El 14 de enero se producirá el esperado cambio de poder en Guatemala. El intento de impedir que el gobierno legalmente electo asumiera el poder fue evitado por protestas sociales masivas.
Por Prensa Comunitaria
El año 2023 fue desafiante y pionero para la dirección futura de todo el país. El hecho de que a la elección de Bernardo Arévalo le siguiera su toma de posesión y la sustitución de cargos políticos se vio enormemente obstaculizado: existe el llamado “pacto de corruptos” entre altos funcionarios del gobierno, en su mayoría de derechas, y personas que ocupan puestos importantes en el sector económico. Este “pacto de corruptos” había logrado ganar influencia significativa en el sistema político con excepción del poder ejecutivo en los últimos años. Todo apuntaba a que Guatemala pasaría de una democracia híbrida al autoritarismo.
Sin embargo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio pasado, la población guatemalteca votó por el partido Movimiento Semilla de Arévalo, que hasta entonces había pasado casi desapercibido, iniciando así un cambio de poder. En la segunda vuelta de las elecciones de agosto pasado, los guatemaltecos claramente eligieron a Semilla como el nuevo partido gobernante. El Pacto de los Corruptos tomó diversas medidas para impedir que el nuevo gobierno asumiera el cargo. De manera sorprendente e impresionante, autoridades, comunidades y asambleas distritales indígenas decidieron entonces salir a las calles. Las protestas masivas que siguieron paralizaron al país durante un mes. El cuasi golpe se evitó mediante un levantamiento popular sin precedentes.
Democracia desde abajo
El proceso de regresión autoritaria había logrado avances significativos en Guatemala. Además de las elecciones, la criminalización y la persecución política también moldearon el clima del país. Las campañas de terror psicológico contra grupos e individuos políticamente organizados y su persecución e intimidación legal recordaban las operaciones militares de la época de las dictaduras. La difusión de información falsa sobre el partido Semilla y las protestas masivas en las redes sociales también generaron una gran incertidumbre.
Ya en 2022, antes de que comenzara la campaña electoral, fueron detenidos el conocido periodista José Rubén Zamora, la exjefa de la Comisión Especial Contra la Impunidad (FECI) Virginia Laparra y la abogada Claudia González. El hecho de que las voces críticas fueran encarceladas antes de las elecciones presidenciales provocó una profunda indignación y expresiones de solidaridad entre la población. Sin embargo, continuó la persecución y criminalización sistemática de abogados, periodistas y activistas por parte del comité electoral estatal bajo el liderazgo de Consuelo Porras. En muy poco tiempo, al menos 45 personas huyeron al exilio y más de diez personas se enfrentaron a procesos penales.
Más allá de esto, el gobierno de Alejandro Giammattei, que apenas lleva unos días en el poder, se ha desacreditado a través de una evidente corrupción. Particularmente sorprendente: la malversación del presupuesto destinado a la vacunación contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud (MSPAS), entre 10.000 y 11.000 personas murieron a causa del virus.
La indignación y desaprobación de los guatemaltecos se mostró luego en las urnas: el partido Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera obtuvo el 58 por ciento de los votos, mientras que Sandra Torres, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y parte del pacto los corruptos fueron castigados con sólo el 36,9 por ciento de los votos.
Persistencia y cambio
Tras este resultado, el Ministerio Público inició una campaña de persecución ilegal contra Arévalo, Herrera y su partido. El repertorio tecnocrático de la burocracia intentó impedir un cambio de poder. Los procedimientos de prohibición del partido contra Semilla o la reexaminación de los resultados electorales por motivos endebles fueron sólo algunas de estas medidas. Los movimientos sociales, especialmente las comunidades indígenas, no dejaron este hecho sin respuesta y respondieron a nivel nacional con protestas pacíficas, festivas y casi lúdicas y permitieron que Semilla, traducida como semilla de esperanza, germinara. La culminación de la protesta fue el paro nacional indefinido con bloqueos a nivel nacional, que comenzó el 2 de octubre y ya dura más de 100 días al momento de escribir este artículo.
A raíz de las protestas, se instalaron tres campamentos de resistencia por parte de grupos indígenas: dos de ellos a pocas calles del Congreso de la República y otro, que aún existe, frente a la sede del Ministerio Público en el centro de la ciudad de Guatemala. Se espera que las protestas continúen hasta el 14 de enero para asegurar el retorno a la democracia y la toma de posesión de Arévalo y Herrera. También hubo llamados a la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana, por ser considerados cómplices del golpe.
