La FECI renunció a la apelación que presentó contra exministros acusados de beneficiarse con sobornos millonarios durante el gobierno del extinto Partido Patriota (PP). Es decir, el fallo que los desliga del proceso quedaría firme, ante la inacción fiscal. Entre los beneficiados del cierre del caso están Mauricio López Bonilla, Alejandro Sinibaldi, Manuel López Ambrosio, Ulises Anzueto y Juan de Dios Rodríguez.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) renunció a la apelación que presentó contra la resolución de la jueza de mayor riesgo “B”, Eva Recinos, quien cerró la investigación denominada Cooptación del Estado a favor de 19 acusados, entre exministros, políticos y empresarios acusados de beneficiarse con más de Q900 millones en sobornos.
Una fuente cerca al expediente, indicó que el Ministerio Público (MP) había presentado una apelación contra la resolución de la togada, sin embargo, desistió de la misma en relación a los exministros Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, y Ulises Noé Anzueto. Así como en los casos de Juan de Dios Rodríguez y Adolfo Peña.
El haber renunciado a la apelación implica que las resoluciones en los casos de los cuatro exministros del desaparecido Partido Patriota (PP) y las otras dos personas, puedan quedar firmes. Es decir, no enfrentarían juicio por esa acusación de corrupción.
A Sinibaldi, López Bonilla, López Ambrosio, y Anzueto, se les acusó de los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero. Sin embargo, durante la audiencia de apertura a juicio, la jueza consideró que la fiscalía no logró sustentar los hechos imputados contra los exfuncionarios.
Para los exministros de Comunicaciones y Gobernación, significará un proceso menos del que son librados en los tribunales de justicia. Al cierre de esta nota, el Departamento de Prensa del MP no respondió a la consulta sobre dicha decisión fiscal.
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Otro caso en impunidad
El 3 de noviembre, el juzgado determinó que solo 4 de 23 personas que figuraban en la acusación debían enfrentar juicio por diferentes delitos. Durante su resolución, la jueza Recinos, quien asumió el control del expediente tras la salida de Miguel Ángel Gálvez, consideró que no se acreditó, con ningún medio de prueba, la comisión de los hechos investigados por la FECI y CICIG.
Previo a dar a conocer el fallo, la juzgadora aceptó un recurso planteado por Ayuso y dejó fuera del expediente los medios de investigación aportados por la desaparecida CICIG. Recinos dijo que no tenían la facultad para realizar dichas pesquisas y que solo le competen al Ministerio Público (MP).
“En este caso, quien juzga considera que se han violentado derechos de los acusados, en virtud que el MP aceptó que un ente externo (CICIG) supliera las funciones de investigación, que únicamente le compete al MP como ente acusador. Es el único ente encargado de la persecución penal…”, dijo la jueza.
900 millones en sobornos
En el año 2016, la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron que la organización integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos.
Entre las evidencias de la CICIG y la FECI había declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
Este proceso fue develado casi un año después de La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.
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