El mexicano Carlos Castilla Martínez, fue implicado por la FECI y la extinta CICIG en el caso de corrupción relacionado con la contratación de un sistema informático por Q240 millones para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en 2014. Con el fallo de la CC se anuló la orden que lo enviaba a juicio por supuestos actos de corrupción.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó un amparo a favor de Carlos Castilla Martínez, de ciudadanía mexicana, implicado por la FECI y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso de corrupción relacionado con la contratación de un sistema informático por Q240 millones para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en 2014.
El fallo favorece al acusado ya que deja sin efecto la orden de la Sala Primera de Apelaciones, que resolvió que enfrentara juicio por asociación ilícita. Uno de los delitos por los que estuvo prófugo de la justicia, desde 2018, hasta que fue detenido dos años después.
Inicialmente el Juzgado Décimo Penal lo benefició y le concedió el cierre de la investigación. Ese es el mismo Juzgado que ha emitido fallos en casos contra Claudia González o estudiantes criminalizados la USAC.
Luego fue la Sala Primera de Apelaciones la que ordenó que fuera a debate. Por ello, el proceso llegó hasta la CC, donde ahora se emite un nuevo fallo favorable para el procesado.
A criterio de la CC, la Sala no fundamentó adecuadamente la decisión de enviar a juicio al acusado, por esa razón confirmó la protección constitucional y ordenó a los magistrados emitir una nueva resolución. “Se concluye que la autoridad refutada dejó de fundamentar su decisión de forma completa y acorde al ordenamiento jurídico, en vista que el hecho de no asumir la jurisdicción del inferior es constitutiva de violación constitucional; por lo que deberá otorgarse la tutela constitucional, y, al haber resuelto en igual sentido el Tribunal a quo corresponde confirmar la sentencia venida en grado, pero conforme a lo aquí considerado”, se lee en la resolución.
Los magistrados Rony López y Leyla Lemus fueron los que no estuvieron a favor de esa decisión. Mientras que, Juan José Samayoa, Claudia Paniagua, Dina Ochoa, y Nester Vásquez, votaron para amparar al acusado de corrupción.
Un supuesto fraude millonario
Este caso se dividió en tres eventos de posible corrupción dentro del IGSS. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) indicó que uno de los hechos ocurrió el 21 de mayo de 2014, cuando el Departamento de Informática del Instituto de Seguridad Social solicitó la adquisición de una Solución Integral de Sistemas Informáticas o su equivalente que incluyera: la instalación, migración de datos, puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales, estimando su valor en Q243 millones, sin justificarlo. “El IGSS contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas, incluyendo los sistemas de contabilidad del Estado, SIGES y SICOIN, cuyo uso no puede prescindir en las instituciones públicas”, señala el MP y la CICIG.
Según el Ministerio Público (MP), Castilla actuó como operador de la empresa Intellego, que vendió el software al IGSS. La investigación menciona que “elaboró las bases de licitación” con los parámetros que la compañía necesitaba para lograr la adjudicación del contrato por más de 200 millones de quetzales entre 2013 y 2014.
“En un proceso que duró tres meses el IGSS desembolsó más de Q240 millones para pagar un servicio informático innecesario para la institución puesto que el seguro ya contaba y aún cuenta con sistemas para el desarrollo de sus labores, tanto administrativas como médicas. Este desembolso millonario lo realiza por medio de un proceso de recepción de ofertas en la modalidad de excepción que dura media hora, y bajo la figura de proveedor único. La oferta es calificada posteriormente por una junta receptora sin experiencia en sistemas informáticos. Esto a pesar de que el servicio además de ser innecesario representaba un gasto muy elevado para la institución”, indica el MP.
Este fue la presentación del caso en 2018:
https://www.cicig.org/casos/cinco-detenidos-por-ilegalidades-en-contratos-administrativos-del-igss/
En este expediente también fueron señalados los exintegrantes de la Junta Directiva del IGSS, pero se desconocen los avances de la investigación que estaba a cargo del Juzgado Décimo Penal.
