Créditos: Emmanuel Andrés
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Por razones humanitarias, Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza, no continuarán en prisión preventiva. La jueza de mayor riesgo “B” decidió otorgar medidas sustitutivas.

Por Alexander Valdéz

El Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo de la jueza Claudia Ordoñez, resolvió conceder libertad condicional a dos militares que figuran como acusados de delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada en el caso del Diario Militar.

Los beneficiados con medidas sustitutivas, pese a que existe prohibición legal, fueron José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza. La juzgadora justificó su decisión en “razones humanitarias”, por los quebrantos de salud de los dos procesados.

Tanto a Monterroso Villagrán como a De León Sigüenza se les impuso lo siguiente: arresto domiciliario sin vigilancia, prohibición de salir del país y tienen prohibido relacionarse con otros señalados en la investigación.

El oficial de inteligencia Monterroso Villagrán fue enviado a juicio por los delitos de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad, en agravio de Rubén Amílcar Farfán. Mientras que el caso del sargento especialista de inteligencia De León Sigüenza quedó en suspenso, por la renuncia de su abogado y quedó sin fecha para el inicio de la etapa intermedia.

El abogado Francisco Vivar, abogado de las víctimas, lamentó lo ocurrido en el caso, ya que se sigue generando impunidad. “Los convenios y tratados internacionales no se están respetando. Estos son delitos calificados como graves violaciones de derechos humanos que tienen otro trato especial”, expresó.

“Accionaremos legalmente. Como antecedentes están las resoluciones en las que se han otorgado medidas anteriormente han sido revocadas por las Salas. Es decir que estas medidas son ilegales. Deja un mal sabor porque se están violentando los derechos de las víctimas”, añadió.

Una justicia que no llega

La Fiscalía de Derechos Humanos vincula a los militares retirados en la investigación llamada “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”. Este es un documento que detalla cronológicamente, la forma en la que fuerzas de seguridad del Estado cometieron una serie de crímenes.

Entre ellos: secuestro, desaparición forzada}, traslado a centros clandestinos de detención, tortura, abuso sexual y el asesinato de 183 personas entre los años 1983 y 1985, durante el Conflicto Armado Interno.

El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos informó de la captura de 11 militares señalados de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de aproximadamente 195 personas, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.

Según la fiscalía, el archivo que se hizo público en 1999, registra asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas. Este caso estuvo a cargo de Miguel Ángel Gálvez, pero el juez renunció a seguir en el Organismo Judicial (OJ), por el hostigamiento y criminalización del que fue víctima a raíz de fallos dictados en ese expediente.

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Otro militar favorecido

Hace una semana, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó un fallo favorable para al coronel Jacobo Salán Sánchez, vinculado al caso conocido como Diario Militar, en el que ya había sido enviado a juicio, pero la Sala Primera de Mayor Riesgo dejó en suspenso la decisión del exjuez de mayor riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez.

La decisión de la CC versa sobre dicho fallo, al que se opuso la Fiscalía de Derechos Humanos y por esa razón presentó la apelación, sin embargo, la misma fue denegada por la máxima corte, confirmando la decisión de dejar en suspenso la resolución que enviaba a debate al coronel y que también favorece a otros ocho sindicados, entre militares y policías.

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