Nuevo gabinete y altas expectativas
En el corto plazo, la toma de posesión del gobierno de Bernardo Arévalo es un éxito, pero el nuevo gobierno enfrenta desafíos importantes: fortalecer la democracia en un país cuyas instituciones continúan permeadas por estructuras de poder ilegales; enfrentar una burocracia corrupta e ineficiente; abordar los problemas más apremiantes de atención de salud y educación, que han sido descuidados durante décadas desde el acuerdo de paz de 1996 y están asociados con altas expectativas de la población; la creación de gobernabilidad en un aparato administrativo e instituciones políticas faccionales impuestas por intereses opuestos.
Sin embargo, prevenir un golpe de esta manera permite un proceso para restaurar la democracia dañada. Sin embargo, la lucha por el poder continúa incluso dentro de las estructuras del Estado. Por ejemplo, el Pacto de los Corruptos sigue teniendo gran influencia con su mayoría en el Congreso. Los grandes sobornos antes de la toma de posesión tenían como objetivo asegurar mayorías. Por lo tanto, los representantes del Movimiento Semilla deben comenzar su mandato sin estatus de partido y en una situación en la que el equilibrio de poder está fuertemente dividido. Puestos importantes en el sistema judicial siguen ocupados por quienes intentaron por todos los medios sabotear los resultados electorales. Al mismo tiempo, partes de la economía siguen centradas en mantener sus privilegios dentro del Estado y seguir beneficiándose de acuerdos relacionados con megaproyectos y la industria extractiva.
En el gabinete, el nuevo gobierno se ve obligado a reunir a diferentes grupos debido a la distribución de escaños. Por un lado, tecnócratas, empresarios privados, así como varios miembros fundadores del Movimiento Semilla, pero también exministros y asesores de gobiernos anteriores. Por otro lado, tiene un problema de representación porque los representantes de las protestas: indígenas, jóvenes y la comunidad LGBTIQ no están presentes o sus intereses y voces no se reflejan en ella. La mayoría de los miembros del gabinete tienen conocimientos técnicos pero poca experiencia política,
Además, Estados Unidos ya ha enviado señales claras al incluir a representantes gubernamentales en la lista de actores corruptos y antidemocráticos (Lista Engel) y amenazar con sanciones económicas. Estados Unidos ha revocado las visas de más de 100 de los 160 parlamentarios. Gracias a la presión internacional, con el apoyo de representantes de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, quienes por su parte brindaron un seguimiento constante al proceso, Arévalo podrá asumir el cargo el próximo domingo.
Los indicadores que, no obstante, enviarían una señal de cambio a corto plazo son la libertad de prensa y la libertad de expresión, los mecanismos de protección para los defensores de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Pero esto también incluye el regreso de las personas del exilio y la implementación de los derechos de las comunidades indígenas. Si el nuevo gobierno logra fortalecer la democracia en su propio país, esto también podría tener un impacto en los países centroamericanos vecinos, donde regímenes autoritarios, como los de Nicaragua o El Salvador, tienen un firme control de la política y la sociedad.
Desafíos para la sociedad civil y los pueblos indígenas
En medio de todo esto, está surgiendo un espacio: después de años de exclusión y persecución, la sociedad civil ahora tiene la oportunidad de consolidarse, expandir su organización e implementar los derechos humanos y civiles. Será crucial encontrar el equilibrio adecuado entre mantener la propia autonomía respecto del gobierno y cooperar con él.
La insatisfacción popular con los gobiernos autoritarios y corruptos ha aumentado la conciencia política, así como la creencia de que la participación y el ejercicio del derecho a protestar tienen efectos transformadores concretos. Uno de los desafíos ahora es seguir ejerciendo presión para garantizar que las demandas planteadas se implementen y que los intereses de todos los grupos sociales estén representados en el gobierno. El manejo por parte del gobierno de megaproyectos de infraestructura que amenazan el medio ambiente y las comunidades locales podría ser una prueba de fuego para esto.
Traducido por Benjamín Cortés
La nota publicada originalmente en https://www.medico.de/blog/staatsstreich-vereitelt-19335
