La criminalización de la comunidad estudiantil que denunció las elecciones fraudulentas en la Universidad de San Carlos de Guatemala continúa. Los estudiantes le exigen a la PDH intervenir ante el proceso de sanciones que impulsa el Consejo Superior Universitario dirigido por Walter Mazariegos.
Por Shirlie Rodríguez
Los integrantes de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se presentaron a las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), para presentar una denuncia en contra de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU).
La denuncia se planteó a consecuencia de los recientes acontecimientos en los que se pretende emitir sanciones administrativas que incluirían hasta la expulsión de estudiantes quienes han señalado el fraude de la elección a la Rectoría.
Luis López, estudiante de esa Facultad dijo que la denuncia es porque se evidenció que el CSU está criminalizando a 37 estudiantes. “El CSU liderado por Walter Mazariegos está en contra de los estudiantes, por luchar por la educación de calidad, algo que han dejado de lado. Él (Mazariegos) ha estado al servicio de las mafias”, indicó.
Agregó que los integrantes del CSU cumplen y acatan órdenes que solo les conviene a ellos y a sus allegados.
En las oficinas de la PDH no se permitió el ingreso de todos los estudiantes y abogados que llegaron a presentar la denuncia, únicamente ingresaron dos personas. Los periodistas tampoco pudieron ingresar.
La abogada Wendy López explicó que la denuncia presentada señala la violación a los derechos humanos ante la decisión de implementar medidas disciplinarias a los estudiantes que catalogan como peligrosos dentro de la estructura universitaria.
“Vulnera una serie de derechos humanos fundamentales, esto deviene de la usurpación de funciones que hace el rector y el CSU, quieren darle una pinta de medidas disciplinarias cuando son sanciones. ¿Cuándo acá un funcionario se va a atribuir funciones de un juez?”, dijo la abogada.
López explicó que Walter Mazariegos y el Consejo Superior Universitario están dando una sentencia anticipada y por lo tanto se mantiene un estado de criminalización, lo cual no puede ser aceptado por la comunidad estudiantil.
Le recordamos al procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, su función y no espere a que vengamos aquí a hacerle un llamado, él está aquí para ayudarnos y defender los derechos humanos de la población”, dijo una de las estudiantes que acompañó a presentar la denuncia.
El pasado 28 de febrero el CSU, con 22 votos a favor, aprobó iniciar el proceso de medidas disciplinarias en contra de 37 estudiantes, 19 profesores, 14 trabajadores, una persona jubilada y seis personas ajenas a la USAC, por “la posible responsabilidad administrativa por la conducta de los estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios, en la irrupción, obstaculización e impedimento en el acceso al Campus Central, zona 12”, indica la supuesta investigación dirigida por Mazariegos y su secretario Luis Cordón Lucero.
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“Es injusto que nos estén negando la educación y nuestro plan de vida. La San Carlos es la única Universidad a la que algunos estudiantes podemos optar y estas sanciones las quieren hacer sin un debido proceso que deberían tener por un reglamento interno y es solo por manifestar lo que la Universidad no nos da”, dijo Fernanda Flores del Tribunal de Honor de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Superior de Arte (ESA).
La denuncia fue recibida por el personal de la PDH y tanto los estudiantes como los abogados que acompañan este proceso, esperan una respuesta pronta del procurador Alejandro Córdova, que ha sido señalado de estar “en modo avión” por otros sectores de la población guatemalteca.
