Las empresas adjudicadas no habían recibido contratos por estos montos desde que empezaron a proveer al Estado, una de ellas tiene como principales clientes a varias municipalidades del oriente del país.
Por Carlos Estrada
A menos de sesenta días de que termine el gobierno de Alejandro Giammattei, el ministro de Comunicaciones Javier Maldonado Quiñonez adjudicó dos contratos millonarios que suman Q1 mil 722 millones 266 mil 872.40 (unos USD220.2 millones) dejando al gobierno de Bernardo Arévalo esos proyectos como parte de la deuda de arrastre.
La deuda de arrastre se refiere al impago a contratistas del Estado por proyectos ejecutados durante un periodo, pagos que no han sido realizados en algunos casos a pesar del avance de la obra.
Sin embargo, en el caso de los proyectos recientemente adjudicados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) son compromisos adquiridos por la administración de Giammattei y que el próximo Gobierno deberá de asumir, a pesar de no haber realizado los procesos de licitación y de no estar contemplado en su plan de Gobierno. La firma de los contratos podría llevar unas semanas más, por lo que el primer desembolso del proyecto se tendría que realizar el próximo año como parte de la deuda que deja el gobierno saliente.
Uno de los contratos adjudicados busca la ampliación de la carretera CA-1 oriente en su fase 1, entre El Obrajuelo, Villa Canales y Guatemala. Este tramo que es parte del anillo regional, y fue adjudicado a la empresa individual de Rudy Israel Cienfuegos Cordón, un constructor originario de Chiquimula que ha trabajado principalmente con las municipalidades del oriente del país.
Cienfuegos no había recibido adjudicaciones mayores a Q70 millones desde 2005, año en el que comenzó a proveer al Estado. Su mayor contrato fue en 2022 cuando el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) le entregó la construcción de redes y líneas de transmisión por un monto de Q68.8 millones.
El INDE ha sido cuestionado por la opacidad de las adjudicaciones y los negocios que su actual presidente Melvin Ernesto Quijivix Vega ha hecho.
Quijivix fue incluido en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado, de Estados Unidos, que lo señala de haber adjudicado contratos a empresas de su propiedad. Hasta el momento el Ministerio Público (MP) de Guatemala no ha iniciado investigaciones sobre las supuestas anomalías en las que habría incurrido el funcionario.
El principal directivo del INDE es una persona cercana a Luis Miguel Martínez Morales y perteneció al extinto Centro de Gobierno, una entidad creada por Giammattei para Martínez.
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Q853 millones para otra ampliación
La otra adjudicación fue para la fase 2 de la ampliación a cuatro carriles de la ruta RD-GUA-09 también parte del anillo regional, el cual fue entregado a la empresa Tracser, representada por Heli Daniel Cuque Silvestre quien ha recibido adjudicaciones de forma individual de baja cuantía, entre otras para la habilitación de escuelas.
El proyecto es por Q853 millones 810 mil 600 (Unos USD109,1 millones) y deberá ejecutarse en 24 meses según las bases publicadas en el portal electrónico de Guatecompras.
La empresa adjudicada empezó a trabajar para el Estado en 2014 y hasta antes de recibir el contrato por más de Q853 millones, había recibido adjudicaciones por un total de Q273 millones.
El más grande de los contratos recibidos fue en 2021 para el mejoramiento de la ruta QUI-13 entre Santabal y San Bartolomé Jocotenango por Q114 millones 750 mil
Deuda de arrastre para Arévalo
El proceso para la firma del contrato e inicios de ejecución del proyecto podría tardar varias semanas más debido a los trámites administrativos y burocráticos, por lo que el primer desembolso y el pago del total de la obra quedarán como deuda de arrastre para el gobierno de Bernardo Arévalo, que no podrá priorizar el uso de esos recursos, según su plan de Gobierno.
Prensa Comunitaria contactó al diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez y al encargado de la transición en el Ministerio de Comunicaciones por parte del nuevo Gobierno, el diputado electo José Carlos Sanabria, para conocer las acciones tomarían respecto a estos contratos y a la deuda de arrastre que dejará el actual Gobierno, sin embargo, ninguno de los dos respondió a las solicitudes de entrevista hechas.
Hasta el momento, en las reuniones de transición entre el actual Gobierno y el de Arévalo, no se ha hecho público a cuánto asciende la deuda de arrastre en los distintos ministerios.
Los diputados de la agrupación Vos son los único que han abordado el tema. Solo en el caso del Ministerio de Comunicaciones explicaron que la Comisión de Finanzas del Congreso reservó Q2.5 millardos para el pago de deuda de arrastre.
