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El Departamento de Estado publicó un comunicado en el que señala al exministro de Energía y Minas de haber recibido sobornos por más de US $1 millón, a cambio de favorecer a empresas mineras y energéticas con licitaciones.

 Por Alexander Valdéz

El gobierno de los Estados Unidos anunció la inclusión de un nuevo exfuncionario cercano a Alejandro Giammattei, entre los sancionados con la Ley Magnitsky. Esta vez se trata del exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, a quien se le señala de haber recibido un soborno millonario.

Según el comunicado publicado por el Departamento de Estado, Pimentel Mata fue sancionado bajo dicha normativa, por su papel en actos de corrupción. El comunicado del portavoz Matthew Miller señala que: “Pimentel utilizó su posición oficial para explotar el sector minero guatemalteco mediante esquemas de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales y licencias mineras”.

Según EEUU, Pimentel habría recibido un pago ilícito para comenzar el proceso de consulta con las comunidades Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, (proyecto minero Fénix), para beneficiar a empresas privadas. El señalamiento contra el exministro indica que habría abusado de su posición al acordar los términos de referencia de una próxima licitación para favorecer a la empresa y que habría recibido US $1 millón en pagos a cambio de aceptar una oferta por un contrato de una empresa local sin experiencia en las actividades del proyecto.

Además, indican que el ganador de la licitación no sólo carecía de experiencia, sino que la oferta tenía un precio significativamente más alto que la oferta de un titular con más experiencia. También informaron que Pimentel tomó represalias contra empresas que operaban en el sector energético y minero que no le ofrecieron pagar sobornos.

“Pimentel participó en numerosos esquemas de corrupción relacionados con contratos y licencias gubernamentales. Además, se informó que Pimentel aceptó grandes pagos mensuales para facilitar la adquisición de los permisos y licencias necesarios para una empresa privada que opera en el sector energético y minero de Guatemala.  En otro caso, Pimentel habría recibido un gran pago ilícito para iniciar el proceso de consulta con las comunidades locales en El Estor, Izabal, Guatemala, en beneficio de entidades privadas. Por otra parte, habría solicitado grandes sobornos de más de 1 millón de dólares a grupos de la industria minera en Guatemala a cambio de licencias mineras”, indica el comunicado.

Alberto Pimentel ocupó el cargo en enero de 2020 y renunció en julio de 2023. Fue uno de los funcionarios cercanos al presidente Giammattei que estuvo casi toda su gestión en el Ejecutivo.

¿Qué significa esa sanción?

 A una sanción con la Ley Magnitsky se le conoce como una “muerte financiera”, debido a que ninguna entidad de EE.UU., incluso bancos o compañías emisoras de tarjetas de crédito, pueden hacer negocios con las personas sancionadas o sus empresas.

Asimismo, las instituciones financieras estadounidenses no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. En Guatemala, prácticamente todos los bancos e instituciones financieras tienen transacciones con sus pares en EE. UU.

El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) indicó que todas las propiedades e intereses de los sancionados que se encuentran en EE. UU., o bien sea que estén en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueadas.

También se bloquea cualquier entidad que sea de su propiedad, directa o indirectamente, o si es propietario del 50 por ciento o más.

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 El pasado 1 de diciembre, esa misma sanción le fue aplicada a Luis Miguel Martínez Morales, el exdirector del Centro de Gobierno, quien fue el funcionario más cercano a Alejandro Giammattei, por su papel en la corrupción en Guatemala.

La OFAC lo señaló de participar en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales.  “En 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un controvertido pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco”, indicó.

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Esta misma sanción se ha impuesto contra empresarios y políticos guatemaltecos como Gustavo Alejos, acusado en varios casos de corrupción; y Allan Rodríguez, diputado y expresidente del Congreso, vinculado al oficialismo.

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