Créditos: Prensa Comunitaria
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El MP presentó un recurso legal para que los cuatro magistrados procesados por el delito de fraude en el caso TREP sean enviados a prisión preventiva, por haber peligro de fuga y de obstaculizar la investigación.

Por Alexander Valdéz

El Ministerio Público (MP) presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Duodécimo Penal, que otorgó la libertad condicional a los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes la semana pasada fueron vinculados a proceso por el delito de fraude en el caso iniciado por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El MP ratificó que consideran que existe peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad. Por ello, piden que se revoque la resolución de la jueza “B” Karen Chinchilla, quien durante la audiencia de primera declaración negó lo pedido por el ente investigador y otorgó las medidas sustitutivas.

La apelación será analizada por magistrados de una Sala de Apelaciones, quienes deberán determinar si es o no prudente que sigan en libertad. Actualmente los cuatro señalados retomaron sus actividades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de estar fuera del país.

Entérese más aquí:

Caso TREP: Magistrados del TSE son procesados por fraude

El caso sigue su curso

Este caso surgió después de que se avalaron los resultados de las elecciones generales que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo. Además, por la intención del MP de anular el proceso electoral.

El MP los señaló a los cuatro magistrados de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Pero, en la audiencia de primera declaración se determinó que solo había indicios de la comisión del delito de fraude.

Según el MP, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplieron su deber al delegar  la supervisión del funcionamiento del TREP al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala. Además, fueron señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.

La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro y los magistrados suplentes restantes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) les otorgó un amparo que frenó la acción del MP.

 

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