Créditos: Emmanuel Andrés
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A pesar de la débil acusación de la fiscalía el juez Víctor Cruz señalado en la lista Engel como un actor que promueve la impunidad con sus resoluciones decidió que si deben de enfrentar un proceso penal por usurpación y depredación del patrimonio cultural. El juez consideró que el Ministerio Público no pudo sustentar que existan indicios que los seis sindicados estuvieran organizados conformando una asociación ilícita o que posiblemente cometieron actos sediciosos.

Por Rony Ríos

Con una breve argumentación y a las 3 de la mañana del 25 de noviembre, el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, dijo que el Ministerio Público (MP) no pudo acreditar que ninguno de los seis sindicados cometiera los delitos de asociación ilícita o sedición. 

Sin embargo, Cruz consideró que era necesario procesar a los sindicados por los delitos de depredación cultural y usurpación de las instalaciones del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pese a que todos los abogados defensores expusieron que para que exista usurpación era necesario que demostrara la prolongación de tiempo y el MP solamente presentó indicios de su presencia en la universidad un día.

Cruz dijo en reiteradas ocasiones que ligar a proceso penal no significaba que se les declarara culpables y que esta resolución podía revocarse de oficio o a petición del MP o los sindicados.

Además, Cruz señaló que en el proceso de investigación el MP tiene que ser “objetivo” y establecer si la presencia de los sindicados en la Universidad de San Carlos (USAC) correspondía al giro normal de sus actividades laborales, como expresaron los abogados de al menos tres personas.

Por su parte, el MP pidió que la excandidata del partido Movimiento Semilla Marcela Blanco, al físico Javier de León, al sindicalista Jorge Macario, al decano de Veterinaria Rodolfo Chang y a los catedráticos Eduardo Velásquez y Alfredo Beber queden bajo prisión preventiva, afirmando que existe la posibilidad de que se puedan dar a la fuga.

El fiscal Ángel Saúl Sánchez, de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, durante la audiencia acusó a una periodistas, señaló que las publicaciones de Michelle Mendoza y las visitas de políticos a la prisión de Mariscal Zavala, demostraban las intenciones de querer interferir en la investigación y que por ello era necesario que permanecieran en prisión.

En tanto que, Guillermo Alfredo Escobar, delegado por el rector de facto Walter Mazariegos, como representante de la USAC se adhirió a la solicitud de Sánchez para que los seis queden en prisión. La defensa de los seis detenidos rechazaron que Escobar fuera acreditado como representante de Mazariegos pues no existe ninguna elección legal que lo acredite como Rector. 

Por su parte los abogados de Blanco, de León, Macario, Chang, Velásquez y Beber presentaron cartas de recomendación, recibos de servicios que acreditan su lugar de residencia, copias de los antecedentes penales y policiacos para acreditar que son merecedores de una medida sustitutiva.

Tras finalizar la audiencia a las 3 de la madrugada, fueron trasladados esposados y en el interior y palangana de un picop del Sistema Penitenciario rumbo a las instalaciones militares de la Brigada Mariscal Zavala en la zona 17 de la ciudad de Guatemala. 

Reacciones de apoyo para los presos políticos en el Caso USAC

En la palangana de un picop fueron trasladados Javier de León y Macario del STUSC. Foto Emmanuel Andrés

El juez Cruz autorizó a la fiscalía el emitir 27 órdenes de detención de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios por su oposición al fraude en la elección a Rector de la USAC en abril y mayo de 2022, oposición que continúa actualmente. 

Varios dirigentes universitarios condenaron la persecución política de quienes están defendiendo la autonomía universitaria y rechazan el fraude con el que pretenden beneficiar a Walter Mazariegos Biolis, también consideran que estas acciones son respuestas de la alianza oficialista con la Usac que promueven el golpe de Estado.  

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