El caso Comisiones Paralelas 2014 es la primera fase de un proceso que evidenció como una presunta red criminal operó internamente en el Organismo Legislativo y Judicial, para influir en la elección de las altas Cortes de justicia del país, mismas que han continuado en sus cargos por nueve años.
Por Alexander Valdéz
Hace un mes, el abogado Eddy Orellana enfrentaba un juicio junto a su colega Roberto López Villatoro conocido como “El Rey del Tenis” y la hermana de este último, Clara Guadalupe, por su vinculación en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2014.
Los tres fueron absueltos de cargos por el Tribunal de Mayor Riesgo “E”. A raíz del fallo, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) autorizó que Orellana retomara su puesto como magistrado de Sala de Apelaciones en el Organismo Judicial (OJ). Dicho organismo confirmó que regreso a sus actividades laborales, el pasado 9 de noviembre.
Hasta antes de enfrentar el proceso penal, por su presunta vinculación en las irregularidades de la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, el magistrado integraba la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.
Orellana ocupará el cargo hasta el próximo 15 de diciembre, que fue la fecha impuesta por la Corte de Constitucionalidad (CC) al Congreso de la República para elegir a los sustitutos de las Cortes, que han permanecido por nueve años en los cargos.
Posibles actos de corrupción quedaron impunes
Las investigaciones revelaron una estrategia impulsada por López Villatoro para intervenir en el nombramiento de las más altas autoridades del Poder Judicial, mediante la creación de una estructura paralela a las Comisiones de Postulaciones para la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.
Según el MP, lo anterior fue llevado a cabo en complicidad con varios legisladores y comisionados que integraron las Comisiones de Postulación, en 2014. “Se estableció que López Villatoro llevó a cabo una estrategia para acercar intereses públicos y privados e influir sobre algunos de los comisionados. Para ello convocó y financió reuniones en fechas claves fuera del espacio de transparencia que establece la Ley de Comisiones de Postulación, con integrantes de las mismas para tratar el proceso de elección de magistrados y de esta manera influir en la decisión de los comisionados”, indica la investigación.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) recibió una denuncia sobre algunos pagos provenientes del abogado para un apartamento otorgado al magistrado Orellana Donis, en la zona 14 de la ciudad capital. En la investigación, la FECI estableció que las fechas de los pagos al inmueble coincidían con el desarrollo del trabajo de las Comisiones de Postulación de 2014.
En el caso de Clara López Villatoro, era representante de una de las empresas de su hermano de donde salió uno de los cheques para el pago del apartamento entregado al magistrado Orellana Donis por influir en la elección.
En ese mismo tema surgieron otras investigaciones. En 2020, la FECI presentó el caso Comisiones Paralelas, que tiene relación con la última elección de cortes y en las que también se detectaron irregularidades. El caso continúa en la impunidad.
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La CC ordenó relevar a magistrados en dudoso fallo
La máxima corte del país ordenó al Congreso de la República, que antes del 15 de diciembre de 2023, elija a quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones para completar el periodo que concluye en octubre de 2024.
La CC resolvió de oficio la ejecución de un amparo otorgado al MP, en 2020, en el que ordenaba incluir en la agenda legislativa la elección de la nueva magistratura de la CSJ. La nueva Corte tendría un periodo efectivo de 10 meses, ya que los actuales magistrados debieron dejar el cargo en octubre de 2020, pero al no estar electos sus sustitutos, la CC les facultó para continuar.
