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Créditos: Unión Europea (UE)
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

La carta expone que el Ministerio Público de Consuelo Porras ha presentado cargos penales espurios contra periodistas, fiscales y jueces independientes, quienes han investigado y expuesto la corrupción, las violaciones de derechos humanos y el abuso de poder.

Por Elías Oxom

La organización defensora y promotora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) solicitó la semana pasada a la Unión Europea (UE) imponer sanciones contra Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana y Cinthia Monterroso.

Los directores de la organización expusieron mediante una carta a la Unión Europea los acontecimientos del último año, los actos de corrupción generalizada y el ataque al voto de las elecciones 2023 en las que el ganador fue Bernardo Arévalo y Karin Herrera del partido Movimiento Semilla.

Conoce más detalles de la carta acá: https://shorturl.at/tMNX0

La carta expone que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras ha presentado cargos penales espurios contra periodistas, fiscales y jueces independientes, quienes han investigado y expuesto la corrupción, las violaciones de derechos humanos y el abuso de poder.

Tal es el caso de varios periodistas que han enfrentado investigaciones penales por motivos políticos, como el caso de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico de Guatemala, quien se encuentra en prisión desde julio de 2022.

Caso USAC

En la carta también destacaron la criminalización a activistas, estudiantes, académicos y defensores de derechos humanos quienes participaron en la resistencia que rechazó la imposición del rector de facto Walter Mazariegos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Instaron a la UE y a sus Estados miembros a imponer sanciones específicas, incluida la congelación de activos y la prohibición de viajar, contra altos funcionarios gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos principalmente Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana, Cinthia Monterroso.

“El voto de los guatemaltecos debe ser respetado”, indicó Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch en las Américas, en su cuenta de X.

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