El Departamento del Tesoro en Washington informó este 18 de noviembre que ha aplicado sanciones contempladas en la llamada Ley Magnitsky a la Compañía Guatemalteca de Níquel, Mayaníquel y Pronico, al ciudadano ruso Dimitri Kudryakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, ejecutivos de Solway, la compañía ruso-suiza que explota, con las empresas guatemaltecas sancionadas, la mina de níquel del proyecto minero Fénix en El Estor, Izabal.
Por Héctor Silva Ávalos
El Tesoro estadounidense no se queda corto en palabras: sanciona a Kudryakov y a Litviniuk, los ejecutivos de Solway, por dirigir “múltiples esquemas de sobornos durante años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos…” y “llevar a cabo actos corruptos en apoyo a los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.
El ruso, la bielorrusa y las tres compañías guatemaltecas subsidiarias o socias de Solway en El Estor y Puerto Barrios han sido sancionadas por “esquemas de corrupción… de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, que se basa e implementar a partir de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos” y, según un comunicado del Departamento del Tesoro, “se enfoca en los perpetradores de abusos graves en todo el mundo”.
Las implicaciones comerciales y financieras de estas sanciones son profundas. De conformidad con la ley estadounidense, el gobierno federal puede ahora congelar y bloquear “todas las propiedades de las personas descritas”, ya sean los que se encuentren en Estados Unidos o “cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto… de una o más personas bloqueadas”. Además, salvo algunas excepciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de ejecutar la Ley Magnitsky, prohíbe las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.
Lo último, en esencia, significa que cualquier empresa que haga negocios con los mineros rusos de Solway y sus filiales y socias guatemaltecas sancionadas podrían también ser sancionadas por Estados Unidos.
“La consecuencia sería la afectación económica a los sancionados. Entiendo que la mayoría de clientes en Europa tienen negocios en Estados Unidos”, considera Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, a quien el gobierno de Giammattei, a través de la actual fiscal general, Consuelo Porras, orilló al exilio. En 2021, la FECI de Sandoval inició una investigación criminal en la que un testigo aseguró que Mayaníquel, una de las empresas sancionadas, había entregado un soborno millonario a Giammattei en la Ciudad de Guatemala.
Solway es la compañía basada en Suiza, y alimentada por capitales de oligarcas rusos, a la que el Estado de Guatemala otorgó, de forma ilegal, la concesión para explotar el Proyecto Minero Fénix, una mina de níquel en El Estor, Izabal. Durante años, con la tolerancia de los gobiernos de Jimmy Morales primero y de Alejandro Giammattei después, la mina operó a pesar de que una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) le prohibió hacerlo por no cumplir con requisitos ambientales ni de consulta a las comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ que vive en la zona explotada.
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Durante meses, la mina de Solway ha funcionado a pesar de la resolución de la CC que le prohibía hacerlo gracias a la complicidad de Giammattei, cuyo gobierno reprimió con dureza a líderes Q’eqchi’ que protestaron contra la mina en 2021.
Los nombres de los rusos Kudryakov y la bielorrusa Litviniuk aparecen en decenas de correos internos de Solway en los que ambos ejecutivos eran informados de actividades ilegales ejecutadas por la mina en El Estor, e incluso en algunos en que ellos solicitaban acciones relacionadas a un esquema de ocultación de evidencia de contaminación ambiental del vecino Lago de Izabal, de seguimientos y acoso a líderes comunitarios opuestos a la mina y de periodistas críticos, o de dádivas entregadas a funcionarios públicas, estas últimas a las que hace referencia el Departamento del Tesoro en las sanciones dadas a conocer el 18 de noviembre.
Cuando investigaciones periodísticas, entre ellas varias publicadas por Prensa Comunitaria, revelaron los abusos de la mina rusa y sus relaciones con las empresas que hoy son sancionadas, estas alegaron, entre otras cosas, que eran compañías independientes. Sin embargo, el Departamento del Tesoro da por sentado que todas tienen un hilo en común, el ruso Kudryakov. Las tres empresas guatemaltecas designadas por OFAC, dice el comunicado, “son propiedad o están bajo el control directo o indirecto de Kudryakov”.
Un golpe a Giammattei
La sombra de la actividad minera del Proyecto Fénix en El Estor ha perseguido al presidente Alejandro Giammattei de forma pública desde que la atención de la opinión pública guatemalteca dejó de concentrarse en la pandemia de COVID-19 a inicios de 2021.
El 23 de junio de aquel año, la FECI de Sandoval entrevistó a un testigo que presentó evidencias de que un grupo de extranjeros, varios rusos y un kazajo-israelí, relacionados con Mayaníquel habían llegado en abril a la Ciudad de Guatemala, donde los recibió, entre otros, Antonio Malouf, entonces ministro de Economía del gobierno Giammattei. Durante ese viaje, según este testigo, los extranjeros entregaron un soborno millonario al presidente en su casa de la zona 15 de la capital.
Sandoval abrió un expediente y arrancó una investigación que llegaba, como ninguna antes desde que inició su periodo, muy cerca del presidente. Pero la fiscal general Porras, a quien Giammattei había reelegido, se encargó de cerrar el expediente y de iniciar una persecución penal contra Sandoval que lo llevó al exilio en junio de 2021. En la actualidad, el Ministerio Público de Porras mantiene activos 100 expedientes y cuatro órdenes de captura contra el exjefe de FECI.
Hoy, desde Washington, Juan Francisco Sandoval entiende que las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro validan aquella investigación que él inició. “Dan credibilidad a hechos que estaba documentando en Guatemala previo a mi salida. Consuelo Porras en lugar de apoyar la pesquisa, me destituyó y dos meses después emitió orden de captura en mi contra por esa investigación”, dijo el exfiscal a Prensa Comunitaria.
El comunicado del Departamento de Estado no menciona a ningún funcionario guatemalteco, pero sí arremete, en general, contra los “corruptos” relacionados con los mineros. “Apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”, aseguró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, y añadió: “Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco”.
Un funcionario estadounidense familiarizado con los procesos sancionatorios de OFAC, quien habló con Prensa Comunitaria desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, dijo: “El señor Giammattei tendría que leer con mucha atención estas sanciones. Su nombre no está ahí, pero el mensaje parece bastante claro”.
Las sanciones del Tesoro llegan la misma semana en que un grupo de congresistas demócratas pidió a la administración del presidente Biden ser más contundente contra la cleptocracia en Guatemala, y poco después de que un informe interno del gobierno rebelara negligencia de Pentágono y del Departamento de Estado para investigar el mal uso de equipo militar donado por Estados Unidos que el gobierno guatemalteco utilizó para intimidar y reprimir a la CICIG, a la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala y a los Q’eqchi’ que se opusieron a la mina de níquel en El Estor.
