Los nuevos directivos del Organismo Legislativo han tenido diversos señalamientos por sus actuaciones previas a desempeñarse como congresistas. Algunos se han visto envueltos en escándalos de corrupción y otros han sido operadores cercanos de políticos controversiales. Romper con el Pacto de corruptos dentro del Congreso implica una serie de alianzas internas para la bancada oficialista, para poder empujar una agenda a favor de amplios sectores sociales.
Por Prensa Comunitaria
La larga espera que llevó a la elección de la primera Junta Directiva de la X Legislatura del Congreso de la República, el 14 de enero, pasadas las 21 horas, logró un primer consenso para elegir a Samuel Pérez Álvarez como presidente del legislativo.
Los 115 votos provenientes de diputados electos por el Movimiento Semilla en conjunto con los bloques Cabal, Vos, Bien, Viva, Victoria, Winaq-URNG y disidentes de la UNE otorgaron la presidencia del Congreso al diputado Nery Abilio Ramos y Ramos del bloque Azul, cinco días después tras la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC) que les ordenó repetir la elección
La noticia de nuevo fue celebrada por diversos sectores de la sociedad, puesto que significaba una nueva derrota de la antigua coalición liderada por las agrupaciones Vamos y UNE de Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y Sandra Torres, a la que se sumó Sandra Jovel y Álvaro Arzú de la coalición Valor-Unionista
Sin embargo, la mayoría de los congresistas que integran la nueva directiva del Organismo Legislativo han tenido señalamientos de distinta índole durante el recorrido que han tenido en su vida pública y la vieja política, señalamientos que damos a conocer a continuación, sus luces y sombras.
Un “Riverita” en la presidencia del Congreso
Nery Ramos de 46 años de edad fue electo por primera vez diputado en las elecciones generales del año pasado. Es representante del distrito de Jutiapa y fue electo con el partido Azul que promovió la candidatura presidencial de Isaac Farchi.
Ramos fue nombrado en 2015 como director de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno de Jimmy Morales y permaneció en el cargo hasta febrero de 2018 cuando fue destituido por el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart Asturias.
Antes de ascender en la cadena de mando en la PNC, el nuevo presidente del Congreso, fue parte de la estructura de antisecuestros que operaba bajo las órdenes del venezolano Víctor Rivera Azuaje a la que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló de realizar ejecuciones extrajudiciales.
El desaparecido medio de comunicación Nómada publicó que “Víctor Rivera fue uno de los personajes que más influencia tuvo en la policía posterior a los Acuerdos de Paz. En una institución policial cuyos mandos tenían escasa experiencia en resolver crímenes, Rivera enseñó a muchos de los nuevos reclutas que ser policía era una disciplina que requería método y disciplina para recopilar y analizar información, y no solo golpear a los interrogados. Rivera se dedicó a escoger a los miembros de su unidad antisecuestros entre los mejores alumnos de los cursos que impartía en la academia policial. Pero su influencia se extendió a los fiscales que trabajaban con él, al mundo de la seguridad privada y muchas de las familias víctimas de secuestro a las que ayudó a recuperar a sus seres queridos”.
A Rivera se le atribuye haber desarticulado a las principales bandas de secuestradores que operaron entre el fin de los 90 y el comienzo del nuevo siglo, aunque no siempre utilizó los métodos más limpios. Como aseguró el exsubdirector policial, Javier Figueroa, en el juicio en Suiza en contra de su jefe, el exdirector Erwin Sperisen, “Rivera era conocido por no dejar a nadie vivo en los operativos que dirigía”, indicó la publicación de Nómada.
El referido medio de comunicación también expuso que “de hecho, dos de los miembros de su unidad fueron procesados en Guatemala por las muertes de los fugitivos de El Infiernito, aunque sólo Axel Ramírez Arreaza fue condenado. También enfrentó juicio por estos hechos su secretaria, María del Rosario Melgar –absuelta, asimismo– y el propio Víctor Rivera, probablemente, hubiera sido procesado de no haber sido asesinado en abril de 2008, meses después de haber sido canceladas sus asesorías en el Ministerio de Gobernación”.
