Créditos: Verdad y Justicia
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El exjefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército no podrá ser juzgado penalmente y se ordenó su libertad inmediata. Sin embargo, en cuanto su estado de salud mejore, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” resolvió que se analice un procedimiento especial para que pueda ser juzgado.

Por Alexander Valdéz

Para este miércoles estaba previsto el inicio de juicio contra militares vinculados en el caso por el Genocidio Ixil, pero el debate no se llevó a cabo por una petición de la defensa del exjefe de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Callejas y Callejas, que pidió analizar la incompetencia para enfrentar proceso penal de su patrocinado.

A raíz de la petición de la defensa, los jueces escucharon a un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien explicó que el militar en condición de retiro padece de una enfermedad renal incurable y de Parkinson, por lo que recomendó que debe permanecer bajo cuidado médico.

Por ese y otros dictámenes médicos, el Tribunal Primer de Sentencia Penal de Procesos de Mayor Riesgo A, estableció que debía suspenderse la persecución penal a favor del acusado. Callejas y Callejas no podrá ser juzgado penalmente hasta que su situación de salud mejore. Además, dejó claro que si bien se ordena su libertad, al mejorar su estado, se establecerá el procedimiento especial para que responda por su posible responsabilidad en el caso.

“La enfermedad es degenerativa y no se le puede juzgar. Es decir, la situación médica del señor no se cura. No es que no se quiera juzgar al señor Callejas y Callejas, esto no termina el proceso penal para él, la suspensión de la percepción solo es por su estado de incapacidad. Es necesario ordenar su libertad por su estado de salud, no está desligado porque hay una persecución, pero no en la vía del proceso ordinario, y eso va a continuar en cuanto desaparezca su incapacidad”, declaró el tribunal.

En este caso también figura como acusado el general Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, quien deberá continuar en solitario el proceso penal en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

En la actualidad, Lucas García y Callejas y Callejas se encuentran cumpliendo una condena de 58 años de prisión, sentenciados por la desaparición forzada del niño Marco Antonio, la violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen, en 2018.

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Una constante búsqueda de justicia 

Durante la etapa de apertura a juicio, la Fiscalía de Derechos Humanos presentó cientos de certificaciones de defunción de víctimas Ixil, masacradas por el ejército de Guatemala entre 1978 y 1982.

Un mínimo de mil certificaciones de defunción, documentos militares, testimonios, peritajes e informes de exhumación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), darán sustento, a las acusaciones hechas a los altos mandos del ejército de Guatemala, de dirigir las masacres cometidas en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, en Quiché.

El MP expuso documentación de pruebas que señalan unas 31 masacres, 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 117 muertos por desplazamiento y persecución, 26 casos de violencia sexual y 53 casos de desaparición forzada.

En 2013, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Ministerio Público (MP) lograron llevar a Tribunales al general retirado Efraín Ríos Montt, acusado del delito de genocidio, quien fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la condena, ordenando repetir una gran parte del proceso.

Las organizaciones que apoyan a las víctimas a pesar de lo ocurrido en el primer juicio, siguen teniendo la esperanza de que el sistema de justicia funcione en favor de las familias agraviadas por el genocidio Ixil.

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