciones democráticas en Guatemala y reconozcan con apertura diversas necesidades y demandas del pueblo”.
Las autoridades ancestrales, quienes lanzaron las convocatorias para manifestar en defensa de la democracia, informaron sobre los actos cometidos por el Ministerio Público (MP) y avalados por el juez Fredy Orellana en contra del proceso electoral, motivos por los cuales se exige la renuncia de los cuatro funcionarios de justicia.
Mientras que el gobierno insiste en que no tiene las facultades legales para destituir a los funcionarios y remite a la población a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al MP.
Pese a las dos posturas distantes, la Misión resaltó la predisposición de ambos sectores para iniciar un proceso de acercamiento, a través de la instauración de una mesa de diálogo que tuvo su primera reunión ayer, aunque en la misma no se lograron acuerdos ni consensos.
Además, la Misión dijo que brindará recomendaciones puntuales que permitan al gobierno adoptar las decisiones políticas urgentes para encontrar una solución efectiva a los temas que son causantes de la protesta social; estas recomendaciones serán presentadas, en un posterior informe, al presidente Alejandro Giammattei.
“Al mismo tiempo, la Misión rechaza y condena cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, sus resultados y el proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando asumirán sus cargos el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera”, indicó la delegación de la OEA en su comunicado.
El Paro Nacional
Desde el 2 octubre las organizaciones sociales comenzaron una serie de manifestaciones y tomas de tramos carreteros para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
La inconformidad de la población se puso de manifiesto tras la irrupción del MP en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para secuestrar las actas en las que se consignaron los resultados de cada Junta Receptora de Votos. En estos documentos están los resultados de la elección de alcaldes, diputados al Congreso de la República, Diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y de presidente y vicepresidente.
Ante el secuestro de los documentos originales y la falta del resguardo que es delegado al TSE, los manifestantes indicaron que no hay garantías de que los mismos no sean manipulados, alterados o destruidos, poniendo en riesgo todo el proceso electoral y sus resultados.
Sin embargo, esta solo fue la gota que colmó la paciencia y provocó el hartazgo de la población, ya que desde que se supieron los resultados de la primera vuelta, la FECI comandada por Curruchiche y avalada por Orellana suspendieron la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, intentando desplazar de la papeleta de segunda vuelta electoral.
Además, Curruchiche envió un oficio al Congreso de la República para que el bloque legislativo Semilla fuera separado, lo cual lograron por un día porque luego se vieron obligados a que fueran adheridos nuevamente.
El MP también allanó la sede de Semilla, las oficinas del Registro de Ciudadanos, de Organizaciones Políticas, otras dependencias del TSE e incluso copando de policías el Parque de la Industria comenzaron a contar votos de algunas mesas.
Este cúmulo de acciones que atentan contra el proceso electoral hizo que las autoridades indígenas comenzaran con la toma de algunos tramos carreteros el 2 de octubre; conforme pasaron los días, más y más guatemaltecos se sumaron, al punto de tomar al menos 140 puntos en todo el país.
