Tres comunidades de Olopa entregaron un memorial en el que solicitan al alcalde y a su Concejo Municipal, aclarar las inconsistencias en el proyecto de mejoramiento de agua potable como un pago que se encuentra en el contrato, pero que nunca llegó a las manos de quienes trabajaron los jornales.
Por Norma Sancir y Narciso Marcos
La población maya Ch’orti’ de Olopa, Chiquimula, denunció varias anomalías en el proyecto de mejoramiento de agua potable para las comunidades de Tituque Abajo, La Prensa y Cerrón. Aseguran que los propios comunitarios se han organizado para pagar el terreno en el que se encuentra la vertiente de agua, el derecho de paso para las tuberías y la mano de obra, sin embargo el pago que prometió la constructora no se realizó.
Con una caminata y con pancartas en mano, la población de Olopa entregó un memorial para solicitarle al alcalde y a su Concejo Municipal que aclare las inconsistencias en el proyecto.
La autoridad del Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa, Francisco Zacarías, dio lectura al memorial en el cual se solicita que se ofrezca una explicación sobre los trabajos de mano de obra no pagados y asignados en contratos, estado legal de tierras, traslado del proyecto de mejoramiento de agua a las comunidades.
En la reunión que sostuvieron con el alcalde de Olopa, Jorge Lemus Espinoza, insistieron en aclarar estas inconsistencias. Un vecino de Tituque Abajo, explicó que para el mejoramiento del proyecto se organizaron y cada familia pagó el monto de Q225 para comprar su vertiente. Además, la empresa B&R Constructores les ofreció pagar 22 jornales con un costo de Q80 por cada uno, pero los pagos no se realizaron.
Jornales reportados y sin pagar
Según Zacarías, con el apoyo de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (REDNAC-TP) pudieron acceder al contrato 33-2022, del proyecto de construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Tituque Abajo, donde realizaron una auditoría e identificaron varias inconsistencias. Una de ellas fue en los rubros, donde existe un pago de jornal a los vecinos que serían beneficiados por el proyecto por el monto de Q458 mil aproximadamente, no obstante, no se les pagó.
Por aparte, Hilaria García vecina de Tituque, expresó que ella es madre soltera e hizo el esfuerzo de pagar su cuota y trabajar para tener su agua potable. Sin embargo, ahora le están pidiendo su Documento Personal de Identificación (DPI), documentos de acreditación de derechos de posesión, boleto de ornato y el Número de Identificación Tributaria (NIT) y un cobro mensual, por esa razón pidió que el proyecto lo administre la comunidad.
Comunidad sí puede administrar el proyecto
El juez de Asuntos Municipales explicó que la solicitud de los documentos solicitados (DPI y escritura pública) es para la conexión domiciliar que debe ingresar al Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). Y manifestó que, para que la comunidad pueda ser administradora del proyecto de agua debe cumplir con un trámite, de acuerdo con el reglamento establecido.
Luis Compá de REDNAC-TP, indicó que no es posible hacer la modificación, ya que como lo detalla los gastos del proyecto así se deben de ejecutar. “En materia de proyectos de agua y energía eléctrica, es una nueva modalidad de esclavitud que están usando las empresas que les son asignadas las obras”, agregó.
“Se llevó a cabo un proyecto donde nos decían que iba hacer comunitario, compramos el terreno donde está el nacimiento de agua, se iniciaron los trabajos. Se pagaron los permisos de pasos de servidumbre a propietarios de los terrenos donde pasa el sistema de tubería del agua, ahora lo hicieron municipal y quieren quitarnos el proyecto del agua”, declaró Pascuala Alonzo Ramírez, una de las asistentes a la reunión que duró aproximadamente tres horas.
Otros de los puntos del memorial, es que las autoridades indígenas solicitaron copia de documentos legales sobre el terreno donde se ubica los tanques y la fuente de agua, además pidieron que la municipalidad investigue porque los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) intimidan a los vecinos con quitarles el agua y denunciarlos en el Ministerio Publico (MP) e información de los trabajos, gastos y beneficios de los proyectos.
Al finalizar la reunión el alcalde y el Concejo Municipal se comprometieron a entregar los documentos solicitados en 30 días hábiles como lo manda la ley de acceso a información.