En 2017 cuando el presidente del Congreso fue director de la PNC ocurrió el incendio del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” que terminó trágicamente con la vida de 41 niñas y 15 sobrevivientes que resultaron gravemente heridas.
En esa ocasión las instalaciones estaban custodiadas por 100 agentes de la PNC y las víctimas fueron encerradas bajo llave como castigo tras un intento de fuga de las menores de edad. La subinspectora de la policía, Lucinda Marroquín, demoró nueve minutos en abrir el recinto pese a los gritos de auxilio. En el juicio que se lleva contra funcionarios estatales por esta masacre no fue señalado Nery Ramos.
En el podcast de El Experimento -capítulo 3- de No Ficción, la ex investigadora de CICIG, Giselle Rivera, afirma que los Riveritas eran una estructura vinculada a Gutiérrez y todo el grupo que ellos denominaron desde CICIG el G8 -por las familias más importantes de Guatemala-, afirmo Rivera.
El primer vicepresidente oenegero
En noviembre pasado el diario La Hora publicó un artículo en el que dieron a conocer los vínculos que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) podrían tener con diputados al Congreso de la República.
En ese momento se discutía en el Legislativo la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2024 y se negociaba incluir aportes económicos para algunas ONG.
Entre las ONG que solicitaban recursos públicos para ejecutar se encontraba la Asociación de Desarrollo Integral Hombro con Hombro (Adein) quien tenía asignado en el dictamen favorable del presupuesto un aporte de Q10 millones.
La referida nota periodística documentó que el Vocal I de Adein es Carlos Salguero Mayorga, asistente del diputado Darwin Alberto Lucas Paz de la UNE y quien actualmente fue elegido para desempeñarse como primer vicepresidente de la Junta Directiva.
Darwin Lucas fue electo por el distrito de Alta Verapaz. Previo a llegar al Congreso formó parte del Consejo Municipal de Cahabón, espacio desde el cual se vincula activamente con los proyectos hidroeléctricos de la empresa OXEC; varios sectores sociales e indígenas de esa región lo señalan de tener responsabilidad en la criminalización y prisión de Bernardo Caal Xol, uno de los principales opositores de estos megaproyectos junto al pueblo Q’eqchi’ de Cahabón.
Formó parte de la bancada de la UNE en la IX Legislatura 2020-2024 e integró la alianza oficialista o Pacto de Corruptos en el Congreso de la República.
Tercer vicepresidente y allegado a Manuel Baldizón
El diputado Nery Manfredo Rodas Méndez del partido Cabal fue elegido como tercer vicepresidente de la Junta Directiva. Ha sido ganadero y dirigente de fútbol al integrar la directiva de Malacateco.
Rodas no es nuevo en la política. En las elecciones generales de 2011 ganó una curul con el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y posteriormente se integró a la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder) una agrupación política fundada por Manuel Baldizón.
Nery y su hermano tuvieron señalamientos de corrupción desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por Q14 millones en vales, publicó Prensa Libre.
En Líder, Rodas, coordinó el área metropolitana del partido e inicialmente iba a correr como candidato a la alcaldía capitalina, sin embargo, tuvo que ceder en sus aspiraciones para que su lugar lo tomara Antonio Coro. Finalmente, el actual tercer vicepresidente de la Junta Directiva fue inscrito como candidato a concejal puesto que desempeñó de 2016 a 2020.
En las elecciones de 2019 se postuló como candidato a diputado con Prosperidad Ciudadana (PC) sin embargo no resultó electo.
El pasado de la primera secretaria de Junta Directiva
Sobre la diputada Karina Aleksandra Paz Rosales en 2019 el medio de comunicación No Ficción publicó una declaración que brindó Gustavo Alejos Jansa, hijo de Gustavo Alejos Cámbara, a fiscales del Ministerio Público (MP) por un caso de financiamiento electoral ilícito al partido UNE.
