El Ministerio Público (MP) intentó que se emitieran nuevas órdenes de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana, el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la exjueza Erika Aifán, por una denuncia de un acusado de corrupción en el caso Fénix.
Por Alexander Valdéz
Sin embargo, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal no las autorizó por considerar que podría existir una “doble persecución” al tratarse de hechos ya conocidos por el juez Fredy Orellana.
En lugar de girar las órdenes de aprehensión, la judicatura optó por remitirle la denuncia a Orellana, quien es el que tiene a su cargo el expediente de criminalización de los ex operadores de justicia.
La denuncia en contra de los exfuncionarios fue interpuesta por Agustín Leonidas Castro, quien estuvo procesado por lavado de dinero en el caso Fénix, el cual investigó la FECI y la desaparecida CICIG.
La negativa fue apelada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por Noé Rivera, quien trabajaba en la Fiscalía de Asuntos Internos y que fue incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos.
En el máximo tribunal constitucional, Rivera dijo que la denuncia de Castro no guarda relación con los hechos investigados en el caso de criminalización inicial. No obstante, no precisó más detalles sobre en qué se diferenciaban ambos expedientes.
Es más, la solicitud de órdenes de aprehensión solo se conoció hasta que los alegatos para que se autorizaran llegaron a la CC, en donde se recopilaron todos los antecedentes y la ruta que siguió el Ministerio Público para perseguir a Sandoval, Aldana y Aifán.
Vale resaltar que la Corte decidió no aceptar los argumentos del ente investigador y, por ende, avaló lo actuado por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal. Los magistrados emitieron el fallo el 20 de enero pasado.
¿Quién es el denunciante que el MP protege?
Agustín Leonidas Castro, fue acusado de lavado de dinero como mandatario de la entidad Galente Trading Limited, que fue creada en Australia. En 2019, la fiscal Cinthia Monterroso, como fiscal encargada del proceso, explicó que Galente compró bonos de paz en el Banco de Guatemala (Banguat) por US$500 mil y en un banco del sistema por US$1.3 millones que le dejó intereses.
“Con ese dinero el señor Leonidas Castro compró un vehículo en 2013 por el que pagó US$50 mil. Además, otros dos vehículos que fueron comprados por la entidad Arreola Ingenieros por US$50 mil y otro automóvil que compró una entidad relacionada con el exgerente del IGSS, Cesar Sandoval Morales -implicado en el caso-”, afirmó la FECI.
La entidad Galente “usó el sistema financiero internacional para introducir dinero lícito del IGSS y desviarlo. La creación de la offshore no fue casualidad, fue para ocultar el desvío del dinero”, indicó la investigación.
MP criminalizó a fiscales y exjueza
El MP confirmó, en mayo del año pasado, que se giró una orden de detención contra la exjueza Erika Aifán, así como de la exfiscal general Thelma Aldana y el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
Las órdenes fueron autorizadas por Orellana porque presuntamente ellos incurrieron en asociación ilícita, abuso de autoridad, entre otros ilícitos. El expediente se inició porque supuestamente contribuyeron a una doble persecución de los sindicados del caso Fénix.
Ese caso fue reabierto por la FECI en 2019, cuando se capturó a diez implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del operador político Gustavo Herrera Castillo (otro de los señalados en el expediente).
La investigación se retomó para responsabilizar de lavado de dinero a varias personas, quienes presuntamente utilizaron sociedades anónimas para desviar Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Ordenan la detención de la exjueza Erika Aifán y dos exfiscal del MP
