Es la primera mujer en recibir este reconocimiento desde 2012, cuando la OCCRP comenzó a entregarlo
Por Rony Ríos
En el artículo que describe los motivos por los que el Proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado (OCCRP) otorgó este galardón a la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, hacen una comparación entre la fiscal general y los líderes nazis.
“Nuestra Persona Corrupta del Año 2023 no es una dictadora dominante: es una, de los muchos burócratas secos que ayudan a descarrilar la democracia. Un paso al frente María Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala y protectora de la élite política”, anunció el Proyecto la distinción para la fiscal general.
“Porras ha actuado como un instrumento eficaz utilizado por el gobierno para destripar el Estado de derecho. Ha supervisado los esfuerzos para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el cargo, incluida la suspensión de su partido político y el allanamiento de la comisión electoral”, dice el OCCRP.
Además, el Proyecto indicó que Porras y sus aliados en el gobierno han sumido al país en una crisis política, con manifestantes saliendo a las calles y tomando carreteras.
Acciones contra la democracia
Porras ha sido señalada nacional e internacionalmente como la responsable de emprender acciones antidemocráticas en el país, comenzando por solicitar la suspensión del partido Semilla, después de que la agrupación política avanzara a la segunda vuelta electoral.
Porras designó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FEC), Rafael Curruchiche, como el responsable de la investigación de una firma falsa en el proceso de formación del partido político, pero a partir de estas pesquisas el MP continuó una serie de acciones que puso en riesgo la alternancia del poder.
Tras lograr la suspensión del partido, el MP solicitó retirar la inmunidad a varios fundadores del partido, consiguió que se giraran órdenes de aprehensión contra las excandidatas a diputadas de Semilla, Cinthya Rojas y Marcela Blanco.
Además, la FECI allanó en reiteradas ocasiones la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Parque de la Industria, en donde estaban resguardadas las papeletas electorales. En uno de los allanamientos los fiscales destaparon las cajas y comenzaron a contar los votos.
En el último operativo en el TSE los fiscales secuestraron las actas con los resultados y a partir de esto la FECI indicó que los resultados electorales debían ser declarados nulos, llegando incluso a solicitar a los magistrados que declaran nulos los resultados que ya fueron oficializados anteriormente y que resultaron en la entrega de credenciales a los candidatos electos.
Otra de las acciones emprendidas por Porras fue la solicitud del retiro de inmunidad de magistrados del TSE y lo cual fue señalado como intento de los políticos corruptos por nombrar aliados para anular los resultados, pero que solo quedó en un intento del rompimiento democrático que no se llegó a concretar.
Justificación del OCCRP
El Proyecto realizó un resumen de las acciones emprendidas por Porras y la institución que dirige para justificar los motivos que llevaron a los jueces de OCCRP a reconocer a la fiscal general como la persona corrupta del año. A continuación, un extracto de lo publicado por OCCRP.
“Porras está protegiendo lo que en Guatemala se ha llamado ‘el pacto de los corruptos’, que involucra a empresarios corruptos, políticos corruptos, miembros del crimen organizado y generales retirados”, dijo María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y uno de los jueces de la Persona del Año de OCCRP.
“Ha perseguido brutalmente a fiscales, periodistas y activistas honestos, persiguiéndolos hasta el exilio y privando al público de estos controles cruciales sobre la autoridad”, sentenció Ronderos.
Porras ha sido acusada de responder a intereses políticos, negarse a investigar y procesar casos de corrupción de alto nivel, obstruir la justicia y nombrar personas por su posición política en lugar de su competencia o independencia. Ha supervisado una purga masiva de funcionarios prodemocracia. Se registran las casas de funcionarios gubernamentales anteriores y actuales, se encarcela a individuos y se obliga a otros a huir del país antes de ser arrestados.
Las acciones tomadas por Porras y sus aliados en el gobierno han retrasado gravemente el progreso democrático en un país gobernado durante décadas por una junta militar, que llevó a cabo una guerra en la que murieron más de 200 mil personas. Bajo el régimen militar, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia y la corrupción masiva se convirtieron en la norma.
En 2006, las Naciones Unidas establecieron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tenía la tarea de investigar “grupos criminales que se cree se habían infiltrado en instituciones estatales” y supervisó el procesamiento de algunos de los peores delincuentes del país. Ese trabajo se detuvo después de la elección de Jimmy Morales como presidente en 2015. Su administración atacó a la CICIG y finalmente la cerró en 2019. Porras, quien fue nombrada fiscal general en 2018, jugó un papel clave en el derrocamiento de la CICIG.
La misión de Porras ha sido garantizar que el liderazgo corrupto de Guatemala permanezca en el poder. El gobierno de Estados Unidos sancionó a Porras en 2022, diciendo que había “obstruido y socavado repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar un favor político indebido”. La Unión Europea también está considerando sanciones a quienes intenten revertir el voto de los guatemaltecos.
“Reconocemos a Porras y a todos sus compañeros en la clase de burócratas corruptos que habilitan a los nuevos autócratas con nuestro premio 2023. Porras también tiene la distinción de ser la primera mujer en recibir el premio desde que OCCRP inició el concurso en 2012”, recalcó el Proyecto.