En dicha declaración, Alejos Jansa, relató cómo la hoy primera secretaria de Junta Directiva, Karina Paz fue en 2015 junto a su jefe, el empresario Mario Leal, a la droguería Colón para buscar dinero que financiara la campaña de la UNE, por recomendación de Sandra Torres. En la farmacéutica fueron recibidos por Alejos, padre y Alejos, hijo.
“Mi papá me dijo que le hiciera un cheque de caja a nombre de la empresa que dijeron que era de nombre MAARIV S. A.”, contó el hijo del exsecretario privado de Álvaro Colom durante su Presidencia (2008-2012).
No Ficción indicó que el monto total que se acordó ese día ascendió a Q500 mil. El cheque fue entregado a Mario Leal Castillo. Y el dinero sería utilizado para la campaña de la UNE, pero nunca sería reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Mi papá les cuestionó en ese momento acerca de por qué era a través de esa entidad MAARIV, ellos respondieron que estaban usando esa empresa para recibir los fondos de la campaña”, como explica Alejos Jansa en su declaración.
En 2015, Mario Leal fue proclamado como compañero de fórmula de Sandra Torres en la UNE, previo a eso, el empresario fue secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia durante la administración de Otto Pérez Molina. En ese tiempo la diputada Karina Paz se desempeñó como subsecretaria de la entidad dirigida por Leal.
Las reuniones del segundo secretario con Gustavo Alejos
El diputado de la UNE, Raúl Solórzano Quevedo, quien fue elegido como segundo secretario de la Junta Directiva es recordado por ser parte del expediente judicial conocido como Comisiones Paralelas 2020.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por Juan Francisco Sandoval documentó que el hoy legislador y directivo del Congreso negoció con el empresario Gustavo Alejos Cámbara la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las extracciones forenses que realizó la FECI a uno de los teléfonos celulares de Alejos Cámbara se pudo constatar que Raúl Solórzano se comunicaba con el empresario para hablar del proceso de elección de magistrados de la CSJ.
El pasado del tercer secretario
Una publicación realizada por elPeriódico en enero de 2023 reveló que el hoy diputado César Roberto Dávila Córdova del bloque Bienestar Nacional (Bien) y quien fue electo tercer secretario de la Junta Directiva fue en el pasado asesor del Ministerio de Agricultura cuando esta entidad fue dirigida por Mario Méndez (excandidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala con el partido Vamos) durante la administración de Jimmy Morales.
Mientras Dávila Córdova era asesor también era proveedor del Estado por medio de su empresa mercantil de nombre Constru-Servicios. De acuerdo con Guatecompras dicha empresa ha obtenido Q16.9 millones de 2010 a 2020.
En noviembre de 2017, César Dávila, fue señalado por la entonces viceministra del MAGA, María Pacheco, de presionar a la funcionaria para autorizar el pago de alimentos que no se encontraban en las bodegas de ese ministerio.
En julio de 2022, fue detenido Roberto Samuel Dávila Meza, padre del diputado, por su vinculación al caso “Asalto al Ministerio de Salud”. La CICIG señaló que Dávila Meza cometió delitos de asociación ilícita, cohecho activo, fraude y lavado de dinero.
El pasado del cuarto secretario
Juan Carlos Rivera Estévez forma parte del clan de los “Rivera”, junto a sus hermanos han integrado el Congreso de la República y su padre, Abraham Rivera Sagastume estuvo al frente de la Municipalidad de Mixco y quien, en 2023, luego de 23 años buscó regresar al cargo edil en este municipio del departamento de Guatemala.
En una publicación de La Hora en 2015, el abogado Alfonso Carrillo inicio una demanda penal en contra de 121 diputados del Congreso de la República, señalados de atentar en 2014 contra la independencia del Organismo Judicial (OJ) durante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Rivera Estévez formó parte del grupo denunciado por Carrillo.
La quinta secretaria
Sonia Gutiérrez Raguay es la única diputada electa por la coalición Winq-Urng en las elecciones generales 2023, formó parte de la IX Legislatura. Es maya Poqomam de Palín Escuintla y previo a la elección de esta junta directiva, fue propuesta por diversos sectores sociales para la presidencia del Congreso, perfilándola como la primer mujer indígena a optar a este cargo.
