Créditos: Kimy De León
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El inicio del juicio contra el militar en condición de retiro deberá esperar. Esta vez, los dos abogados que asistían legalmente al acusado presentaron su renuncia, provocando que el Tribunal nombrará a una abogada del IDPP y le concediera un tiempo para estudiar el caso.

Por Alexander Valdéz

El Tribunal de Mayor Riesgo “A” no pudo comenzar el juicio contra el general Manuel Benedicto Lucas García, quien fue acusado de genocidio y delitos contra deberes de humanidad, desaparición forzada y violencia sexual. Por las masacres que se cometieron en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, del área Ixil en Quiché.

El debate fue reprogramado para el próximo 5 de abril debido a que los dos abogados defensores presentaron su renuncia por supuestos quebrantos de salud y el tribunal tuvo que nombrar a una representante del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), quien a su vez pidió tiempo para analizar los medios de prueba.

Junto a Lucas García también figuraba como acusado Manuel Callejas y Callejas, sin embargo, el tribunal determinó que no era capaz de enfrentar un juicio. El Tribunal de Mayor Riesgo A, estableció que debía suspenderse la persecución penal a favor del acusado.

El periodo en el que se le atribuye responsabilidad abarca del 16 de agosto de 1981 al 23 de marzo de 1982, durante el gobierno de su hermano Romeo Fernando Lucas García.

La Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), mencionaron que durante este periodo se ordenó la implementación de operaciones militares de barrida, “causando la muerte de un mínimo de 1 mil 771 personas, 1 mil 72 se reportaron con nombres y apellidos, entre estas, niñas, niños, ancianos, mujeres, hombres y mujeres embarazadas, 32 masacres selectivas y generalizadas”.

Foto: Emmanuel Andrés

Además, se registraron la destrucción de 23 aldeas enteras a partir de la quema de casas, cosechas, siembras, destrucción de herramientas de trabajo, persecución, desplazamiento forzado y bombardeos.

“Así como el sometimiento de la población a condiciones de hambre y enfermedades que causaron la muerte de cientos de personas, además de graves hechos de violencia sexual contra mujeres y niñas y desaparición forzada de líderes locales”, señalan las organizaciones.

Familias siguen esperando justicia

Las organizaciones que apoyan a las víctimas, a pesar de lo ocurrido en el primer juicio, mantienen la esperanza de que el sistema de justicia funcione en favor de las familias agraviadas por el genocidio Ixil.

Durante la etapa de apertura a juicio, la Fiscalía de Derechos Humanos presentó cientos de certificaciones de defunción de víctimas Ixil, masacradas por el ejército de Guatemala entre 1978 y 1982.

Un mínimo de mil certificaciones de defunción, documentos militares, testimonios, peritajes e informes de exhumación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), darán sustento a las acusaciones hechas contra los altos mandos del ejército de Guatemala señalados de dirigir las masacres cometidas en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, en Quiché.

El MP expuso documentación de pruebas que señalan unas 31 masacres, 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 117 muertos por desplazamiento y persecución, 26 casos de violencia sexual y 53 casos de desaparición forzada.

En 2013, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Ministerio Público (MP) lograron llevar a Tribunales al general retirado Efraín Ríos Montt, acusado del delito de genocidio, quien fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la condena, ordenando repetir una gran parte del proceso.

Más información acá:

Caso Genocidio: Tribunal libera de persecución penal al general Manuel Callejas

 

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