La PGN se hizo querellante en el proceso de criminalización de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abogados consideran que su figura en la querella no es indispensable porque duplica representación.
Por Simón Antonio Ramón
La Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió ser querellante en el proceso penal conocido como Toma USAC: Botín político en el que están señalados estudiantes, profesores, autoridades, activistas y trabajadores que se opusieron a la imposición de Walter Mazariegos en la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
La petición de la PGN fue aceptada por el juez Víctor Cruz, durante la segunda audiencia de primera declaración de cuatro personas criminalizadas en este proceso, que se realizó el jueves 4 de abril.
Ese día, la abogada de la Procuraduría General de la Nacional, Sandra Eunice Agustín Palacios justificó su participación en el Acuerdo Ministerial, del 19 de diciembre de 2011, en el que el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) declaró patrimonio cultural de la nación al Campus Central de la USAC, ubicado en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Este grupo está integrado por Engelberth Blanco, periodista y estudiante de la Escuela de Ciencias de Comunicación (ECC); Julio Antonio Arreaga Solares, catedrático; Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, representante de docentes ante el Consejo Superior Universitario (CSU) por la Facultad de Veterinaria; y el activista y columnista de prensa, Helmer Velásquez.
“Los hechos que se hace de conocimiento de esta representación versan en posibles agravios en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, señaló Sandra Eunice Agustín Palacios en representación de la PGN.
“Dentro de este proceso se ha podido manifestar el posible menos cabo del patrimonio de la Universidad”, dijo la abogada.
Con la presencia de la PGN pasa a un segundo plano la presencia de la representación legal de la USAC, porque no le corresponde la protección de los bienes culturales, señaló el abogado Juan Castro, abogado defensor del activista social Helmer Velásquez en este proceso.
“Ahora hay una doble representación. Es la PGN a quien por ley le corresponde ser querellante, como el caso de la quema del Congreso, en 2020”, señaló el abogado.
El fiscal Saul Sánchez del Ministerio Público (MP) los acusó por los delitos de usurpación agraviada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
La continuidad de la audiencia de primera declaración se realizará el próximo martes, 9 de abril a las 2 de la tarde bajo el control del juez Víctor Cruz, quien preside el Juzgado Décimo de Instancia Penal en la ciudad de Guatemala.
